Medir y reducir la huella de carbono es un paso fundamental para avanzar hacia un modelo de producción más sostenible y eficiente. Conocer el impacto ambiental de las actividades económicas no solo permite minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también optimiza el uso de recursos, mejora la competitividad y fomenta la innovación. En este marco, el Gobierno de España ha dado un nuevo paso en su estrategia climática.
El pasado 18 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), un Real Decreto que establece la obligatoriedad del cálculo de la huella de carbono y la elaboración de planes de reducción de emisiones para diversas empresas e instituciones de la Administración General del Estado. Esta norma refuerza el Registro de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de Absorción de CO2, vigente desde 2014, que ya ha permitido la inscripción de más de 14.000 huellas de carbono y la reforestación de 23.348 hectáreas en el territorio nacional.
Ampliación del alcance y mejoras en el sistema
La nueva regulación amplía el alcance del registro, incorporando nuevas tipologías de proyectos de absorción de CO2 y sumando la huella de carbono de eventos. Además, introduce requisitos adicionales para mejorar la operatividad del sistema, facilita la coordinación con los registros autonómicos y optimiza los procesos administrativos.
Con esta actualización, el Gobierno busca no solo cumplir con los compromisos internacionales en materia de cambio climático, sino también alinear a las empresas y organismos públicos con la transición ecológica y la economía circular. "Medir la huella de carbono nos permite reducir emisiones, optimizar procesos y ser más eficientes e innovadores", destacó la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en la rueda de prensa posterior al anuncio.
Empresas y administraciones, actores clave
El Real Decreto establece que las empresas obligadas a calcular su huella de carbono y a presentar planes de reducción de emisiones son las mismas contempladas en la Ley 11/2018 de información no financiera y diversidad. Es decir, aquellas que cuenten con más de 500 empleados y tengan la consideración de entidades de interés público o gran empresa.
Por otro lado, la normativa extiende la obligación a la Administración General del Estado y sus organismos autónomos, quienes deberán calcular anualmente su huella de carbono bajo los criterios establecidos en el nuevo reglamento.
Con este avance normativo, España refuerza su compromiso en la lucha contra el cambio climático, promoviendo la responsabilidad ambiental en todos los sectores y facilitando herramientas para avanzar hacia una economía más sostenible y baja en carbono.
