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Hoy, España se encuentra en una encrucijada crucial en sus esfuerzos por combatir la trata de personas y proteger a las víctimas. El país ha logrado avances notables, con las autoridades tomando medidas decisivas a través de un compromiso constructivo con las partes interesadas y enfoques innovadores.
La lucha de España contra la trata de personas: un momento crucial para la acción

Solo en 2023, las fuerzas del orden identificaron formalmente a 1.466 víctimas. Al mismo tiempo, la adopción del proyecto de ley orgánica contra la trata y el establecimiento de un Mecanismo Nacional de Derivación serían fundamentales para un enfoque integral que conduzca a resultados efectivos en la lucha contra la trata, abordando los “cuatro pilares”: protección, prevención, persecución y colaboración.

Durante mi reciente visita, fui testigo de primera mano de la dedicación de los profesionales españoles que trabajan contra la trata, de muchas medidas innovadoras y de la complejidad de los desafíos que enfrentan. Las estadísticas y políticas cuentan solo una parte de la historia. ONG financiadas por el gobierno informaron haber asistido a más de 6.400 víctimas potenciales en 2023, lo que subraya la enorme magnitud de este delito. Detrás de cada número hay una persona cuya vida ha sido irrevocablemente cambiada por la trata.

Si bien la capacitación especializada de la policía y los enfoques centrados en las víctimas han dado resultados prometedores, persisten algunos desafíos, como la identificación de víctimas menores de edad o entre los refugiados y solicitantes de asilo, especialmente aquellos que llegan por mar. Delegar la identificación formal de víctimas de trata a organismos más allá de las fuerzas del orden probablemente permitiría que más víctimas recibieran la atención que necesitan y a la que tienen derecho. Como en gran parte de Europa, abordar la criminalidad forzada vinculada a las drogas ilícitas y otros delitos es un desafío creciente. Sin embargo, la creación de una línea de atención 24/7, el uso creciente de técnicas de investigación especializadas y tribunales especiales para delitos contra menores demuestran el compromiso de España con mejorar el acceso de las víctimas a la ayuda y la justicia.

Un próximo paso crucial sería la elaboración y adopción del próximo Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos y del próximo Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso, con presupuestos asignados y la participación inclusiva de las partes interesadas. Estos planes deben contar con respaldo público y recursos adecuados para marcar una verdadera diferencia en la vida de las personas afectadas.

La lucha contra la trata de personas requiere más que acciones gubernamentales: exige un compromiso de toda la sociedad. Aunque España ha demostrado liderazgo en muchas áreas, desde la innovación tecnológica en investigaciones hasta un apoyo integral a las víctimas, la batalla está lejos de haber terminado. La OSCE está dispuesta a colaborar con las autoridades españolas, y discutimos numerosas posibles vías de cooperación.

Al reconocer los avances de España, también debemos estar atentos a las voces de quienes han sufrido los horrores de la trata. Sus experiencias, combinadas con la evolución de la respuesta de España, nos muestran tanto el camino recorrido como el que aún queda por recorrer. La pregunta ahora no es si actuar, sino cómo aumentar nuestro impacto y recursos para acabar con la trata.

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