Los derechos de las mujeres siguen lejos de garantizarse plenamente en todo el mundo. Así lo advierte un informe reciente de ONU Mujeres publicado en el contexto del Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo, que alerta de un retroceso global en materia de igualdad y del debilitamiento de los sistemas encargados de proteger estos derechos.
Según explica la organización, los sistemas judiciales que deberían asegurar el cumplimiento del Estado de derecho están fallando de forma sistemática a mujeres y niñas. Este deterioro se produce en un contexto internacional marcado por el retroceso democrático, el aumento de los conflictos, las presiones económicas y una creciente reducción del espacio cívico.
Tal como señaló Sarah Hendriks, directora de Políticas de ONU Mujeres, durante una rueda de prensa en Nueva York, “a medida que el mundo atraviesa un retroceso democrático, aumenta también un rechazo cada vez más organizado hacia la igualdad de género y los derechos de las mujeres”. En este escenario, añadió, los sistemas de justicia no permanecen al margen de estas dinámicas, sino que las reflejan.
El informe, titulado Garantizar y fortalecer el acceso a la justicia de todas las mujeres y niñas, pone cifras a esta realidad. Según ONU Mujeres, a nivel global las mujeres solo disfrutan del 64% de los derechos jurídicos reconocidos a los hombres, lo que las expone a situaciones de discriminación, violencia y exclusión a lo largo de toda su vida.
Las desigualdades también se reflejan en la legislación de numerosos países. En más de la mitad de los Estados del mundo (54%) la violación aún no está definida legalmente en función del consentimiento, lo que implica que muchas agresiones sexuales pueden no ser reconocidas jurídicamente como delito.
Además, casi tres de cada cuatro países permiten legalmente el matrimonio infantil forzado, mientras que el 44% carece de normativas que obliguen a garantizar la igualdad salarial por trabajo de igual valor, lo que en la práctica permite pagar menos a las mujeres que a los hombres por el mismo trabajo.
Para Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres, estas carencias tienen consecuencias profundas: “Cuando las mujeres y las niñas son privadas de justicia, el daño va mucho más allá de un caso individual. La confianza pública se erosiona, las instituciones pierden legitimidad y el propio Estado de derecho se debilita”.
El informe también advierte de que el actual contexto internacional está agravando estas vulneraciones. Según informa ONU Mujeres, las reacciones contra los avances en igualdad de género se están intensificando, mientras se multiplican las violaciones de derechos en un clima de impunidad que se manifiesta tanto en los tribunales como en los espacios digitales y en situaciones de conflicto armado.
Las cifras reflejan esta tendencia. En 2024, 676 millones de mujeres y niñas vivían a menos de 50 kilómetros de un conflicto mortal, la cifra más alta registrada desde la década de 1990. En paralelo, los casos de violencia sexual vinculada a conflictos han aumentado un 87% en solo dos años.
Ante este panorama, ONU Mujeres insiste en la necesidad de impulsar reformas profundas que permitan garantizar el acceso efectivo a la justicia. Según subrayó Hendriks, cuando los sistemas judiciales fallan a las mujeres, las consecuencias afectan no solo a las víctimas directas, sino a la legitimidad del conjunto de las instituciones.
La organización recuerda, no obstante, que los avances son posibles. Desde 1970, más de 600 millones de mujeres han logrado acceder a nuevas oportunidades económicas gracias a reformas en las leyes de familia.
Por ello, ONU Mujeres insta a los gobiernos a promover reformas judiciales diseñadas “por mujeres y para mujeres” antes de 2030. La urgencia es evidente: casi el 90% de las organizaciones que trabajan para erradicar la violencia contra mujeres y niñas informan de recortes en servicios esenciales, y solo el 5% considera que podrá mantener su situación actual más allá de dos años.
