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La entidad financiera se posiciona como una de las líderes del sector en las actuaciones para mitigar los efectos del cambio climático y como el primer banco cotizado que se convierte en “Carbon Neutral”, al compensar la totalidad de las emisiones calculadas derivadas de su actividad. Con este proyecto, se evitará la deforestación de más de 27.000 hectáreas forestales protegidas en el estado de Pará, en la Amazonía oriental.

El compromiso medioambiental de CaixaBank y particularmente con la lucha contra el cambio climático tiene ya muchos años. Esta es una de las entidades financieras líderes en su sector en la actuación para mitigar los efectos del cambio climático. La entidad defiende que la sostenibilidad debe estar integrada en el modelo de negocio de las organizaciones. Por esta razón, la estrategia medioambiental conforma uno los cinco ejes del Plan de Banca Socialmente Responsable de la entidad. CaixaBank está comprometido con el respeto a la sostenibilidad más allá de sus obligaciones legales y tiene la gestión medioambiental integrada en su actividad de negocio.

Desde el año 2009, la entidad presidida por Jordi Gual y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar ha reducido en un 80% las emisiones de CO₂ propias y en su Plan Ambiental 2019-2021 tiene el objetivo futuro de seguir reduciéndolas en un 14,5% adicional. En este sentido, CaixaBank se ha convertido en el único banco español cotizado que compensa la totalidad de las emisiones de efecto invernadero generadas y calculadas en su huella de carbono, lo que le convierte en entidad “Carbon Neutral”.

La compensación de emisiones mediante el apoyo a proyectos medioambientales supone  apoyar seis de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por la ONU en la Agenda 2030: acción por el clima (ODS 13), con la reducción de 380.000 toneladas de CO₂ anuales; vida submarina (ODS 14); la mejora de la calidad del agua; vida de ecosistemas terrestres, evitando la fragmentación y pérdida de ecosistema, así como protegiendo especies en peligro de extinción (ODS 15); trabajo decente y crecimiento económico mediante la generación de oportunidades de empleo para residentes locales (ODS 8); educación de calidad gracias a la formación entre la comunidad en el uso de técnicas agroforestales (ODS 4); y fin de la pobreza, con mejoras de las condiciones de vida de las comunidades locales (ODS 1).

La entidad financiera ha compensado las emisiones de CO₂ derivadas de su actividad durante 2019 con el apoyo a un proyecto en Brasil para proteger hectáreas de bosque amazónico en el estado de Pará. En concreto, la iniciativa se ubica en el Complejo Río Capim, en la Amazonía oriental, en una propiedad que incluye cinco áreas forestales: Río Capim, Poty, Cauaxi, Sumal y Caculé. El área del proyecto incluye 27.434,9 hectáreas de bosque, cuya deforestación se evitará gracias a la iniciativa apoyada por CaixaBank.

El año pasado, la entidad compensó las emisiones del ejercicio anterior a través de un proyecto ubicado en México consistente en generar energía limpia gracias al aprovechamiento de los desechos de las granjas porcinas de la zona de Sonora. Asimismo, CaixaBank participa en la reforestación de dos bosques ubicados en Montserrat (Barcelona) y Ejulve (Teruel), cuyos beneficios directos sobre el territorio se contabilizarán durante los próximos 40 años.

Asimismo, para la financiación de proyectos con impacto climático positivo, CaixaBank dispone de varias líneas específicas de ecofinanciación para proyectos de desarrollo sostenible. En 2019, CaixaBank participó en el mercado de préstamos verdes por importe de 1.546 millones de dólares. La entidad destaca también en la financiación de proyectos de energías renovables, que ascendió a un total de 2.453 millones de euros en 2019. 

También, la entidad realiza una cuidada gestión de los riesgos ambientales, para evitar, minimizar, mitigar y remediar en lo posible los riesgos potenciales para el entorno o la comunidad. En este sentido, el Consejo de Administración de CaixaBank aprobó en 2019 una Política de Gestión de Riesgo Medioambiental en la que se establecen exclusiones para sectores con potenciales impactos negativos en el medioambiente.  

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