Frente a las subvenciones y donaciones, donde no siempre se consigue optimizar al máximo las aportaciones, los bonos aportan un mayor control sobre todo en la transparencia y la rendición de cuentas, lo que los está convirtiendo en un instrumento fundamental para la puesta en marcha de iniciativas que contribuyen a la justicia social fuera del ámbito de la filantropía.
Los bonos de impacto social (BIS) funcionan, al igual que otros títulos de deuda, ofreciendo una tasa de retorno, pero esa ganancia está vinculada a un objetivo social o medioambiental. El concepto nació en 2010 en Reino Unido donde la consultora Social Finance junto con el Ministerio de Justicia británico utilizaron esta figura para hacer frente al problema de la reincidencia carcelaria juvenil. Se eligió la cárcel de Peterborough, una pequeña localidad al norte de Londres y su objetivo era lograr que 2.000 prisioneros que cumplieron una condena de menos de un año no volvieran a caer en el delito tras su liberación. En total, 17 instituciones aportaron unos cinco millones de libras (poco más de seis millones de euros). El gobierno británico propuso pagar los bonos solo si se alcanzaba una reducción de al menos 7,5% en la tasa de reincidencia. Se consiguió reducirla casi un 9%. Y el retorno para los inversores alcanzó el 3% anual durante los cinco años del bono.
En la actualidad hay más de 90 emisiones de bonos sociales en todo el mundo que suman una inversión cercana a los 26.000 millones de euros. Reino Unido ocupa el puesto número uno, con más de 30 BIS, seguido de Estados Unidos, donde hay cerca de una decena. Se rigen por los Principios de los Bonos Sociales (SPB por sus siglas en inglés) que recomiendan, entre otras cosas, el uso de indicadores cualitativos de rendimiento y, cuando sea factible, medidas cuantitativas de rentabilidad. A finales de 2013 se creó Threadneedle Fund, el primer fondo que invierte solo en BIS, fruto de una asociación entre Threadneedle, el gestor de activos del Reino Unido, y el Big Issue Invest.
En cuanto a los bonos de impacto en el desarrollo (BID), una especie de adaptación de los BIS, una de sus características es que “en los países cuyos gobiernos aún no tienen recursos suficientes para financiar más servicios públicos, los organismos donantes pueden hacer los reintegros a los inversores en su totalidad o en parte cuando se hayan demostrado los resultados. Los BID constituyen una plataforma para las asociaciones de desarrollo entre los organismos privados, públicos y sin fines de lucro, lo que les otorga incentivos y la flexibilidad de trabajar en conjunto para mejorar las vidas de algunas de las personas más vulnerables y de mayor pobreza del mundo”, según especifica el Centro para el Desarrollo Global, un think tank orientado al desarrollo internacional fundado en noviembre de 2001.
Uno de los primeros y quizá el más importante es el Children’s Investment Fund Foundation (CIFF). Con la fundación UBS Optimus como principal inversor y canalizado por la ONG Educate Girls, su objetivo es reducir la brecha educativa de género en un distrito rural de Rajastán (India). A punto de cumplir sus tres años, sus resultados están siendo evaluados por una firma independiente, IDinsight, según la cual el programa ha inscrito al 44% de todas las niñas no escolarizadas identificadas. El objetivo final del programa es mejorar la educación, directa e indirectamente a través de mejoras generales en las escuelas seleccionadas, para 15,000 niños, 9,000 de ellos niñas, en 166 escuelas en 140 aldeas en el distrito de Bhilwara. Rajastan fue elegido ya que tiene indicadores especialmente negativos para la educación de las niñas. Si se alcanza, UBS Optimus obtendrá un 15% de rentabilidad en esta inversión.
Respecto al impacto humanitario, la pionera ha sido Cruz Roja Internacional. Su Comité Internacional puso en marcha hace seis meses este innovador sistema para transformar la forma de financiar los servicios prestados a las personas con discapacidades que viven en países afectados por conflictos. Su Programa de Inversión de Impacto Humanitario, aunque no es exactamente un bono, funciona de un modo similar, ha conseguido 22 millones de euros del sector privado con los que se van a construir tres centros de rehabilitación física en zonas de conflicto de Mali, Nigeria y la República Democrática del Congo. “Tenemos nueve inversores, el mayor de los cuales es Munich Reinsurance, mientras que los restantes cuentan con el apoyo de la banca suiza Lombard. Obtendrán unos beneficios del 7% anual si el programa funciona de manera excepcional, pero pueden perder el 40% de su capital si es un completo fracaso. Como en otras inversiones financieras los participantes han sopesado los riesgos y las potenciales recompensas”, explicó Tobias Epprecht, jefe de esta iniciativa durante su presentación el pasado mes de septiembre en Ginebra.
