Las prácticas de Responsabilidad Social (RS) son cada vez más utilizadas por empresas grandes y pequeñas, pero si hablamos de la Administración Pública es todavía un tema muy incipiente. En el ámbito europeo, la Comisión Europea promueve la implementación de políticas nacionales de RS en consonancia con políticas comunitarias, normas y códigos internacionales.
La Responsabilidad Social y la Administración Pública

Entre los objetivos de la Cumbre Europea de Lisboa (2000), destaca la estimulación de las prácticas idóneas en relación con la formación continua, la organización del trabajo, la igualdad de oportunidades, la integración social y el desarrollo sostenible.

En la misma línea, la Agencia Social Europea de la Cumbre de Niza en diciembre de 2000, propone “apoyar las iniciativas relativas a la RSE (Responsabilidad Social Empresarial) y a la gestión del cambio.

En este contexto, la RS ha entrado en la agenda política de la mayoría de los gobiernos europeos y de otros países. Actualmente los gobiernos se enfrentan a un desafío social importante a causa de la pandemia de la COVID-19, y tienen que dar respuesta al nuevo papel de la empresa teniendo en cuenta la parte económica, social y medioambiental. Por tanto, vemos que la Administración pública tiene como referente a la RS para potenciar las buenas prácticas de forma voluntaria y también para sugerir que es necesario regular el tema.

En España,  de acuerdo con la legislación comunitaria en materia de contratación pública, en la nueva ley de contratos del sector público se han recogido cláusulas de naturaleza social y ambiental, como la contratación de personas con especiales dificultades o compromisos medioambientales.  

También la Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres recoge políticas de estímulo junto con nuevas obligaciones,  como la necesidad de tener el plan de igualdad.

Como vemos, la incorporación de la RS en la Administración pública implica tener en cuenta a todos sus grupos de interés, lo que requiere cambios en los procesos de toma de decisiones. Un grupo importante es la ciudadanía; en   relación con la implicación de la ciudadanía y la sociedad, la Administración Pública -en sus niveles local, regional y estatal- ha puesto en marcha iniciativas participativas facilitando la toma   de decisiones. Podemos destacar la carta de derechos y deberes de la ciudadanía, consejos de participación, consejos consultivos, foros y mesas sectoriales etc.

El compromiso de las Administraciones Públicas con la sociedad y el desarrollo sostenible está internacionalmente aceptado (World Comisión of Environment and Development-WCED-1987).  Sin embargo, su implantación real está todavía poco desarrollada. Aunque podemos destacar, que cada vez más la administración toma conciencia de la necesidad de ser transparente no solo en temas económicos, sino también en temas social y medioambiental. La mayoría de las empresas públicas han aumentado las publicaciones de información sobre los aspectos sociales y medioambientales, y sus informes sobre Responsabilidad Social  son cada vez más completos. Por tanto, vemos que esto se ha convertido en un concepto indispensable en el ámbito empresarial.

El sector público viene asumiendo un papel activo en las prácticas de RS de las organizaciones, como muestran las actuaciones iniciadas por la Unión Europea para impulsar la RS.  A su vez, la ciudadanía se ha vuelto cada vez más exigente y demandan eficiencia y transparencia, lo que ha contribuido a que los distintos grupos de interés reclamen que las actuaciones sean socialmente responsables.

La satisfacción de la ciudadanía constituye uno de los pilares de la eficiencia de los servicios públicos. En este sentido, pues, es imprescindible publicar información sobre la RS de las entidades públicas con la presentación de la memoria de sostenibilidad o informes no financieros. El rol del sector público en esta materia ha de promover acciones para que las entidades públicas sean socialmente responsables.

La incorporación de la sostenibilidad a los criterios de las entidades públicas ha de provocar una mejora en sus actuaciones.  Hay evidencias de que informar sobre la sostenibilidad proporciona a las organizaciones mecanismos para reflexionar sobre quiénes son y sobre lo que pretenden alcanzar, motivando acciones futuras.

