La cuestión de la disociación entre principios y normas tiene unas graves consecuencias en las acciones y opiniones de las personas; consecuencias que ya estamos observando en la vida diaria de la sociedad. Muchos de estos efectos afectan directamente a la consideración de la dignidad humana, que es para mí y para los Declaración Universal de los Derechos del Hombre, uno de los significados principales en varios de sus Principios Fundamentales.
La tradición filosófica europea nos ha explicado hasta la saciedad este tránsito y relación entre el ethos y el logos, entre las ideas y la lógica de las acciones, entre los principios y las normas…pero el problema que ya estamos observando es el protagonismo casi exclusivo de las normas sobre los principios, del logos sobre el ethos. Este es verdaderamente el problema cuando observamos la vida personal y especialmente la vida pública en España y, en buena medida, en toda Europa, donde la dignidad de la persona no queda siempre en el mejor lugar.
La pregunta que nos hacemos este año sobre ¿Qué entendemos puede ocurrir con la ética y la moral a partir del 2030? me resulta extremadamente amplia y compleja; porque la realidad es que se extiende a muchos temas protagonistas que ya están presentes a nuestro alrededor sin olvidar el peso inmenso de lo que supone para nuestra vida la Inteligencia Artificial. Por todo ello, en este artículo voy a intentar responder dirigiéndome a la vida cotidiana de las personas que es en la que todos estamos con el fin de observar las causas de fondo de esta ruptura y sus primeras consecuencias.
Cuando hablo de principios siempre me he referido al hecho de que la persona humana tiene una dignidad inexcusable, un derecho a exigir equidad, igualdad y justicia en el entorno en el que vive y una responsabilidad moral derivada por la que debe responder respecto de sus acciones y el conjunto de la sociedad. Unos principios, cuya fundamentación se extiende más allá de las reflexiones científicas y cubre otras expectativas que pertenecen al mundo las preocupaciones espirituales que, a mi modo de ver, deben recuperar más presencia y protagonismo en la vida de la persona humana.
Las normas, por el contrario son acuerdos y consensos a los que llegamos las personas a la hora de vivir en la comunidad y que afectan directamente al modo y naturaleza para la mejor convivencia entre las personas y que viene determinada por leyes y decretos. A mi modo de ver, en este contexto, el positivismo jurídico ha ocupado en las últimas décadas un protagonismo, quizá excesivo, en la consideración y alcance de lo que son las normas, respecto a los principios, y en buena medida, en muchos ambientes, se ha procurado sin rubor eliminar los fundamentos sobre la formulación e intercambio de normas y reducir la ley a lo que la cultura expresa, sin atender otras reclamaciones a lo que es y supone la propia naturaleza y caracteres propios de la persona humana.
Voy a intentar poner un ejemplo que solamente pretende ejemplificar un suceso y sin ponerme por encima de nadie. El año pasado, el 29 de octubre de 2024, se produjo en España una de las catástrofes naturales más graves de las conocidas en nuestro país; me refiero a los llamados sucesos de la Dana con el desbordamiento del barranco del Poyo y las consecuencias en vidas humanas y materiales que se produjeron en tres provincias españolas. Los debates sobre la ley de emergencia y el papel del Gobierno y de las Administraciones locales han transcurrido a lo largo de todo un año, criticando la reacción del presidente de la Comunidad Valenciana, el papel del propio Gobierno de España y de todo un conjunto de responsables y gestores administrativos. La lógica habitual de estos debates ha girado habitualmente en la relación de tres principales referentes: las normas utilizadas indebidamente, la asignación de responsabilidades y la aportación de ayudas y socorro a los ciudadanos. Sin embargo, en entrevistas, debates e informaciones sobre el suceso en los Medios, poco he escuchado sobre la profunda vulneración que dicho suceso ha producido en la dignidad de las personas que lo sufrieron. Sin duda, el extraordinario movimiento inicial de los voluntarios conocía mejor, que los propios responsables políticos y administrativos, lo que realmente había sucedido.
A mayor abundamiento, nadie se ha percatado del triste papel decisorio que ha protagonizado la ideología política[1] que se practica en los medios informativos. Porque su papel en la información mezcla contenidos e interpretaciones, donde, según los enfoques, las culpas se asignan al Presidente de la Comunidad Autónoma, por sus contradicciones e inadecuada agilidad en su intervención del problema o al Presidente del Gobierno por mantenerse más al margen al tratarse de un asunto autonómico o, si acaso también, a algunos otros responsables administrativos al no haber informado con mayor precisión sobre los posibles efectos de la Dana. Sin duda, en el conjunto de los sucesos acaecidos el culpable directo es la meteorología, pero existen otros muchos responsables relacionados con el modo de gestionar sus responsabilidades. A mi modo de ver, dada la gravedad del suceso, la responsabilidad moral recae sobre muchas más personas que dos presidentes: responsables profesionales directa o indirectamente implicados y probablemente otros que se nos escapan. A mi modo de ver, todos tienen su dimensión de culpabilidad, aunque la mayoría de ellos, prefieren inhibirse en su culpabilidad, gracias a los escudos ideológicos y normativos que plantearon de forma casi inmediata los diferentes medios de comunicación. Hasta aquí el ejemplo.
