La migración ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, en tiempos recientes, migrar se ha convertido en sinónimo de explotación en muchos países. El sector agrícola de la UE depende significativamente de la mano de obra inmigrante, proveniente tanto de los Estados miembros de más reciente adhesión a la UE como de países europeos no pertenecientes a la UE y de países no europeos. Así lo muestra un nuevo informe titulado "Esenciales pero invisibles y explotados", publicado por investigadores del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) de la Universidad Pontificia Comillas y de Oxfam Intermón.
El estudio abarca una amplia bibliografía sobre la situación en Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia y Suecia. En estas naciones, los inmigrantes desempeñan un papel crucial en la alimentación de Europa, enfrentándose a trabajos duros, jornadas largas y, en muchos casos, a empleadores e intermediarios explotadores. En los nueve países examinados, con Finlandia como excepción, los migrantes habitualmente reciben salarios inferiores al salario mínimo y las mujeres suelen recibir salarios aún más bajos. La investigación también destaca una crónica desigualdad de género: en la región española de Huelva, la mitad de las mujeres participantes en las investigaciones afirmaron ganar menos que sus homólogos masculinos, mientras que en Italia las trabajadoras inmigrantes reportan ganar hasta un 30% menos que los hombres.
Los expertos explican que los inmigrantes pueden ser contratados tanto a su llegada como en sus países de origen. En este último caso, algunos empleadores e intermediarios recurren a la contratación de "trabajadores desplazados" para pagar salarios más bajos y/o mantener criterios deliberados de selección demográfica, como el sexo, origen o estatus migratorio. A menudo, estos inmigrantes no solo deben pagar para ser contratados, sino que también pueden ver reducido su salario para cubrir el seguro médico privado al comenzar a trabajar, ya que no están cubiertos por la seguridad social en el país donde laboran.
La investigación revela que 2,4 millones de personas migrantes trabajan cosechando frutas y verduras en Europa. Según las últimas estadísticas, representan una de cada cuatro personas empleadas en el sector, pero en realidad podrían ser muchos más. El informe subraya una violación sistémica de los derechos de los trabajadores migrantes según la legislación laboral y de derechos humanos de la Unión Europea en los nueve países estudiados. El estudio concluye que los casos de abuso, incluido el abuso sexual, las técnicas de intimidación y la violencia en respuesta a las huelgas son comunes en el sector agroalimentario europeo. Los trabajadores con permisos temporales o en situación irregular enfrentan un mayor riesgo de explotación debido a su situación laboral precaria. El caso más extremo registrado es el de jornaleros tailandeses que trabajan en Suecia entre 12 y 19 horas seis días a la semana.
El informe menciona otros factores que agravan la precariedad laboral, como los abusos de intermediarios, el trabajo a destajo –que lleva a la autoexplotación– y las imposiciones de mayoristas o supermercados, especialmente los pedidos de última hora. El alojamiento suele ser precario, superpoblado, caro y estar aislado de los núcleos poblacionales. Algunas trabajadoras han denunciado casos de chantaje sexual por parte de los supervisores de alojamiento. Hay trabajadores y trabajadoras que viven en asentamientos marginales improvisados que carecen de agua corriente, electricidad, calefacción y recogida de residuos, y donde existe riesgo de enfermedades e incendios, ya sean accidentales o provocados. Algunos trabajadores también se encuentran sin hogar. En general, el aislamiento al que son sometidos dificulta que las personas trabajadoras conozcan la lengua o la sociedad locales, lo que implica mayor vulnerabilidad frente al control ejercido por parte de los empleadores.
Recomendaciones
Como lo muestran los datos publicados en la investigación, los trabajadores migrantes del sector agrícola enfrentan múltiples desafíos en su vida cotidiana, especialmente en Europa, donde la situación es grave y estructural. Entre los problemas más críticos se encuentran la inseguridad laboral y salarial, el acceso limitado a servicios esenciales y la protección insuficiente contra los riesgos laborales. Estos problemas se agravan debido a la inestabilidad de su estatus jurídico y la discriminación sistémica, lo que dificulta su integración y bienestar en los países de acogida.
Además, las trabajadoras migrantes enfrentan retos adicionales relacionados con su salud sexual y reproductiva, afectando significativamente su vida personal y laboral. Para abordar estas dificultades, es crucial implementar cambios significativos a través de políticas y compromisos efectivos, tanto a corto como a largo plazo. Organizaciones como Oxfam han participado activamente en la lucha contra estas desigualdades y abusos de derechos humanos. En informe concluye presentando un enfoque integral que incluya:
El objetivo de estas acciones es crear un entorno de trabajo más justo y seguro para los trabajadores agrícolas migrantes en Europa, enfocándose en políticas que no solo mejoren las condiciones laborales, sino que también promuevan el respeto integral de los derechos humanos.
