Existen diferentes definiciones acerca de qué son los Derechos Humanos, según la óptica a través de la cual lo analicemos. La teoría crítica los define como “procesos de lucha por la dignidad humana”. Por su parte, la teoría tradición explica que los derechos humanos son “estándares básicos que garantizan la dignidad y la igualdad de todas las personas, y se han consagrado a nivel internacional en documentos fundamentales como la Carta Internacional de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos”. Pero, ¿qué tienen que ver los DD. HH con las empresas?
El sector empresarial, a través de su actividad, puede generar un impacto muy importante sobre ellos. Si la compañía tiene un rol comprometido y, por ende, el balance es positivo, se puede observar que esta crea empleos, suministra productos y servicios que las personas demandan y proporciona ingresos fiscales al Estado. En el lado negativo, sin un compromiso de protección de los derechos humanos y su implementación a través de los procedimientos, sistemas y mecanismos necesarios, pueden surgir grandes transgresiones, como condiciones laborales precarias con salarios de pobreza, instalaciones de trabajo peligrosas e insalubres o el despojo de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas para la explotación de sus recursos físicos.
Evidentemente, la empresa tiene un rol social importante. En primer lugar, por el impacto que genera en la comunidad en la cual se inserta y, en segundo lugar, en la incidencia sobre el conjunto de personas con las cuales opera, tanto en su plantilla como en toda su cadena de suministro. Aunque parezca absurdo decirlo, es preciso recordar que las empresas las conforman personas y simplemente por eso la cuestión de los Derechos Humanos tiene un rol trascendental.
Con el objetivo de paliar las posibles vulneraciones, las empresas en nuestro país están obligadas a publicar anualmente un Estado de Información No Financiera. Un requisito que en los próximos meses se verá refrendado por la nueva legislación europea que se está terminando de perfilar, y que obligará a todas las compañías a conducir procesos de debida diligencia. Con esta nueva reforma muchas corporaciones deberán hacer ajustes en sus sistemas de gestión de riesgos y en la manera en que informan sobre estos y sus impactos. En este contexto, y previendo el nuevo escenario que vendrá, ECODES ha realizado el primer estudio sobre empresa y derechos humanos centrado en el IBEX 35 a partir de la metodología del Corporate Human Rights Benchmark (CHRB).
La metodología CHRB se basa en los estándares internacionales de derechos humanos y genera una serie de indicadores generales y específicos de sector, que permiten un análisis detallado y profundo de las políticas y prácticas empresariales en materia de Derechos Humanos. En la actualidad, este tipo de análisis solo incluye a dos empresas españolas (Repsol e Inditex). El estudio abarca todas las empresas del IBEX 35, incluyendo análisis de sectores previamente excluidos del proceso de estudio. De este modo, han examinado la calidad de los compromisos relacionados con derechos humanos, la responsabilidad de la gestión, la implementación de un sistema de debida diligencia, y de mecanismos de reclamación y remedio.
Dentro de las principales conclusiones que emergen de esta importante investigación se destaca, en primer lugar, que las compañías cuentan con compromisos claros y explícitos con los derechos humanos y laborales tanto para sus operaciones como para la cadena de suministro. Se da una relación con los grupos de interés afectados, fundamentalmente empleados, sin embargo, se observa que a menudo falta un compromiso público y explícito con la remediación de impactos en las operaciones propias y la cadena de suministro.
En segundo lugar, los expertos de ECODES advierten que la debida diligencia, o al menos su comunicación, es la asignatura pendiente en la mayoría de los casos. Las organizaciones informan sobre acciones llevadas a cabo en relación a los derechos humanos, pero fallan en clarificar si se hace de forma consistente con los Principios Rectores de Naciones Unidas. Aunque gran parte de las empresas consultadas parecen llevar a cabo alguna evaluación de posibles impactos, por lo general no hay información sobre un proceso profundo. La Directiva Europea que se encuentra en fase de aprobación hará obligatorio que las empresas lleven a cabo procesos de debida diligencia. Aunque existe una cantidad de texto significativa destinada por las Compañías a explicar la gestión de riesgos e impactos en derechos humanos, tradicionalmente ha costado conseguir puntos en los indicadores de éste área debido a los detalles específicos que se espera por parte de los informes de las empresas.
Por su parte, el estudio afirma que el IBEX 35 tiene mecanismos de reclamación, e informa en parte sobre reclamaciones relacionadas con derechos humanos. A pesar de ello, no suele haber información disponible sobre si se asegura de que los empleados en distintos países pueden acceder en sus propias lenguas a los mismos, o sobre si realiza evaluaciones del funcionamiento de los mecanismos de reclamación o acerca de las reparaciones realizadas en caso de vulneración. Finalmente, cabe mencionar que la puntuación media ha sido de 8,9 puntos sobre 26 posibles, siendo los sectores de petróleo-energía y tecnología-telecomunicaciones los que más puntuación han obtenido.
Tras analizar los resultados que arroja la investigación, es evidente que aún queda un largo camino por recorrer en temas de compromisos, debida diligencia y mecanismos de reclamación para muchas de las principales empresas españolas, al menos, en términos de comunicación pública acerca de éstos. Será cuestión de esperar y ver cómo la nueva legislación que está por venir afectará a la forma en que las empresas no sólo comuniquen, sino actúan en relación a los derechos humanos, ¿Estarán las empresas a la altura de las circunstancias?
