El impacto del cambio climático sobre la movilidad humana ya no es una hipótesis de futuro: es una realidad presente que obliga a repensar las políticas migratorias y de protección. Bajo esta premisa, la Facultad de Derecho de la Universitat de València organizó recientemente unas jornadas especializadas junto a la embajadora del Pacto Europeo por el Clima, la Dra. Karla Zambrano González. El encuentro sirvió como plataforma para discutir el papel de la Unión Europea ante este fenómeno creciente, con una mirada centrada en la justicia climática y los derechos humanos.
Según informa la propia universidad, el evento contó con la participación de académicas como Susana Borràs Pentinat, de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, y Rosa Giles Carnero, de la Universidad de Huelva, quienes aportaron enfoques complementarios sobre las causas y consecuencias de los desplazamientos forzados provocados, directa o indirectamente, por el cambio climático.
Desplazamientos forzados: causas múltiples y protección limitada
Durante su intervención, Borràs Pentinat destacó la dificultad de atribuir de forma exclusiva los desplazamientos al cambio climático, ya que a menudo se entrelazan con conflictos armados, pobreza estructural y otras formas de violencia. "No existe un instrumento jurídico internacional que garantice la protección de estas personas", lamentó la experta, que abogó por un enfoque más integral que tenga en cuenta las múltiples dimensiones del fenómeno.
Por su parte, Rosa Giles Carnero advirtió que el cambio climático actúa como un “multiplicador de amenazas”, afectando no solo a los territorios más vulnerables del planeta, sino también al interior de la propia Europa. Giles subrayó que fenómenos extremos como sequías o inundaciones ya están forzando movimientos poblacionales dentro de la UE, lo que debería activar una respuesta desde las políticas de seguridad y adaptación al clima. "El concepto de seguridad humana debe ampliarse para incluir la emergencia climática", señaló.
Migraciones, derechos y justicia climática
La Dra. Karla Zambrano González se centró en los desafíos jurídicos que enfrentan las personas migrantes, especialmente aquellas en situación administrativa irregular. “La imposibilidad de acceder a ayuda humanitaria por carecer de NIE constituye una violación de derechos fundamentales”, denunció. Zambrano recordó también que 26 de las 227 personas fallecidas durante la DANA en Valencia eran extranjeras, lo que pone en evidencia la vulnerabilidad añadida de ciertos grupos ante los desastres climáticos.
El evento también abordó el emblemático caso de Ioane Teitiota contra Nueva Zelanda, debatido ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que podría sentar un precedente en el reconocimiento de los desplazamientos climáticos como una cuestión de derechos humanos.
Una agenda europea que incluya la movilidad climática
Los expertos coincidieron en que la UE debe integrar de forma explícita la movilidad humana en el marco del Pacto Verde Europeo. No basta con medidas ambientales; es necesario un enfoque intersectorial que reconozca la relación directa entre emergencia climática, migraciones y derechos humanos. La creación de políticas de adaptación que contemplen estas dimensiones resulta urgente para garantizar una transición justa que no deje a nadie atrás.
En un contexto global cada vez más afectado por los efectos del cambio climático, estas jornadas dejan un mensaje claro: proteger el planeta también implica proteger a las personas que se ven obligadas a desplazarse. Y la UE tiene una responsabilidad clave en liderar esta transformación.
