Mientras el mundo intenta avanzar hacia una transición ecológica, nuevas evidencias revelan que los bosques del planeta están siendo arrasados no solo por la demanda de recursos naturales, sino también por redes criminales que operan en múltiples frentes ilegales. Así lo indica un reciente estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que expone cómo la tala y la deforestación ilícitas no son fenómenos aislados, sino engranajes de una maquinaria delictiva global que incluye desde el narcotráfico hasta la trata de personas.
El informe, titulado Forest Crimes: Illegal Deforestation and Logging, detalla cómo los delitos ambientales se entrelazan con otros crímenes de alto impacto, utilizando los ecosistemas como plataformas de negocio, control territorial y lavado de activos. “Los actores implicados en la deforestación ilegal también están detrás del tráfico de especies, el trabajo forzado o la minería clandestina”, advierte Angela Me, directora de Investigación de UNODC.
Bosques al servicio del crimen organizado
En regiones como la Amazonía o la cuenca del Congo, la madera talada sin control alimenta mercados internacionales gracias a redes que combinan corrupción, vacíos legales y complicidad empresarial. El documento explica cómo empresas legales pueden ser utilizadas como fachadas para legalizar productos obtenidos de forma ilícita, aprovechando permisos fraudulentos, sobornos o regulaciones laxas.
En América del Sur, por ejemplo, organizaciones vinculadas al narcotráfico están invirtiendo sus ganancias en actividades agrarias y ganaderas, apropiándose de territorios mediante la deforestación encubierta. En otros casos, como en Somalia, la recaudación de impuestos ilegales sobre el carbón vegetal se ha convertido en una fuente de financiación para grupos armados.
Cuando la ley favorece a los criminales
El estudio también alerta sobre el riesgo de que ciertas políticas bienintencionadas generen efectos contrarios a los esperados. Algunas restricciones comerciales sobre especies protegidas, como el palisandro, han incentivado la tala de otras variedades no reguladas, dificultando aún más la trazabilidad.Además, la presión regulatoria en un país puede trasladar la actividad ilegal a otro con controles más débiles, provocando una "migración del delito" en lugar de su eliminación.
Lejos de ser un problema local o sectorial, la delincuencia forestal es hoy una amenaza multidimensional que exige respuestas integradas, tanto a nivel legal como en el ámbito económico y ambiental. El informe concluye que “proteger los bosques no es solo una cuestión de conservación, sino de justicia social, seguridad internacional y sostenibilidad”.
Urge, por tanto, reforzar la cooperación entre países, blindar las cadenas de suministro y promover marcos políticos flexibles que respondan a las cambiantes estrategias del crimen organizado. Solo así será posible frenar esta ola de ecocidio que, lejos de detenerse, avanza con una lógica cada vez más voraz y transnacional.
