A pesar del alto impacto social que estas acciones han podido tener durante estos meses tan complicados, la política de Responsabilidad Social Empresarial de la distribución con base alimentaria abarca un ámbito mucho más extenso. Si la pandemia del Covid-19 se ha caracterizado por la urgencia, por la necesidad de dar soluciones rápidas a los problemas que surgían cada día, desde las cadenas de supermercados nunca se han perdido de vista otros objetivos a medio plazo.
Me refiero a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por la ONU en 2015. La mayoría de ellos, si no todos, son dependientes entre sí y, además, necesitan de la acción y la implicación de toda la sociedad, de las empresas y de las Administraciones, en todos sus ámbitos -nacional, autonómico y local, esta última con un papel muy relevante en la crisis COVID19-. Las empresas de supermercados, por tanto, están comprometidas con esta realidad y, además, su actividad diaria tiene que ver con algunos de los ODS más destacados, como son los relacionados con la alimentación, la salud y el bienestar, el trabajo, el consumo responsable o la sostenibilidad de las ciudades.
En el marco del gran consumo, uno de los ODS en los que consumidores y empresas de alimentación más pueden colaborar es el número 12, sobre producción y consumo sostenible. Las principales recomendaciones del Pacto Mundial en este sentido son el uso eficiente de la energía, de los recursos naturales y de las materias primas, es decir ser responsables en todas nuestras actuaciones productivas, -como por ejemplo la utilización de materiales reciclables o reutilizables, de energías renovables, el fomento del suministro con proveedores cercanos, la formación y la lucha contra el desperdicio alimentario, entre otros-.
Esto nos pone directamente en contacto con el concepto de economía circular. La responsabilidad medioambiental del supermercado pasa por aplicar este modelo de gestión en todos sus procesos. Para lograrlo, es necesario tener un esquema claro sobre el recorrido que hacen los recursos naturales que se utilizan en la producción de alimentos, en la logística, en los embalajes y envases o en las tiendas de manera que, una vez usados, tengan un tratamiento que les permita reintroducirlos en el sistema productivo y, en el caso de que haya un desperdicio inevitable, que éste sea tratado adecuadamente para evitar que termine en el medioambiente.
El reto de la movilidad en las ciudades, muy ligado al objetivo 11 de los ODS, es otra de las principales líneas de trabajo de los supermercados. El propio formato de distribución de proximidad contribuye a la sostenibilidad de las ciudades poniendo muy cerca de las casas y trabajos de los consumidores un surtido completo y variado de alimentación a precios competitivos. El hecho de que el 90% de los clientes del supermercado haga sus compras a pie es un indicativo muy significativo de cómo este formato contribuye en positivo al diseño de la ciudad. Aquí va a ser muy importante el paraguas de la próxima Ley de Cambio Climático, un inminente anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y, cómo decíamos antes, el papel de los Ayuntamientos para combinar medio ambiente -calidad del aire-, y congestión de las ciudades -accesibilidad a bienes de consumo, e-commerce, comercio de barrio- con el bienestar de los ciudadanos.
Si el supermercado se define como un elemento urbano, también lo hace como un factor de desarrollo rural y lucha contra el despoblamiento, un reto para la sostenibilidad económica, social y medioambiental del país. Para asegurar el progreso de los municipios de las zonas más afectadas por este problema se necesita el acceso a la alimentación como un servicio básico que contribuye a fijar población. Esto se consigue gracias a la presencia de cadenas regionales, muchas de ellas franquicias y cooperativas, que, con el apoyo insustituible de las centrales de compra, pueden ser competitivas y contribuir a que en España no se dé el fenómeno de los desiertos alimentarios, que implica que los consumidores tengan que recorrer grandes espacios para proveerse de alimentos. Además, estas pequeñas cadenas tienen los productos regionales como su principal factor de diferenciación, por lo que los productores de esas zonas encuentran en ellas canales de comercialización alternativos. Todo ello supone fijación de población y creación de riqueza y empleo en la España rural. Insistimos, por tanto, en la necesidad de que las personas puedan vivir con los máximos servicios, ahí donde decidan.
Por último, el empleo digno es otro los objetivos más trasversales de las Naciones Unidas. El supermercado es un sector muy intensivo en trabajo; solo las empresas de ASEDAS emplean a unas 260.000 personas. Pero, además, se trata de un empleo estable (alrededor del 85% de los contratos son fijos), con alta ocupación femenina (alrededor del 70%), en todo el territorio, y que, sobre todo en los últimos años, está introduciendo una gran variedad de perfiles que permiten el diseño de carreras a largo plazo.
Estas acciones concretas en las que se trabaja desde una visión multidisciplinar están destinadas a asegurar la sostenibilidad social, económica y medioambiental del supermercado. Si nos detenemos un momento a valorar la contribución del comercio alimentario de proximidad a la ciudadanía, podemos concluir que nuestra mayor aportación social es lo que hacemos todos los días: llevar una alimentación variada, completa, segura y a precios competitivos muy cerca de las casas de los ciudadanos, vivan donde vivan. Pero, para que esto siga siendo posible, es necesario hacernos cada vez más responsables y sostenibles desde la conciencia, además, de que, como sector esencial que hemos sido y seremos siempre, nuestro trabajo tendrá un impacto positivo sobre la sociedad en su conjunto.