Desde este punto de vista, los motivos por los que las administraciones públicas deberían mostrar interés para informar sobre la sostenibilidad no difieren de otras entidades.  Existe una necesidad de mostrar liderazgo en el sector mostrando esfuerzos sobre el cambio climático y otras cuestiones de sostenibilidad, así como un creciente interés y demanda en transparencia y rendición de cuentas.  Por lo tanto, es importante dar explicaciones de la gestión realizada respecto a los grupos de interés, y la mejor manera de hacerlo es elaborando el informe de sostenibilidad.

Respecto al contenido de la información sobre la RS a divulgar por el sector público, se deben tener en cuenta las recomendaciones emitidas por el Global Reporting Initiative (GRI) llegando a considerar la denominada G4 como la guía de la información sobre sostenibilidad.  La G4 hace hincapié en el concepto de la materialidad como elemento fundamental de las memorias de sostenibilidad. Así pues, insta a las organizaciones informantes a aportar datos únicamente sobre aquellos temas que son verdaderamente esenciales para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad y gestionar su incidencia en el medio ambiente y la sociedad. Las memorias basadas en el G4 tratan aquellos aspectos que reflejan los impactos económicos, ambientales y sociales significativos de la organización, o bien aquellos que tienen un peso en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés, de este modo se obtienen informes estratégicos e integrados.

En España no existe una normativa legal que obligue a las entidades públicas a elaborar o difundir una memoria sobre RS, aunque todas ellas tienen el compromiso legal de rendir cuentas ante los consejos de administración y a los órganos de control externo (auditoría de cuenta).

 El Real Decreto-Ley 18/2017, de 24 de noviembre nos habla del informe no financiero,  informe que deberá incluirse dentro del informe de gestión o en forma separada,   y debe incluir el  estado de información no financiera, los resultados, y el impacto de su actividad respecto a cuestiones medioambientales y sociales, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno, así como aquellas relativas al personal, incluyendo las medidas que se hayan adoptado para garantizar el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la no discriminación e inclusión de las personas con discapacidad y la accesibilidad universal.

También la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, modifica el Código de Comercio, el texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.

Ante esta realidad, debemos analizar el modelo de Administración Pública que queremos y valorar medidas a incorporar que se adapte a una sociedad abierta, participativa i digitalizada. Una Administración Pública centrada en los derechos y las necesidades de la ciudadanía, transparente e implicando a todas las partes interesadas.

La situación actual puede convertirse en una ocasión idónea para alinear la RS a la sostenibilidad con las políticas públicas y buscar nuevos modelos de gestión en las organizaciones.

Quiero destacar, que la RS ha entrado en la agenda política de la mayoría de los gobiernos europeos y de otros países, y que en este momento los gobiernos se enfrentan a un desafío social, económico y ambiental importante a consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19.

Otro aspecto a tener en cuenta son  los principios generales aplicables a la Administración Pública (King Committee on Corporate Governance, 2002).

  • Que las organizaciones/empresas o administración incorpore la RS en sus políticas de gestión, implicando a las partes interesadas.
  • Identificación de los grupos de interés.
  • Que la organización, dirección y gestión sea participativa.
  • Transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad y grupos de interés
  • Compromiso ético, respeto a la diversidad e igualdad de oportunidades
  • Adopción de códigos formales de RS, que incluyan criterios para establecer políticas al respecto, articulen el dialogo de los grupos de interés y elaboren y difundan y verifiquen las informaciones pertinentes.

En este contexto, también quiero destacar, que la pandemia ha ralentizado la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), por ello las Administraciones Públicas deben establecer un marco de referencia específico para potenciar y defender este nuevo modelo de empresa pots COVID, y desarrollar la responsabilidad ética de las organizaciones guiada por unos valores y principios propios de sostenibilidad, transparencia y Responsabilidad Social.

Es preciso afrontar este reto de manera urgente, así como determinar claramente los ámbitos en los que tenemos que actuar.  La información y la transparencia son clave para generar confianza en la Administración Pública.

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La materialidad es el umbral de importancia a partir de la cual los aspectos serán incluidos en las memorias. Disponible: undefined

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