La informalidad laboral continúa siendo uno de los principales frenos para la justicia social en América Latina, sobre todo en el ámbito agrícola, donde el empleo sin protección social ni derechos reconocidos es la norma. Así lo confirma el informe Trabajo Decente e Informalidad en el Sector Agrícola de América Latina, 2019–2023, publicado por las agencias especializadas de la ONU, según informan la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El documento advierte que más del 80% del empleo agrícola en la región funciona en la informalidad, un escenario que vulnera el derecho a un empleo digno y que tiene efectos desproporcionados en mujeres, jóvenes y personas mayores rurales. La precariedad se manifiesta en ingresos bajos, ausencia de seguridad social, condiciones laborales inseguras y una fuerte exposición a riesgos climáticos.
La situación es especialmente crítica para las mujeres: el 86,4% trabaja en la informalidad, una cifra muy por encima del 78% registrado entre los hombres. Además, el 38,5% de ellas realiza trabajo familiar no remunerado, una tasa cinco veces mayor que la masculina. El informe también destaca que el sector concentra el 46% del trabajo infantil en América Latina y que más de la mitad de la mano de obra agrícola tiene baja escolaridad, lo que refuerza los círculos de pobreza y exclusión.
Para Ana Virginia Moreira, directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe, la informalidad “sigue siendo uno de los obstáculos más arraigados para la justicia social y el desarrollo sostenible”. La experta subraya la necesidad de avanzar hacia políticas integradas con enfoque territorial que permitan transformar de raíz esta realidad.
En la misma línea, René Orellana, representante regional de la FAO, recuerda que garantizar trabajo decente “no se trata solo de mejorar condiciones laborales; es fortalecer la resiliencia de nuestros países y asegurar la seguridad alimentaria de millones”. Para ello, hace un llamado a impulsar la digitalización rural, el financiamiento sostenido y un diálogo social inclusivo, pilares clave para avanzar hacia una transición justa.
Pese a que entre 2019 y 2023 el empleo agrícola se mantuvo estable, el informe subraya que no hubo avances significativos en formalización: casi la mitad de los jóvenes y la mayoría de las mujeres permanecen atrapados en trabajos sin derechos reconocidos. El análisis examina además 35 políticas públicas de la región, señalando que, aunque muchas buscan mejorar la productividad, pocas incorporan explícitamente acciones para formalizar el empleo o integrar una perspectiva de género, aspectos esenciales para una recuperación justa.
La publicación concluye con diez recomendaciones de política para acelerar la transición a la formalidad, articulando desarrollo productivo, protección social, derechos laborales y diálogo social. Un llamado urgente a los gobiernos de la región para garantizar que quienes alimentan al continente puedan ejercer plenamente su derecho a un trabajo digno y protegido.
