El lamento de vivir en una sociedad dormida no es nuevo. El avance del individualismo de la sociedad occidental conlleva una alienación de los asuntos sociales, los comunes, como si fuera una modernidad. En cambio, cada vez estamos más amordazados por los poderes fácticos que se van consolidando.
La apuesta de las compañías globales por la RSC se debe en buena medida al "miedo" a salir perjudicadas. La RSC no es más que un mal menor de la globalización para dichos poderes, algo inevitable. Pero éstos juegan con un "tanto" a su favor: saben que una cosa es quejarse y otra, muy distinta, que la gente a nivel individual tome iniciativas que les perjudique.

La falta de grupos de presión y órganos de escrutinio, veedurías en definitiva, sobre dichos poderes fácticos no puede atribuirseles. Es culpa de esta sociedad dormida, no de ellos. Como de tantos otros asuntos, todo el mundo se siente capaz de atizar verbalmente, pero no de actuar inteligentemente y con orientación a un fin concreto.

No es que no existan grupos de presión en Europa o Norteamérica, los hay con formas muy variadas: ONG, observatorios, sindicatos, índices bursátiles, etc. Pero la mayoría de ellos no son eficaces, ya sea porqué son parciales o bien porqué no llegan a quien tienen que llegar para que tome partido: la ciudadanía en cuanto que agente activo de premio y castigo.

Es por ello que iniciativas como las veedurías ciudadanas cobran tanta relevancia, al menos en potencia.

Martín Santos nos comentaba hace unos días de un informe de una veeduría ciudadana argentina sobre Cargill. Poco a poco van quedando atrás los años en qué las veedurías ciudadanas nacieron en países como Ecuador, Colombia o Venezuela como órganos de control de la corrupción de los gobiernos locales. Esta función, que deben lógicamente mantener y potenciar, no debe ser la única, aunque siga costando incluso la vida a gente valiente que opta por un activismo individual (ver por ejemplo el caso de Ospino Castrillón que nos refieren en el blog Ciudadanía y Constitución, así como la situación en general de las veedurías ciudadanas en Colombia).

Pero las funciones de las veedurías ciudadanas, independientes, deben ampliarse a todos los agentes sociales. Siempre a partir de la iniciativa de personas individuales, con nombres y apellidos, que asuman el reto.

Habrá quienes sonrían con complicidad a ONG, sindicatos u otras veedurías corporativas. Incluso habrá quienes se conforten por su existencia... porque eso les exime de su propia responsabilidad. Que en Europa o EEUU no haya veedurías ciudadanas (al menos que me conste) no responde a qué haya menos necesidad que en Latinoamérica. Al contrario, seguramente es donde haga más falta, pues es donde se hornean los pasteles.

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