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La Comisión Europea presentará después del verano la propuesta de nueva directiva sobre Gobierno Corporativo Sostenible, que incluye la debida diligencia en materia de derechos humanos y medioambiente a lo largo de la cadena de valor.

Ya en el mes de marzo, el Parlamento Europeo publicó un informe que contiene las recomendaciones sobre el contenido de la directiva. El texto reconoce que las normas voluntarias en materia de debida diligencia presentan limitaciones y no han logrado avances significativos en la prevención de los abusos de los derechos humanos y del medioambiente, ni en la habilitación de las víctimas al acceso a la justicia. El informe, incorpora importantes novedades como la introducción de la responsabilidad para las empresas matrices por los daños producidos por sus subsidiarias y un mejor acceso a la justicia para las víctimas de todo el mundo por acciones de empresas europeas, o que actúen en los países miembros, que se hayan producido fuera de la Unión Europea (UE). El texto contempla sistemas sancionatorios y multas para aquellas empresas que, de manera directa e indirecta, a través de sus relaciones comerciales, violen los derechos humanos.

Estamos ahora en un momento muy propicio para que también el gobierno español empiece a regular la debida diligencia de sus empresas, siguiendo el ejemplo del legislador europeo.  Algunos países de la región tienen iniciativas ya en marcha, como es el caso de Francia (único país con una ley aprobada desde 2017), o de Alemania y Holanda que tienen propuestas que se están discutiendo en el parlamento.  Los países con legislación nacional en vigor o en proceso de adopción, están mejor situados para influir en los debates sobre las normas de la UE, basándose en su propia experiencia y en las lecciones aprendidas, y pueden convertirse en una fuente de inspiración para los responsables políticos de la UE y la ONU (por ejemplo, la ley francesa ya está dando forma a los debates a nivel de la UE y de la ONU). Demuestran que se toman en serio la promoción de una economía más responsable y sostenible, y son percibidos como una voz autorizada en este campo.

En España, según el reciente informe del Observatorio de RSC, “La Responsabilidad Social Corporativa en las empresas del IBEX 35 referente a 2019”, la información que aportan las empresas del IBEX 35 sobre la gestión del riesgo sobre los derechos humanos es claramente insuficiente y tiene un amplio margen de mejora.

El análisis realizado por el Observatorio de RSC destaca que, pese a que cada vez son más las empresas del IBEX 35 que cuentan con políticas formales de respeto de los derechos humanos, sin embargo, aún son pocas las empresas (13 en 2019) las que llevan a cabo un proceso de identificación de riesgos sobre los derechos humanos ligados a su actividad, siendo este el primer paso en el proceso de debida diligencia que será exigido por la nueva legislación que está por llegar. También, el informe destaca el incumplimiento de medidas abordadas por la Ley 11/2018 de información no financiera y diversidad. De hecho, hay aspectos sobre los que ninguna empresa informa (desglose de riesgos a corto, medio y largo plazo, o medidas para mitigar, gestionar y reparar los posibles abusos).

Es necesaria una ley que obligue a las empresas a informar sobre sus actividades y desarrollar planes de debida diligencia que cubra toda su cadena de valor. La futura normativa debe incentivar el cumplimiento de estos planes, e imponer sanciones e infracciones en caso contrario. De esta manera se podrá prevenir las vulneraciones sobre los derechos humanos y medioambientales antes de que se produzcan.   La normativa también debe incluir el acceso al remedio para las víctimas, invirtiendo la carga de la prueba en favor de esta última, así como ampliar su ámbito de aplicación, extendiendo las obligaciones a todas las empresas que operen en España, independientemente de que sean españolas o extranjeras.

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