Las personas sin hogar son las mayores víctimas en cualquier epidemia. Tienen peor salud que ningún otro perfil social y la vida en calle les impide la mínima seguridad higiénica y sanitaria. Para responder a esa crisis, el gobierno ha publicado una orden de obligado cumplimiento que pone todos los centros residenciales de personas sin hogar bajo la autoridad pública competente y establece que al frente pueda estar un empleado público que dirija toda la actividad asistencial. En su conjunto, la acción es desorganizada porque la atención a personas sin hogar es el sistema social más obsoleto de nuestro país.
¿Están las personas sin hogar mejor en la calle?

Todo el espacio y la actividad de los centros debe ser reconfigurado para que cumpla la obligatoria distancia social y la más estricta seguridad sanitaria. Además, la Vicepresidencia de Derechos Sociales y el Ministerio de Sanidad establecen que se debe dar información continua y precisa a la Administración sobre el estadio de salud de las personas sin hogar de los centros. La absoluta falta de información ponía de manifiesto la precariedad del sistema la atención. 

Los municipios hasta ahora han implementado muy distintas respuestas. Algunos están recibiendo hoteles que sus dueños ponen a su disposición, otros requisan habitaciones, la Iglesia ha ofrecido seminarios y centros, etc. En ciudades donde hay cientos de personas sin hogar en la calle se ha intentado ofrecer una respuesta rápida, segura y respetuosa en forma de alojamiento masivo, con ayuda de la Unidad Militar de Emergencia. Ya hay personas que están muriendo en esas mismas camas, a tres metros de los demás. 

Disponemos de fotografías donde las personas aparecen en centros donde no se establece distancia social, dormitorios pequeños compartidos por ocho en literas, patios donde están pegados unos a otros. Necesitan una actividad diurna que es la que va a permitir hacer sostenible la convivencia y la distancia social. En cambio, están demasiado juntos en zonas comunes. Hay lugares donde no pueden lavar su ropa. Las personas sin hogar nos dicen que están asustadas y perciben que puede ser menos seguro que la calle. 

Es obligatorio que haya espacio suficiente en los centros e instalaciones, y espacio para aislar los casos positivos de coronavirus. Faltan medios imprescindibles. Es urgente que en todos los centros de atención haya suficientes Equipos de Protección Individual (EPIs) y los kits prometidos no llegan a la gente en calle. 

Las órdenes del estado de alarma deben garantizar que las personas sin hogar son persuadidas de salir de la calle de modo respetuoso y con una alternativa real. La mediación y colaboración de las ONG que normalmente las acompañan es crucial. Sin embargo, ha habido casos de desalojos policiales forzosos de la calle sin dicha alternativa. Si no se le garantizan espacios sanitariamente seguros, las personas podrían entender que es más seguro seguir en la calle. Es necesario reforzar que en esas condiciones no se les puede multar -y sería inútil a quien no tiene nada-. 

En su conjunto, la acción es desorganizada porque la atención a personas sin hogar es el sistema social más obsoleto de nuestro país. Ha habido una estrategia, pero no se ha implementado una reforma del modelo con suficiente profundidad. Después de esta crisis, va a ser absolutamente necesario ese cambio drástico de modelo. No podemos volver al sistema asistencialista, caro e ineficaz vigente hasta ahora. 

El decreto de obligado cumplimiento es crucial, pero debe reforzarse y, sobre todo, hacer un gran esfuerzo de implementación coherente y justa en todo el territorio, dada la irregularidad y graves deficiencias del sistema. La ciudadanía de las ONG debe seguir vigilante para sumar y también señalar las innecesarias deficiencias para que no suceda una catástrofe. 

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