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La Ley General de Discapacidad (LGD) en su artículo 42 establece que “Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2 por 100 sean trabajadores con discapacidad”. Esta ley -que sustituye a la antigua LISMI- sigue siendo una gran desconocida para muchas empresas y en algunos casos, se convierte en un dolor de cabeza para los directores de Recursos Humanos que tienen que gestionarla e implementarla. Desde Fundación Randstad llevamos 17 años asesorando a las empresas sobre el cumplimiento de esta normativa. La búsqueda de perfiles con discapacidad que encajen en la empresa no es una tarea sencilla.
LGD, creando oportunidades para las personas con discapacidad

Lo más adecuado, desde el inicio del proceso, es identificar posibles necesidades de adaptación al puesto de trabajo, las características formativas indispensables y /o de apoyo que el candidato pueda requerir en el momento de su incorporación para que la misma sea un éxito. Sin embargo, no podemos pensar que una vez que la persona ya forma parte de nuestra plantilla, el proceso ha acabado. Comienza una labor fundamental de acompañamiento, en la que tiene que estar implicada la dirección de la compañía, realizando una política de acogida a la diversidad dentro de la empresa. Estas medidas ayudarán a eliminar los prejuicios iniciales que puedan existir entre los empleados, con jornadas informativas, de sensibilización y participación de todos los empleados. La inserción de las personas con discapacidad es una empresa es mucho más que un número, es una forma de enriquecer nuestro ámbito laboral.

Por este motivo, debemos medir el impacto positivo de la incorporación de la persona con discapacidad dentro de la empresa y evaluar el antes y el después. Durante nuestra amplia experiencia, en Fundación Randstad, hemos analizado el cambio de escenario que se produce después de este tipo de integración. Se experimente una mejora significativa del clima laboral y del orgullo de pertenencia de los empleados en la empresa.

En algunas ocasiones, ya sea por el momento por el que se encuentra la empresa, la especialización de los perfiles de sus empleados o múltiples circunstancias, la empresa debe solicitar el certificado de  excepcionalidad. Esta medida significa el cumplimiento de la ley a través de las distintas medidas alternativas y concretamente, a través de la donación a proyectos de inserción laboral, que hacen posible que miles de personas con discapacidad puedan mejorar su formación, habilidades y competencias para poder acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones.

En Fundación Randstad trabajamos por la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y facilitamos a las empresas el asesoramiento, la experiencia y la confianza para desarrollar las políticas de diversidad e integración de la discapacidad. Cada año contamos con la confianza de diferentes empresas -más de 1.300 durante el último año- que nos ayudan a que las personas con discapacidad se integren en el mercado de trabajo.

En 2020, a pesar de las circunstancias vividas por el Covid, Fundación Randstad ayudó a más de 3.550 personas con discapacidad a mejorar su empleabilidad y su inclusión, facilitando más de 2.000 contratos de trabajo. Con estos números nos damos cuenta que  la LGD es mucho más que una ley de obligado cumplimiento sino que es la forma de construir una oportunidad para muchas personas que desean integrarse en el mercado laboral. 

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