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Un informe recientemente publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denuncia que el número de niños y niñas que no tienen acceso a servicios de protección social aumenta cada año. Lo cual implica que, actualmente, aproximadamente 1.500 millones menores en todo el mundo, están expuestos al riesgo de sufrir pobreza, hambre y discriminación. Asimismo, los expertos afirman que las tasas de cobertura de las prestaciones familiares disminuyeron en todas las regiones del mundo entre 2016 y 2020, lo que significa que ningún país está en vías de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible de aquí a 2030.
Más de mil millones de razones: UNICEF y la OIT advierten sobre la urgencia de construir una protección social universal para la infancia

La desprotección social de la infancia es un grave problema que afecta a millones de niños y niñas en todo el mundo. La falta de acceso a servicios básicos como la educación, la atención médica y la vivienda adecuada, así como la exposición a la violencia, la explotación y el abuso, son algunas de las formas en las que los niños pueden quedar desprotegidos. Además, la desprotección social puede manifestarse en la falta de protección legal y en la discriminación contra los niños en situaciones de pobreza, con discapacidad o pertenencia a grupos minoritarios. En muchos casos, los niños que viven en situaciones de desprotección social son víctimas de la trata de personas, la explotación laboral y sexual, y el reclutamiento forzado en conflictos armados.

El informe “Más de mil millones de razones: La necesidad urgente de construir una protección social universal para la infancia” elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) muestra un panorama muy poco alentador en el mundo entero. La desigualdad muestra su lado más cruel.  Según los datos obtenidos en la investigación, entre 2016 y 2020, alrededor de 50 millones de niños y niñas de 0 a 15 años no recibieron prestaciones básicas de protección social (en particular las prestaciones por hijo a cargo, pagadas en efectivo o a través de créditos fiscales), lo que situó el número total de niños y niñas menores de 15 años en esta situación en 1.460 millones a nivel mundial.

Cabe destacar que, cuando no reciben una protección social adecuada, los niños y las niñas están más expuestos a la pobreza, las enfermedades, la falta de escolarización y la malnutrición, y tienen más probabilidades de caer en las redes del matrimonio precoz y el trabajo infantil. La publicación muestra que las tasas de cobertura de las prestaciones familiares y por hijos a cargo disminuyeron o se estancaron en todas las regiones del mundo entre 2016 y 2020, lo que significa que ningún país está en vías de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de lograr una amplia cobertura de protección social de aquí a 2030.

A nivel mundial, los niños y niñas tienen el doble de probabilidades que los adultos de vivir en la pobreza extrema (aquellos que luchan por sobrevivir con menos de 1,90 dólares -PPA*- al día), aproximadamente 356 millones de niños y niñas. Un total de 1.000 millones de niños y niñas viven también en situación de pobreza multidimensional, es decir, carecen de acceso a la educación, la salud, la vivienda, la nutrición, el saneamiento o el agua. La cifra de niños y niñas en situación de pobreza multidimensional aumentó en un 15% durante la pandemia de COVID-19, lo que supuso un retroceso en los avances que se habían conseguido hasta entonces en la reducción de la pobreza infantil, subrayándose la necesidad urgente de otorgarles protección social.

El documento expone que en América Latina y el Caribe, la cobertura disminuyó de manera significativa de aproximadamente el 51% al 42%, mientras que en otras regiones se estancó o sigue siendo baja. En Asia Central y Asia Meridional; Asia Oriental y Asia Sudoriental; África subsahariana; Asia Occidental y África del Norte, las tasas de cobertura se sitúan alrededor del 21%, el 14%, el 11% y el 28%, respectivamente, desde 2016. Además, la pandemia puso en evidencia que la protección social es una respuesta fundamental en tiempos de crisis. Casi todos los gobiernos del mundo introdujeron nuevos programas de protección social o adaptaron con rapidez los regímenes existentes para apoyar a los niños y las familias, pero la mayoría no hizo reformas permanentes orientadas a garantizar una protección ante crisis futuras, según el informe.

Si bien existen diferencias por regiones y hay algunas latitudes a donde la problemática es aún más grave, el informe pone de manifiesto que todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo, tienen dos opciones: “una vía óptima”, o estrategia de inversión que fortalezca los sistemas de protección social; y “una vía fácil”, es decir, una estrategia que omita las inversiones necesarias y deje a millones de niños atrás.

La desprotección social de la infancia es un problema complejo y multifacético que requiere soluciones a largo plazo y un enfoque integrado que aborde todas las causas subyacentes del problema. Es importante que los gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil trabajen juntos para proteger los derechos de los niños y garantizar su bienestar y seguridad. En este sentido, con el objetivo de revertir esta tendencia negativa, la OIT y UNICEF instan a los responsables de la formulación de políticas a dar pasos decisivos para alcanzar la protección social universal para todos los niños y niñas, a través de medidas como las siguientes:

  • Invertir en las prestaciones por hijo a cargo, que son una manera demostrada y rentable de combatir la pobreza infantil y garantizar que los niños y niñas prosperen.
  • Proporcionar una serie de prestaciones por hijo a cargo mediante sistemas nacionales de protección social que, además, conecten a las familias con los servicios sociales y de salud esenciales, como una atención infantil gratuita o accesible de alta calidad.
  • Desarrollar sistemas de protección social basados en los derechos que tengan en cuenta las cuestiones de género y sean inclusivos y capaces de responder a las crisis para hacer frente a las desigualdades; y que ofrezcan mejores resultados para las niñas y las mujeres, los niños migrantes y los niños sometidos al trabajo infantil, por ejemplo.
  • Garantizar una financiación sostenible para los sistemas de protección social a través de la movilización de recursos nacionales e incrementando la asignación de presupuestos para la infancia.
  • Fortalecer la protección social para los progenitores y los cuidadores al garantizar el acceso a un empleo decente y prestaciones adecuadas, como las de desempleo, enfermedad, maternidad, discapacidad y jubilación.

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