La Plataforma del Tercer Sector, que agrupa a cerca de 28.000 entidades sociales, ha vuelto a poner el foco en la emergencia habitacional que atraviesa España. La organización participa este jueves en la sesión constitutiva del Consejo Asesor de Vivienda, convocado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en un contexto marcado por el aumento de las dificultades para acceder y mantener una vivienda digna.
Según datos del informe FOESSA, en España hay actualmente 4,6 millones de hogares con problemas para acceder o sostener su vivienda. Además, 2,7 millones de hogares caen en situación de pobreza severa una vez afrontan el pago de la vivienda y los suministros básicos. El mercado del alquiler agrava aún más esta realidad: el 33% de las personas que viven de alquiler se encuentran en situación de pobreza, frente al 15% de quienes tienen una vivienda en propiedad. Unos datos que, según la Plataforma, confirman que la vivienda se ha convertido en el principal motor de exclusión social.
Desde la Plataforma del Tercer Sector insisten en que la magnitud del problema exige respuestas estables, coordinadas y de largo alcance. Entre las propuestas trasladadas al nuevo Consejo Asesor figuran medidas sociales, como la movilización de vivienda vacía mediante modelos innovadores de vivienda social sin ánimo de lucro, y actuaciones estructurales como el refuerzo decidido de la vivienda social, la rehabilitación del parque existente y la reserva efectiva de suelo público para garantizar un acceso justo y sostenible a la vivienda.
El presidente de la Plataforma, Luciano Poyato, ha valorado positivamente la creación del Consejo Asesor de Vivienda, aunque ha advertido de que este órgano “debe ir más allá de un mero papel consultivo”. A su juicio, es imprescindible que garantice una gobernanza participativa, transparente y orientada al interés general, porque “la vivienda no puede seguir tratándose únicamente como un bien económico, sino como un derecho humano fundamental, reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales”.
La Plataforma defiende que el nuevo Consejo debe servir para situar la vivienda en el centro del debate político y social, impulsando políticas alineadas con las necesidades reales de la población, especialmente de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. El objetivo, subraya Poyato, es avanzar hacia un modelo que garantice accesibilidad, asequibilidad y seguridad habitacional, incorporando criterios sociales y mecanismos efectivos de participación.
En esta línea, la organización insiste en que las políticas públicas deben orientarse a revertir la exclusión residencial mediante la promoción de vivienda social, la rehabilitación del parque existente, la penalización de la vivienda vacía y la garantía de ayudas complementarias para los hogares perceptores del Ingreso Mínimo Vital y otras prestaciones sociales, de forma que se asegure su inclusión residencial.
Estas demandas fueron trasladadas, según informa la propia Plataforma del Tercer Sector, durante la Audiencia Pública del Plan Estatal de Vivienda 2026–2030. La entidad reclama que dicho Plan incorpore medidas eficaces para responder a las situaciones más urgentes y a los contextos de mayor vulnerabilidad, así como actuaciones específicas para erradicar el sinhogarismo, el chabolismo y la infravivienda, dignificando las condiciones habitacionales de las personas sin hogar.
La Plataforma defiende, además, que el Estado mantenga la titularidad pública del parque de vivienda social como garantía última del derecho a la vivienda y valora positivamente iniciativas como CASA47, que considera clave para consolidar un parque público estable y protegido frente a procesos de privatización. También reitera su disposición a colaborar en la movilización de vivienda vacía a través de modelos sociales innovadores y sin ánimo de lucro.
Para la Plataforma del Tercer Sector, la vivienda debe consolidarse como el quinto pilar del Estado del Bienestar, junto a la educación, la sanidad, la protección social y las pensiones. Alcanzar este objetivo, señalan, exige superar la fragilidad histórica de las políticas de vivienda en España y avanzar hacia un modelo estable, coherente y basado en derechos, respaldado por un amplio consenso político que priorice el interés general.
La presencia del Tercer Sector en el Consejo Asesor de Vivienda, concluyen, será determinante para impulsar una gobernanza más participativa y orientada a garantizar efectivamente el derecho a la vivienda.
