Hay que dar un paso más y tiene que ser en forma de ley que especifique las infracciones y las sanciones de las empresas que vulneran derechos humanos y ambientales. Da igual si lo hacen en territorio nacional o fuera. Así lo creen la docena de organizaciones no gubernamentales, que en realidad representan a más de 570, unidas en la Plataforma por Empresas Responsables. Quieren presionar al Gobierno desde la sociedad civil para que, más allá de la voluntariedad o no de quienes llevan las riendas de las grandes compañías, estos derechos sean insoslayables para cualquier negocio con sede dentro de nuestras fronteras.
La responsabilidad con los derechos humanos y ambientales, cuestión de ley para más de 500 organizaciones

A comienzos de siglo XXI, se presentaba en Madrid la iniciativa Global Compact de la ONU, con la presencia del entonces secretario general Kofi Anan. En aquel evento no faltaba ni una sola de las grandes empresas, incluidas las que están hoy el IBEX 35, todas dispuestas a apoyar e implicarse en una responsabilidad social corporativa (RSC) que entonces daba sus primeros pasos. Veinte años después, apenas 13 de las 35 hablan de los impactos de su actividad en los derechos humanos.

Desde entonces es una realidad que el panorama ha mejorado, dado que se partía de la nada: hoy no hay gran empresa que no tenga un departamento de RSC . Es algo que forma pate de su buena imagen pública. Pero, también indiscutiblemente, hay demasiado abuso de un término que en muchas ocasiones se utiliza con ligereza, demasiado ligado al márketing y que escapa del control, sobre todo si la compañía es cuestión se ‘escapa’ de la legislación nacional o europea y deja de tener cortapisas en países cuyos gobiernos son mucho más permisivos con las vulneraciones de derechos y los impactos ambientales. ¿Y qué pasa cuando éstos se producen, es decir, cuando no se practica la llamada ‘debida diligencia’? Nada. No pasa nada cuando una empresa de las que tienen su sede en España seca un acuífero en El Salvador, se hace con el cauce de un río en Guatemala, construye un tren ligero entre asentamiento ilegales de israelíes en territorios palestinos y Jerusalén o importa carbón proveniente de minas en bosques tropicales de Borneo para generar nuestra luz.  No hay ley que pueda impedirlo.

La nueva Plataforma por las Empresas Responsables, conformada por 12 socios entre los que están Greenpeace, Amnistía Internacional, Alianza por al Solidaridad, el sindicato USO, Entreculturas y otras entidades, plantea al Gobierno “la urgencia” de un giro en esta situación. “Es el momento de obligar a prevenir, mitigar y reparar los impactos de las actividades empresariales. En el 85% de los países se vulnera el derecho a la huelga y sólo el 2020 hubo 331 asesinatos de líderes, el 69% por conflictos generados por el uso de recursos naturales, pero luego no hay culpables ni condenas. El tiempo de la voluntariedad de la responsabilidad ha pasado y no bastan las certificaciones de buenas prácticas porque la buena voluntad no evita vulneraciones de derechos humanos”, destacaba Miguel Angel Soto, de Greenpeace España, en la presentación de un manifiesto al que animan a adherirse a todo tipo de ONGs, empresas, científicos y particulares.

Almudena Moreno, de Alianza por la Solidaridad-Action Aid,  incidía en que en esta economía global que vivimos, con estándares legales bajos en muchos países, las empresas se van donde los costes son más bajos para sus cuentas de resultados, ya sea para de forma directa o indirecta a través de subcontratas o como subcontratistas. Y mencionaba el caso de la hidroeléctrica que el grupo Cobra (ACS), que ha construido una hidroeléctrica en Guatemala para una empresa del país, colapsando un río y afectando a 29.000 indígenas . “La opción actual en España para denunciar de algún modo estos casos es el Punto Nacional de Contacto del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En este Punto, tras una denuncia de Alianza, se determinó que ACS debía pedir disculpas y hacer o exigir un  informe de impacto ambiental de toda la obra, que antes se hizo fraccionado, pero no es un órgano sancionador ni hace seguimiento de que se cumplan sus recomendaciones. En la propuesta para una ley pedimos que, además de sanciones, haya una autoridad pública independiente que supervise el cumplimiento de la ley de debida diligencia y haga seguimiento de los planes que las empresas deben tener sobre este tema, una autoridad que no debe depender el mismo ministerio que promueve la competitividad empresarial”, argumentaba.

Otros puntos fundamentales de la propuesta son precisamente la  obligatoriedad de estos planes de debida diligencia empresarial con los derechos humanos y ambientales y que haya  una responsabilidad civil frente a los daños que se producen (sean en el país que sean); que los tribunales españoles sean competentes para juzgar denuncias a empresas españolas, también fuera del territorio nacional; que sea la empresa quien debe probar que no hubo daños, y no al contrario, como ocurre ahora;  y que deban realizar un informe anual transparente, fundamental para acceder a convocatorias y recursos públicos, a los que estarían vetados a quienes incumplan la norma.

La Plataforma, que cuenta con la web www.empresasresponsables.org para recabar más adhesiones a la exigencia de esta ley, recuerda que ya figura como uno de los compromisos del actual Gobierno y que no se puede esperar a que se apruebe una directiva europea en este sentido, tal como ha solicitado el Parlamento Europeo y ya está en estudio. Afirman que esa directiva no debe ser excusa para no cumplir lo prometido. “Pero necesitamos fuerza para incluir este tema en la agenda política, generar una ola de apoyos y conocimiento”, reconocía Isabel Tamarit, del Observatorio de la RSC.

Casos como el de la empresa vasca CAF, que construye para Israel un tren ligero destinado a la Palestina ocupada, que enlazará Jerusalén con asentamientos ilegales de israelíes, son emblemáticos de las vulneraciones de derechos humanos, como recordaba Marta Mendiola, de Amnistía Internacional, que con otras ONG ha denunciado el asunto ante la ONU.  “Luego entras en su web y ves que CAF dice que tiene política de RSC, código de conducta de respeto de los derechos humanos, sistema de control de riesgo..”, indicaba Mendiola. “Está claro que no basta lo que tenemos y hay que seguir los pasos de otros países como Francia, Noruega o Alemania, donde ya está vigente una ley similar, o Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, donde ya se trabaja otras”.

De hecho, las organizaciones firmantes han mejorado las normativas vigentes en esos otros países, dado que han detectado algunas lagunas, con objeto de que sea “muy garantista” y defienden que debe aprobarse antes de dos años, dadas las presiones en aumento sobre numerosos territorios, sus poblaciones y su entorno.

También hay presiones en Bruselas contra la futura directiva. Recientemente InfoLibre publicaba que empresas como Inditex, Bayer o Total están ya haciendo ‘lobby’ para ‘dulcificar’ una regulación de su debida diligencia en cuestión de derechos fundamentales que ya fueron aprobados en Naciones Unidas en 1948. Por otro lado, un reciente informe científico de 50 expertos internacionales recordaba que el 77% de la tierra del planeta (excluyendo la Antártida) ya está afectada por actividades humanas, a lo que se suma el impacto del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

Para adherirse a la Plataforma por Empresas Responsables, hay que contactar a través de la web: www.empresasresponsables.org

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