En 2023, el 27,3% de la población regional vivía en situación de pobreza, lo que representa una reducción de 1,5 puntos porcentuales respecto al año anterior y 5 puntos en comparación con 2020. A pesar de este progreso, la pobreza extrema, que afecta al 10,6% de la población, sigue siendo más elevada que en 2014.
Un análisis desglosado muestra que esta disminución se debe principalmente al impacto de políticas sociales en países como Brasil, donde transferencias no contributivas han sido clave. Sin su contribución, la tasa regional de pobreza habría sido mayor, alcanzando el 28,4%.
El informe señala que 12 países lograron reducir sus tasas de pobreza en 2023, gracias al incremento en los ingresos de los trabajadores formales y a medidas como transferencias públicas, pensiones no contributivas y ayudas de emergencia implementadas durante la pandemia. Sin embargo, en naciones como Honduras y Perú, la pobreza ha aumentado. A pesar de las mejoras, las desigualdades persisten entre grupos demográficos y regiones. Las mujeres, los niños y las zonas rurales se ven desproporcionadamente afectados, reflejando brechas estructurales profundas.
La feminización de la pobreza
El informe subraya que las mujeres enfrentan barreras significativas debido a la división sexual del trabajo y la organización social de los cuidados. En 2022, solo el 53,5% de las mujeres en edad laboral participaba en el mercado de trabajo, y la mayoría de aquellas fuera de la fuerza laboral se dedicaba al trabajo doméstico no remunerado. Además, la pobreza afecta de manera desproporcionada a las mujeres mayores de 65 años. Entre este grupo, el 70,3% de las que no reciben pensión vive por debajo de la línea de pobreza, lo que evidencia una vulnerabilidad económica marcada por desigualdades de género a lo largo de su vida.
La desigualdad en América Latina sigue siendo una de las más altas del mundo. En 2021, el 10% de las personas con mayores ingresos concentraba el 66% de la riqueza total de la región, mientras que el 1% más rico acumulaba un tercio de esta. Este nivel de concentración de riqueza refleja la baja movilidad social y los frágiles sistemas de protección existentes.
El llamado de la CEPAL: protección social inclusiva y sostenible
El secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, enfatizó la importancia de construir sistemas de protección social más integrales y resilientes para abordar las raíces de la desigualdad y promover un desarrollo social inclusivo. Para ello, el informe recomienda establecer un estándar de inversión en protección social no contributiva equivalente al 1,5%-2,5% del PIB o al 5%-10% del gasto público total. En 2023, el gasto social en la región representó el 11,5% del PIB, consolidándose como el principal componente del gasto público. Sin embargo, el Caribe, con una asignación del 41,3%, muestra una considerable disparidad en comparación con los países latinoamericanos, lo que subraya la necesidad de un enfoque regional más equitativo.
Para 2024, la CEPAL proyecta una ligera reducción en la pobreza, que se estima alcanzará al 26,8% de la población regional, afectando a unos 170 millones de personas. Sin embargo, estos avances no serán suficientes si no se fortalecen los sistemas de protección social y se promueven políticas que combatan la desigualdad estructural. La lucha contra la pobreza y la desigualdad sigue siendo un desafío crucial para América Latina y el Caribe, una región que necesita un cambio estructural para garantizar el bienestar y la cohesión social de su población.
