Debida Diligencia

El avance de la sostenibilidad empresarial a nivel global es constante: cada vez hay más organizaciones que se responsabilizan de su impacto medioambiental y social. Así lo demuestran los datos del último Índice de riesgo y rendimiento de la sostenibilidad empresarial que hemos publicado en EcoVadis con datos recolectados a lo largo de 2022. A nivel mundial, la sostenibilidad avanza más de un punto y supera la barrera de los 50 puntos, impulsada principalmente por Europa y los países de la OCDE. España sigue esta tendencia y mantiene un buen ritmo de avance global en los distintos aspectos de la sostenibilidad evaluados, alcanzando una puntuación promedia de 54,6.

En su primera reunión anual, el Clúster de Impacto Social -liderado por Forética y compuesto por más de 50 empresas- ha desarrollado su sexta edición abordando las implicaciones para las compañías de los avances regulatorios europeos en materia de debida diligencia, taxonomía social o reporte de sostenibilidad.

Más de 100 organizaciones de la sociedad civil y sindicatos exigen al Gobierno cumplir su compromiso de aprobar la ley que obligue a las empresas a respetar los derechos humanos y el medio ambiente. Este proyecto de ley está incluido en el Plan Normativo Anual de 2022 y en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030.

El Observatorio de RSC organizó el pasado 31 de marzo una jornada sobre la aplicación en la empresa de la debida diligencia en materia de derechos humanos. Como punto de partida se presentó la Guía de "Derechos Humanos para empresas para la aplicación de la debida diligencia y el reporting", que ha elaborado el Observatorio de RSC y posteriormente hubo un debate sobre los retos que supone la aplicación de procesos de debida diligencia desde diversas perspectivas. Esta Guía es una ayuda a la empresa con orientaciones básicas para conocer a fondo qué es la debida diligencia corporativa en materia de derechos humanos y cómo aplicarla.

ECODES ha realizado el primer estudio sobre empresa y derechos humanos centrado en el IBEX 35 a partir de la metodología del Corporate Human Rights Benchmark. Ante la próxima entrada en vigor de la nueva ley europea en materia de debida diligencia, la organización ha buscado analizar la situación del sector privado empresarial en España respecto de esta cuestión. Entre las principales conclusiones que emergen de la investigación se destaca que la mayoría de las compañías de nuestro país cuenta con compromisos claros y explícitos con los derechos humanos y laborales tanto para sus operaciones como para la cadena de suministro. Sin embargo, se observa que falta un compromiso público y explícito con la remediación de impactos en las operaciones propias y la cadena de suministro.

El día de hoy, 24 de junio, se ha presentado esta nueva iniciativa que tiene como objetivo unir fuerzas para exigir al gobierno una ley que responsabilice a las empresas españolas de los impactos sobre los derechos humanos y medioambientales. De la misma forman parte 12 organizaciones de la sociedad civil, que representan a más de 570 entidades.

El Parlamento francés ha aprobado la ley que establece la obligación del deber de vigilancia para las empresas matrices y subcontratantes. Se ven afectadas alrededor de 100 grandes compañías francesas. Esta legislación que adopta Francia supone un avance importante para la Responsabilidad Social Empresarial/Corporativa (RSE/RSC), ya que significa un mayor nivel de protección y respeto de los derechos humanos y el medio ambiente por parte de las corporaciones