Según el estudio, el 80% de las personas encuestadas considera que el desarrollo sostenible debe ocupar un lugar prioritario en las decisiones de gobiernos y empresas. En España, el porcentaje sube al 78% cuando se pide más recursos públicos para la Agenda 2030 y al 77% cuando se trata de compromisos empresariales. “La ciudadanía tiene claro que la sostenibilidad no puede retroceder. Lo que estamos viendo es una demanda de coherencia”, destacó Cristina Sánchez, directora ejecutiva del Pacto Mundial de la ONU España.
La preocupación por el planeta ya se refleja en la cesta de la compra: ocho de cada diez europeos aseguran tener en cuenta criterios de sostenibilidad al consumir, aunque solo un 27% lo hace siempre. España se encuentra entre los países donde esta tendencia es más fuerte, junto con Bulgaria, Irlanda y el Reino Unido. El informe apunta a un cambio estructural en el mercado: la sostenibilidad compite directamente con factores tradicionales como el precio o la comodidad.
El respaldo a nuevas regulaciones en materia de sostenibilidad divide a Europa. Mientras en el sur (España, Croacia, Bulgaria o Portugal) predomina el apoyo a normas más estrictas, en países del centro y norte, como Alemania, Austria y Países Bajos, se observa mayor escepticismo.
Empresas bajo la lupa
Aunque casi la mitad de la ciudadanía reconoce un impacto positivo de las compañías en sostenibilidad —sobre todo en derechos laborales y medioambientales—, un tercio duda de la sinceridad de sus compromisos y teme que prime el greenwashing. En España, esta desconfianza alcanza al 40% de los encuestados. Aun así, siete de cada diez europeos creen que la sostenibilidad puede convertirse en un motor de competitividad para las empresas.
El estudio también refleja un notable optimismo respecto al papel de la inteligencia artificial en la transición sostenible, con niveles de confianza que llegan al 77% en países como Finlandia o Grecia.
En definitiva, el Pacto Mundial de la ONU concluye que la sostenibilidad es ya un eje central para la ciudadanía europea y que gobiernos y empresas deberán actuar en consecuencia si no quieren perder la confianza de la sociedad.
