
La Ley General de Discapacidad (LGD) en su artículo 42 establece que “Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2 por 100 sean trabajadores con discapacidad”. Esta ley -que sustituye a la antigua LISMI- sigue siendo una gran desconocida para muchas empresas y en algunos casos, se convierte en un dolor de cabeza para los directores de Recursos Humanos que tienen que gestionarla e implementarla. Desde Fundación Randstad llevamos 17 años asesorando a las empresas sobre el cumplimiento de esta normativa. La búsqueda de perfiles con discapacidad que encajen en la empresa no es una tarea sencilla.

Hay que dar un paso más y tiene que ser en forma de ley que especifique las infracciones y las sanciones de las empresas que vulneran derechos humanos y ambientales. Da igual si lo hacen en territorio nacional o fuera. Así lo creen la docena de organizaciones no gubernamentales, que en realidad representan a más de 570, unidas en la Plataforma por Empresas Responsables. Quieren presionar al Gobierno desde la sociedad civil para que, más allá de la voluntariedad o no de quienes llevan las riendas de las grandes compañías, estos derechos sean insoslayables para cualquier negocio con sede dentro de nuestras fronteras.

El comienzo del siglo XXI supuso el espaldarazo mundial a las microfinanzas. El año 2005 fue declarado Año Internacional del Microcrédito por parte de la ONU y, en 2006, Yunus obtuvo el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su labor en favor de los más desfavorecidos de Bangladesh y por su papel en la fundación y gestión del banco. Aunque la suya no fue la única iniciativa de este tipo, sí la que logró mayor notoriedad y la que se convirtió en un icono del microcrédito y en el ejemplo que seguir.

La discriminación de las mujeres en España persiste en varias áreas en el ámbito laboral: –la tasa de actividad de las mujeres está 13 puntos por debajo de la de los hombres; las mujeres sufren en mayor medida el desempleo y tienen que trabajar más para ganar el mismo salario, percibiendo un 16,9% menos al año que los varones por trabajos de igual valor; en el ámbito familiar, la maternidad afecta a su entrada y permanencia en el mercado laboral, y su dedicación al hogar y a la familia es aún tres veces mayor que la de los hombres–. Este balance sigue haciendo necesario continuar impulsando activamente medidas tendentes a cerrar la brecha de género.