El día de hoy, 24 de junio, se ha presentado la Plataforma por las Empresas Responsables que representa a más de 570 organizaciones de sociedad civil y que demandan la aprobación de una ley en España que obligue a las empresas a actuar con la debida diligencia con el fin de garantizar el respeto de los derechos humanos y medioambientales en el ejercicio de sus actividades y a lo largo de su cadena de valor. Las organizaciones que conforman la plataforma son: Alboan, Anesvad, Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Amnistía Internacional, Coordinadora de ONGD (550 organizaciones), Economistas sin fronteras, Enlázate por la Justicia (6 organizaciones), Entreculturas, Fundadeps, Greenpeace, Observatorio de la RSC (12 organizaciones) y USO.
Desde esta iniciativa afirman que España debe tener voz propia si quiere ser tomada en serio en la promoción de una economía sostenible y responsable. Para esto, las organizaciones de la Plataforma por las Empresas Responsables abogan por una ley con cinco elementos clave:
La regulación de la debida diligencia sobre empresas y derechos humanos y medioambientales ha entrado de lleno en las agendas públicas de muchos países europeos. No solo la UE está trabajando en una directiva de debida diligencia en materia de derechos humanos y medioambientales, cuyo primer borrador se presentará después de verano. También países de nuestro entorno han aprobado legislación en la materia (Francia, Alemania y Noruega) y otros tienen procesos abiertos, como Holanda, Austria, Bélgica y Luxemburgo. En esta línea, Isabel Tamarit del Observatorio de RSC indica que: “España no puede estar a la expectativa de lo que dicte la UE. Los países con legislación nacional en vigor o en proceso de adopción, están mejor situados para influir en los debates sobre las normas de la UE o del Tratado Internacional de Naciones Unidas y además demuestran que se toman en serio la promoción de una economía más responsable y sostenible”.
La plataforma advierte que las empresas multinacionales operan en contextos donde la vulneración de los derechos de los trabajadores es frecuente. 2020 ha sido el peor año para los derechos laborales y la libertad sindical en todo el mundo. En el 85% de los países se ha vulnerado el derecho a la huelga y en un 72% los trabajadores no tienen acceso a la justicia, o lo tienen restringido. También en 2020, 331 defensores de derechos humanos fueron asesinados y el 70% de ellos relacionados con la defensa del agua, la tierra o la defensa de los pueblos indígenas, frente a un conflicto con empresas involucradas. Al respecto, Marta Mendiola de Amnistía Internacional sostiene que: “Es necesario garantizar a las víctimas el acceso a la justicia y a la reparación efectiva por los abusos de derechos humanos y medioambientales sufridos. Las víctimas se enfrentan a barreras que hoy hacen esto casi imposible por los plazos de prescripción, los costes procesales, o los tribunales y la legislación a aplicar. Es urgente adoptar medidas para poner fin a la impunidad de las empresas cuando cometen violaciones de derechos humanos”.
La ausencia de normativa vinculante que defina las obligaciones de las empresas y que aseguren el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos y medioambientales, ha llevado a una situación en la que existen importantes lagunas de responsabilidad. Las empresas se han beneficiado de la posibilidad de operar en países donde no existen o no están debidamente garantizadas las leyes que protegen los derechos humanos y el medioambiente.
Las organizaciones socias de la Plataforma advierten que las empresas de nuestro país no son una excepción. Tal como señalan, existen casos documentados de vulneración de derechos debido a la mala práctica de alguna de nuestras empresas.
Esta vulneración de derechos humanos y medioambientales pone de manifiesto la necesidad de una regulación de la debida diligencia. Tampoco las iniciativas voluntarias como medio para evitar las vulneraciones de los derechos humanos y medioambientales están siendo suficientes. Según Almudena Moreno de Alianza por la Solidaridad-ActionAid, “las iniciativas voluntarias de responsabilidad social son insuficientes por sí solas para evitar las vulneraciones de derechos humanos y medioambientales, quizás mejoran la conducta empresarial, pero las limitaciones son claras porque las empresas no están obligadas legalmente a prevenir daños y enfrentan pocas o ninguna consecuencia cuando estos se producen." Unido a esto, la defensa de los derechos humanos está a la cola de las políticas corporativas en España. Sólo 13 empresas del IBEX 35 realizaron en 2019 una identificación de riesgos y de impactos en los derechos humanos ligados a su actividad, siendo este el primer paso de un proceso de debida diligencia.
* Accede a las peticiones y a la propuesta técnica de la Plataforma por las Empresas Responsables.
