Sobre la propuesta de regulación de los lobbies

El 25 de mayo se aprobó la tramitación de una propuesta de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, orientada a regular las relaciones entre los parlamentarios y los grupos de interés (lobbies). Entre las medidas propuestas, destacan la creación de un Registro de Transparencia del Congreso, así como de un código ético del lobista o la publicación de informes de “huella legislativa”.

A nivel nacional la situación del lobby carece de una regulación específica, algo que, junto a la multitud de casos de corrupción y “puertas giratorias” que han salido a la luz en los últimos años y que involucran a entidades públicas y corporaciones privadas, ha provocado que la propia palabra “lobby” tenga una connotación negativa, llegando a asimilarlo con el tráfico de influencias. El Informe sobre Prevención de la corrupción respecto de parlamentarios, jueces y fiscales en España del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), publicado en junio de 2019, consideró parcialmente cumplida la recomendación de aprobar “normas sobre cómo los miembros del Parlamento se relacionan con los representantes de los grupos de interés y otros terceros que tratan de influir en el proceso legislativo”. Dicho Informe concluye que “el lobby sigue estando en el centro del trabajo legislativo parlamentario, pero sin producir resultados concretos”.

En el Observatorio RSC acogemos con expectativas positivas la propuesta de reforma presentada recientemente. Al margen de los aspectos considerados inicialmente en la propuesta, sería importante incluir otros como la información sobre las empresas en las que los parlamentarios tienen acciones o participaciones, los regalos, viajes o gastos especiales, los tipos de interés que pagan por sus hipotecas y sus ingresos por actividades complementarias, como dietas y compensaciones. Del mismo modo, consideramos que dicha reforma debe tener su reflejo en el ámbito corporativo y de representación de intereses.

El informe anual del Observatorio RSC “La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del Ibex 35”, en su capítulo de Buen Gobierno, analiza diversos aspectos relacionados con la gestión de lobby. En 2019 esta dimensión alcanzó una puntuación de apenas 18,29 puntos sobre 100, un resultado similar al registrado en anteriores ejercicios y que viene a confirmar que este es un aspecto sobre el que existe un bajo nivel de transparencia en las empresas analizadas.

En un contexto de incertidumbre legislativa, toma especial relevancia la necesidad de una autorregulación a nivel corporativo. Aunque ciertas empresas se comprometen a ejercer su influencia en la esfera de decisión pública de manera íntegra y transparente, solamente una, Amadeus, menciona la existencia de una política de lobby, si bien no se ha encontrado constancia de la misma como documento público. La mayoría de las empresas analizadas (29) informan de todos o algunos de las organizaciones que representan sus intereses en la esfera pública, pero esta información suele reducirse a meros listados o datos generales sobre el volumen de aportaciones.

La mayor parte de las empresas del IBEX 35 (26 de 35) se encontraban inscritas en el Registro de Transparencia de la UE, pero solamente 3 (Telefónica, Cellnex y Red Eléctrica) constaban en el Registro de la CNMC. Por lo general, la información sobre la actividad de lobby recogida en dichos registros es muy escasa.

Si tomamos en cuenta la documentación anual, solamente 7 empresas del IBEX 35 detallan la actividad de lobby que llevaron a cabo a lo largo del ejercicio 2019: Acciona, Amadeus, Caixabank, Enagás, Endesa, IAG y Mediaset. Todas ellas mencionan haber realizado funciones de lobby en materias de desarrollo regulatorio o políticas públicas relacionadas con su ámbito de actividad, relacionándose para ello con diversos tipos de instituciones (autonómicas, nacionales, europeas e internacionales). 5 de ellas mencionan iniciativas legislativas concretas: Acciona, Caixabank, Mediaset, Endesa, IAG; y solamente una, Acciona, menciona reuniones concretas en el contexto de su función de lobby. Las empresas restantes se limitan a afirmar que mantienen reuniones con diversas administraciones públicas en el marco de sus procesos de diálogo con los grupos de interés, sin especificar la temática o contexto en el que se producen estas reuniones.

De acuerdo con los datos presentados, desde el Observatorio RSC consideramos que la propuesta reforma del Reglamento del Congreso es una oportunidad para mejorar los niveles de transparencia respecto a la actividad de lobby en España, pudiendo constituirse como un referente a la hora de establecer una legislación general que regule este controvertido aspecto de la actividad de las grandes empresas.

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