La emergencia climática es una realidad y ante sus efectos cada vez más palpables, el sector privado en España está tomando un rol cada vez más activo. Así lo confirma el reciente informe Comunicando el Progreso 2024, presentado por el Pacto Mundial de la ONU España, que recoge datos alentadores sobre la implicación del empresariado en la lucha contra el cambio climático.
Según el documento, el 64 % de las empresas españolas adheridas a esta iniciativa internacional ya han puesto en marcha estrategias para aumentar su resiliencia climática. Este porcentaje supera ampliamente los promedios de Europa (55 %) y del conjunto global (57 %), lo que refleja un liderazgo claro en este ámbito. Destaca especialmente el papel de las grandes empresas, con un 77 % de implementación frente al 58 % registrado por las pymes.
“La crisis climática requiere una respuesta decidida y transformadora por parte del sector empresarial. Los datos demuestran que nuestras empresas no solo reaccionan, sino que avanzan hacia modelos más resilientes”, ha señalado Cristina Sánchez, directora ejecutiva del Pacto Mundial de la ONU España. Además, ha subrayado la importancia de seguir acompañando a las organizaciones en este proceso para amplificar su impacto y acelerar la acción.
No obstante, el informe también advierte de una implementación desigual. Solo el 22 % de las empresas ha extendido estas medidas a sus cadenas de suministro y apenas un 21 % las ha incorporado en sus comunidades locales. En cuanto a la financiación de estas iniciativas, el margen de mejora sigue siendo amplio: apenas el 26 % ha destinado inversiones específicas a la adaptación climática, con diferencias notables entre grandes compañías (40 %) y pequeñas y medianas (20 %).
Agua, energía y residuos: los ejes de la sostenibilidad empresarial
El estudio también analiza los temas ambientales prioritarios para las empresas, siendo el acceso al agua y el saneamiento el área más destacada. Un 70 % de las organizaciones españolas lo considera un aspecto central en sus estrategias, una cifra superior a las medias europea (60 %) y global (59 %). Este interés cobra especial relevancia en un país como España, donde la escasez hídrica y los eventos extremos se han intensificado en los últimos años.
En segundo lugar se sitúan la gestión energética y el uso de recursos (69 %), seguidos por la gestión de residuos (66 %). Estos datos evidencian un enfoque empresarial cada vez más alineado con los principios de economía circular y transición energética. Las cifras lo confirman: el 76 % de las empresas participantes cuenta con políticas ambientales específicas en energía y recursos, y otro 76 % en residuos, por encima de los promedios internacionales.
Sin embargo, otros aspectos como la protección de la biodiversidad (41 %) o los ecosistemas marinos (20 %) aún presentan un desarrollo limitado, lo que señala oportunidades para ampliar y diversificar las estrategias ambientales en el futuro próximo.
Huella de carbono: avances y asignaturas pendientes
Uno de los pilares fundamentales para una acción climática efectiva es la medición de emisiones. En este sentido, el 66,5 % de las empresas españolas mide sus emisiones directas —conocidas como alcance 1 y 2—, situándose prácticamente al nivel de la media europea (67 %) y por encima de la global (60 %).
Sin embargo, aún queda camino por recorrer en lo que respecta a las emisiones de alcance 3, que corresponden a la cadena de valor de las empresas. Solo el 28 % de las organizaciones españolas las contabiliza, una proporción muy inferior a la media de la Unión Europea (49 %) y del conjunto global (43 %). Esta carencia limita la capacidad de establecer planes de descarbonización integrales y ambiciosos.
Hacia una transición justa e inclusiva
Sin dudas, estos avances reafirman el potencial del sector privado como motor de cambio en el contexto climático actual. No obstante, desde el Pacto Mundial de la ONU insisten en que la ambición debe ir acompañada de una mirada amplia que incluya la justicia social y los derechos humanos como ejes fundamentales.
En línea con la iniciativa Forward Faster, el reto es doble: acelerar la reducción de emisiones y garantizar que la transición ecológica sea justa, inclusiva y equitativa para todas las personas y territorios.
