La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, expresó el pasado jueves 16 de enero que comenzarán los trabajos para una nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. El anuncio se produjo durante una reunión con la Plataforma del Tercer Sector (PTS) y asociaciones de consumidores, donde Aagesen destacó la necesidad de adoptar medidas estructurales que garanticen mayor estabilidad y equidad en un contexto energético cambiante.
“Hemos superado los altos precios energéticos de 2022, 2023 y 2024, pero debemos avanzar hacia soluciones estables y duraderas para proteger a los consumidores más vulnerables”, afirmó la vicepresidenta. En este sentido, aseguró que el objetivo es presentar la nueva estrategia antes de final de año, marcando como prioridad la lucha por la equidad energética.
Una estrategia inclusiva y multidimensional
La reunión contó con la participación de representantes clave del sector, como Luciano Poyato, presidente de la PTS; Carlos Susias, vicepresidente; y María José Juanes Burgos, directora ejecutiva. También estuvieron presentes Josep Babot, de la Alianza contra la Pobreza Energética; Jordi Castilla, de Facua; Soledad Montero, de CECU; y Ana Sánchez Méndez, de OCU.
Aagesen subrayó la importancia de implicar a todos los actores, desde las comunidades autónomas, encargadas de gestionar los servicios sociales, hasta la sociedad civil y otros ministerios, para garantizar un enfoque integral. “Es imprescindible aprovechar el conocimiento acumulado y fomentar la innovación en la lucha contra la pobreza energética”, añadió.
Entre las mejoras previstas, destaca la inclusión de esta problemática como variable en programas de ayudas, así como el impulso para que todos los hogares con derecho al bono social puedan acceder a él. Además, se plantea el uso estratégico de los fondos del Plan Social para el Clima, que buscan mejorar la eficiencia energética de las viviendas, reducir costes energéticos y fomentar la electrificación.
Transición energética centrada en las personas
La Segunda Estrategia contra la Pobreza Energética busca consolidar los avances de los últimos años, como los refuerzos en los bonos sociales eléctrico y térmico y la prohibición de cortes de suministro. Estas medidas han sido fundamentales para reducir la carga económica de los consumidores vulnerables, con resultados que ya permiten una factura más baja en 2025 en comparación con 2019.
Asimismo, las medidas coyunturales adoptadas tras la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, como las reducciones fiscales y el mecanismo ibérico, han generado un ahorro de más de 5.100 millones de euros a los consumidores. Ahora, el Gobierno apuesta por un enfoque estructural que refuerce la autonomía energética y promueva un modelo más justo para todos. Con esta nueva estrategia, el Ministerio para la Transición Ecológica refuerza su compromiso con una transición energética sostenible, equitativa y centrada en las personas.