A mi modo de ver, lo verdaderamente importante ha quedado ausente del debate. Sin duda, los afectados fueron los ciudadanos, absolutamente inocentes, que han sufrido un golpe irreversible y absolutamente injusto sobre sus derechos y, especialmente, sobre su propia dignidad como personas. La reacción política y mediática a la catástrofe de la Dana expresa directamente la disociación, por no decir la ruptura, que sufre actualmente la reflexión moral entre los principios y las acciones humanas. Porque, en efecto, no cabe comprender la razón sobre algo si no se tiene en cuenta la prevalencia de los principios sobre las normas que se utilizan. La gestión de la Dana ha sido absolutamente equivocada, ha existido ausencia de acciones inmediatas, -y sin duda de prevención-, y una equívoca voluntad, que se ha visto entorpecida por la grave distorsión ideológica e informativa. Pero la verdadera causa de todo este conjunto de errores ha sido la ausencia de principios por parte de muchos responsables, que son los que deben estar en el antes y no solo en el después, y velar preventivamente sobre lo que exige y supone la vida de las personas. Esta es y era su principal obligación moral; la función pública tiene siempre ese añadido. En efecto, frente al riesgo potencial de la vida de las personas no cabe escudarse en un trabajo, en un dato accidental de tener o no tener información o, lo que es más grave, en un sillón, por ser responsabilidad de otras personas, que son las que deben ocuparse. La responsabilidad moral preventiva debe estar siempre presente en la asunción de los Principios que exige el Ethos, que cualquier persona debe asumir y atender; especialmente los servidores públicos y responsables políticos. Esto es lo que debería estar presente y no ha sucedido. Parece que las personas nos hemos acostumbrado a que con las normas es suficiente y lo demás queda reducido al ver lo que pasa. Por eso las posiciones ideológicas encontraron un lugar magnífico para intervenir en la construcción de opiniones. El resultado después de un año, todos lo conocemos. Los sucesos de la Dana vienen a demostrar el profundo vacío moral, que padece la gestión política y mediática en la actualidad en España.
Después del ejemplo, tengo en abundancia otros muchos; continúo con el problema de origen. La verdad es que esta ausencia de los Principios en favor casi exclusivo de las normas supone una ruptura muy grave que, en este caso, recae absolutamente sobre los poderes ejecutivos de un país democrático; pero expresa un problema que se extiende a toda la ciudadanía. La verdad es que no entiendo que se promulguen leyes, como ya ha ocurrido en los últimos años en España, que contradicen otras leyes previas y en funcionamiento. Sin, duda, por citar autores que conocen mucho mejor que yo este tema, estoy muy de acuerdo con lo que comenta M. Atienza sobre la necesidad de una nueva presencia del objetivismo moral que diluya en buena medida el exceso del positivismo jurídico que nos invade. Así escribe este autor: La objetividad moral supone la existencia de algunos principios cuya validez no depende de las preferencias que un sujeto o un conjunto de sujetos pueda tener. El principio de dignidad humana (que incluye también el de igualdad y el de autonomía)…es condición de posibilidad para que pueda haber una comunidad moral… La negación de criterios objetivos de moralidad…llevaría a que tuviéramos que prescindir de la obligación de motivar las decisiones de los órganos públicos: el ejercicio del poder se convertiría… en un ejercicio de arbitrariedad (M. Atienza, 2022, pp. 135-137) Sin duda, en este punto la dignidad es un concepto clave y es verdad que es una noción de múltiples dimensiones y sentidos, mutuamente interdependientes, que deben atenderse. Para el autor la opción por Kant parece ineludible pero con algunas correcciones, que afectan a las circunstancias históricas que experimenta el kantismo y al hecho más complejo de que, para Kant, los seres humanos -el hombre de carne y hueso- tenemos dignidad porque la ley moral -lo único valioso que tenemos- está dentro de nosotros, incorporada en nosotros y solo en nosotros como humanidad que somos. Sin duda, estas reflexiones espero que ayuden a comprender el objetivo de mis comentarios.
Un comportamiento moral exige no abandonar los principios, sino utilizar estos para redefinir las propias normas que se utilizan en la vida diaria. Lo contrario nos hace ver los errores que las personas cometemos y, lo más grave, de esta ausencia: la determinación y distorsión significativa que se llega a producir a la hora de interpretar lo que sucede actualmente en la vida política y ciudadana. Por eso, no quiero dejar de referirme a las últimas reflexiones del autor que he citado: Como hemos visto también varias veces,-escribe-, hoy parecen existir fundamentalmente dos maneras de entender ese valor de la dignidad humana: la concepción religiosa -cristiana- y la concepción kantiana. No son dos versiones por completo incompatibles (en ambos casos la dignidad se considera un valor intrínseco de todos los seres humanos, innegociable, no reducible a la libertad entendida en términos liberales clásicos y que justifica no solo derechos sino también deberes, responsabilidades) y eso es algo de lo que deberíamos congratularnos, dada la necesidad de contar con un amplio consenso para poder hacer frente a la crisis civilizatoria que nos amenaza. Pero, desde luego, difieren también entre sí en aspectos esenciales: el más importante quizás sea que solo la concepción kantiana del hombre como fin en sí mismo puede pretender una validez universal, porque se sitúa dentro de los límites de la mera razón; o sea, es una noción laica -por ello, al menos, en principio comprensible y aceptable por todos- de la dignidad humana (Alienza, 2022, pp. 160-161). Sin duda, estas últimas palabras me animan a continuar estas reflexiones en mi próximo artículo.
Referencias bibiográficas
Atienza, M., (2022), Sobre la dignidad humana, Editorial Trota, Madrid.
[1] Como comenté hace algunos meses, la ideología no tiene nada que ver con la ética, es otra cosa muy diferente. Ver mi artículo publicado en “Diario Responsable” el 25/3/2025.
Artículos relacionados:
- ¿Que cabe decir sobre Inteligencia Artificial y Responsabilidad moral?, Juan Benavides Delgado
- Imantando la brújula moral: tomándonos en serio la responsabilidad, Joaquín Fernández Mateo
- ¿Qué hay en materia de ética y sostenibilidad más allá del 2030?, Pablo Álvarez de Linera Granda
