Las personas sin hogar son las mayores víctimas en cualquier epidemia. Tienen peor salud que ningún otro perfil social y la vida en calle les impide la mínima seguridad higiénica y sanitaria. Para responder a esa crisis, el gobierno ha publicado una orden de obligado cumplimiento que pone todos los centros residenciales de personas sin hogar bajo la autoridad pública competente y establece que al frente pueda estar un empleado público que dirija toda la actividad asistencial. En su conjunto, la acción es desorganizada porque la atención a personas sin hogar es el sistema social más obsoleto de nuestro país.
