Más de 100 organizaciones de la sociedad civil y sindicatos exigen al Gobierno cumplir su compromiso de aprobar la ley que obligue a las empresas a respetar los derechos humanos y el medio ambiente. Este proyecto de ley está incluido en el Plan Normativo Anual de 2022 y en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030.
La Plataforma por las Empresas Responsables insta al Gobierno a aprobar la ley española de Debida Diligencia

El Gobierno de España tiene una deuda pendiente con el desarrollo sostenible: aprobar la ley de Protección de los Derechos Humanos, de la Sostenibilidad y de la Diligencia Debida en las Actividades Empresariales Transnacionales. Ante la inacción estatal, organizaciones de la Plataforma por las Empresas Responsables (PER), en representación de más de 100 organizaciones de sociedad civil, y sindicatos, con una base social de más de cuatro millones de personas, han exigido al Gobierno cumplir con su compromiso de aprobar dicha ley antes del fin de esta legislatura.

Las organizaciones, preocupadas ante la falta de respuesta del Estado se han concentrado ante el Palacio de la Moncloa donde han entregado una carta dirigida al presidente del gobierno de España, a las vicepresidentas y ministerios proponentes y co-proponentes Sr. D. Pedro Sánchez, Sra. Dña. Nadia Calviño, Sra. Dña. Yolanda Díaz, Sra. Dña. Teresa Ribera, Sra. Dña. Ione Belarra y Sr. D. Alberto Garzón, exigiendo que se aceleren los trámites para aprobar la ley y cumplir así con los compromisos asumidos. Además, han desplegado una pancarta con el lema “Derechos para las personas, reglas para las empresas. Por una ley YA”, en señal de descontento.

Referentes de la Plataforma por las Empresas Responsables afirman que es urgente que España apruebe esta ley para exigir que las empresas cumplan con sus responsabilidades en materia de derechos humanos y medio ambiente en cualquier lugar del mundo. La ley también es crucial para garantizar la reparación a las víctimas de sus abusos o negligencias. Cientos de miles de personas están sufriendo las consecuencias de actuaciones empresariales que violan derechos humanos y que suponen graves problemas medioambientales en todo el mundo. Esas personas no pueden esperar más. Seguir demorando el proceso de tramitación de la ley perpetúa una situación extrema, sin consecuencias para las empresas ni reparación para las víctimas.

Hay sobrada evidencia que prueba que las acciones de las empresas en cualquier lugar del planeta tienen un importante impacto en los derechos de las personas y el medioambiente. La creciente globalización de las cadenas de valor hace urgente y necesario establecer normas claras para que las empresas asuman sus responsabilidades en la prevención, mitigación o reparación de cualquier vulneración de los derechos humanos o medioambientales. Sin embargo, no existe en España una ley al respecto, quedando a la voluntariedad de las empresas.

Pese a existir un anteproyecto de ley redactado desde mayo de 2022, no se ha avanzado en los trámites y esta situación pone en riesgo real la aprobación de la ley. Motivo por el cual se ha definido llevar a cabo esta acción incidencia política y presión al gobierno durante la cual se ha leído un manifiesto se registró la carta abierta dirigida al Gobierno y a los ministerios proponente y co-proponentes de la ley, exigiendo que se inicien los trámites para aprobar la ley y cumplir así con los compromisos asumidos. 

En el acto han participado en el siguiente orden Rebeca Collado, vocal junta directiva de REDES/Enlázate por la Justicia, José Díaz de Argote, empresas y RSC de Entreculturas, Martin Iriberri, director de Alboan, Ricardo Loy, secretario general de Manos Unidas/Enlázate por la Justicia, Alberto Abad presidente de CECJ, Gerardo Ríos, empresas y derechos humanos Amnistía Internacional, Cristina Muñoz, directora de Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Eva Saldaña directora ejecutiva de Greenpeace, Sara García, secretaria de acción sindical y empleo de USO, Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de RSC y Franc Cortada, director de Oxfam Intermón.

Entre los mensajes del manifiesto se ha insistido en que “es urgente pasar de las palabras a los hechos. La oportunidad está sobre la mesa, el proyecto está redactado y ahora hay que trabajar para que siga adelante; avanzar en la dirección correcta es cuestión de voluntad. Los derechos humanos de miles de personas están en juego y la protección del medioambiente también. La oportunidad para cambiar el rumbo está en manos del Gobierno. La oportunidad de cambio es real y es ahora.  “

Así como que “las personas afectadas en sus derechos humanos y el medioambiente no pueden esperar más. España podría sumarse a países como Francia y Alemania que ya cuentan con legislaciones estatales al respecto, y convertirse así en un referente de liderazgo y promoción de los derechos humanos y el medio ambiente, haciendo de ello una insignia de las empresas españolas en el exterior y un sello distintivo de la Presidencia Española de la Unión Europea en 2023”, incidiendo en el proceso de negociación del borrador de Directiva de Debida Diligencia de las Empresas en Materia de Sostenibilidad, presentado por la Comisión Europea en febrero de este año.

Empresas como Prosegur, denunciada por intimidación, coacción y discriminación a líderes sindicales, y vulneraciones de derechos laborales y sindicales como el derecho de huelga y a la negociación colectiva en países como Brasil, Colombia, Perú y Paraguay; o CAF, cuya construcción del tren ligero en territorio palestino ocupado ilegalmente por Israel contribuye a violaciones de derechos humanos de la población palestina; o el proyecto de la hidroeléctrica de ACS en Guatemala, que afecta a una población de 29.000 indígenas quekchí, todos ellos denunciados ante el Punto Nacional de Contacto de la OCDE,  son algunos de los ejemplos documentados de cómo la falta de una ley de debida diligencia, que obligue a las empresas a prevenir, identificar, mitigar y rendir cuentas de su impacto, puede tener graves consecuencias sobre la población y el medio ambiente en algunos países.

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