La última edición del Ciclo de Encuentros Ageingnomics, organizado por la Fundación MAPFRE y Deusto Business School, estuvo centrada en analizaron la importancia de abordar desde lo público la imparable transición demográfica. Evidentemente, el bienestar de las personas está condicionado por el lugar donde residen y hacen su vida. Y en el caso de los mayores está claramente determinado por sus necesidades particulares en cuanto accesibilidad de espacios y oferta de servicios, derivadas de su menor autonomía y condición física. Es por esto, que es factible afirmar que el reto demográfico asociado al envejecimiento constituye un reto económico al que las diversas administraciones públicas deben dar respuesta para lograr territorios amigables con las personas adultas mayores.
Del encuentro participaron el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón; el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea y la directora general de políticas contra la despoblación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Juana López. Moderados por la directora de Seguros y Previsión Social de Fundación MAPFRE, Clara Bazán y por el director de Deusto Business School en Madrid, Iñaki Ortega. Este ciclo de encuentros forma parte de las actividades del Centro de Investigación Ageignomics puesto en marcha con el objetivo de trabajar para conseguir que España lidere una estrategia mundial para que el alargamiento de la vida suponga oportunidades para aquellos territorios que exploren nuevos nichos económicos, así como para divulgar una mirada positiva del cambio demográfico sobre la base de las oportunidades económicas y sociales que suponen el envejecimiento de la población.
En primer lugar, el alcalde de Zaragoza destacó que las ciudades deben repensar sus servicios públicos, su urbanismo y movilidad y dar respuesta a las necesidades de ese segmento de la población creciente de los mayores. Y en el caso de la capital aragonesa esta planificación se va a plasmar en una ordenanza municipal que tenga en cuenta, entre otros aspectos, los relacionados con la movilidad de los mayores. En su opinión las acciones relacionadas con la rehabilitación de viviendas y su accesibilidad junto a la eficiencia climática, también deben ser determinantes.
“Las políticas municipales deben incluir partidas específicas para fomentar el envejecimiento activo y el fomento de redes sociales que ayuden a evitar la soledad de las personas mayores, que es la auténtica epidemia de este siglo en las grandes ciudades que es un grave inconveniente para conseguir esa longevidad saludable y que genere beneficios en el conjunto de la sociedad”, señaló Azcón. El regidor añadió que los ayuntamientos tendrán que reflexionar sobre aspectos como el ocio de los futuros mayores, la salud y demanda de actividad física.
Durante el encuentro en el que se destacó el rol que tiene el sector público en la imparable transición demográfica, se recordó que la semana pasada la vicepresidenta Teresa Ribera anunció un Plan de medidas ante el Reto Demográfico que contempla una inversión superior a los 10.000 millones y que está destinado a combatir la despoblación y garantizar la cohesión económica y social. En este sentido, la directora general de políticas contra la despoblación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Juana López, defendió a lo largo de su intervención que ese plan es más importante que nunca. “Tenemos un territorio rural envejecido que necesita atención más que nunca y no solo en atención sanitara sino también en cultura, en ocio, en movilidad, etc”.
López defendió la colaboración en las políticas públicas para nuestros mayores explicando que ellos deben tener también voz en el desarrollo de medidas para lograr alianzas intergeneracionales. “Sabemos que solo con ese ejercicio de perspectiva conseguiremos una España cohesionada e inclusiva”. Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, destacó que la suya no es solo la comunidad autónoma más extensa y con menos densidad de población del país, sino que es también una de las regiones con un número más alto de mayores de 65 años, por lo que la gestión de las políticas tendentes a promover la economía del envejecimiento requiere de más esfuerzos. Asimismo, reflexionó sobre la importancia de dejar de hablar de los ciudadanos mayores con un tono paternalista “o en este caso, filialista. Son ciudadanos de pleno derecho y gente con criterio”.
Argumentó que es la hora de acometer inversiones en salud “para que la gente entienda la importancia de hacer ejercicio o de cuidar la mente, por ejemplo, pero parece que no se ganan elecciones cuidando la salud pública sino por desgracia abriendo un hospital. Pero debemos mantener a nuestros ciudadanos con mejores hábitos saludables”.
Todas y todos los ponentes coincidieron en destacar que las políticas dirigidas a hacer frente al progresivo aumento de la población sénior han puesto hasta la fecha el acento en la sostenibilidad de la sanidad pública y el sistema de pensiones. Sin embargo, opinaron que cada vez es más patente que las actuaciones sobre estos mecanismos de protección social tradicionales deben ser acompañadas de otras iniciativas más innovadoras y globales encaminadas a potenciar las oportunidades para la economía y el bienestar en torno a los mayores. Así, se mostraron a favor de la colaboración público-privada, junto a la creación de incentivos para el desarrollo de tecnologías y nuevas actividades empresariales dirigidos al colectivo sénior.
