En este sentido, según el informe Motivaciones y expectativas sobre el mercado laboral de las personas con discapacidad, que hemos elaborado en Fundación Randstad junto con Randstad Research, sólo el 45% de las personas encuestadas con discapacidad considera accesibles los entornos laborales. Es un dato que nos obliga a mirar con honestidad una realidad incómoda: la accesibilidad laboral sigue siendo una asignatura pendiente.
Aunque las personas encuestadas sí que tienen una valoración alta del grado de inclusión de las nuevas tecnologías, aún queda camino para que las empresas estén preparadas para adaptarlas completamente y hacerlas realidad. Productos como ordenadores, televisores y smartphones reciben valoraciones de accesibilidad superiores al 60%, mientras que los entornos laborales, el comercio físico o los centros educativos siguen siendo percibidos como inaccesibles por una parte significativa de la población.
De hecho, cuando se pregunta si existen medidas y recursos suficientes para garantizar la accesibilidad y el desempeño eficaz en el trabajo, solo el 37% responde afirmativamente. Un 17% los considera insuficientes y un 46% directamente afirma que no existen.
Asimismo, el 56% de las personas encuestadas señala la falta de transporte accesible como una barrera para llegar al lugar de trabajo, y un 43% afirma que los espacios de trabajo no están adaptados. Esto significa que, incluso cuando hay voluntad de contratar, muchas personas siguen sin poder incorporarse físicamente al empleo por barreras estructurales que podrían evitarse.
El último dato que confirma esta tendencia es revelador: un 32% afirma que nunca ha visto adaptaciones físicas como accesos, baños o señalización en su entorno laboral, y sólo un 8% dice que estas medidas están siempre presentes.
En este contexto, la entrada en vigor de la Ley de Accesibilidad Digital 2025, que transpone la Directiva Europea 2019/882 (Acta Europea de Accesibilidad), marca un punto de inflexión. Esta normativa obliga a que productos y servicios digitales —como sitios web, apps o terminales de autoservicio— sean accesibles para todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad. Aunque su foco es lo digital, esta ley representa un cambio de paradigma: la accesibilidad ya no es opcional, es una obligación legal. Y lo más importante, abre la puerta a que esta exigencia se extienda también a los entornos físicos, favoreciendo una transformación más profunda y estructural en las empresas.
Y es que la accesibilidad no es un regalo, es la base. Es lo que permite que una persona pueda estar, participar, contribuir. Y no se trata solo de cumplir con la normativa, sino de entender que cada mejora en el entorno es una puerta que se abre al talento. Porque una empresa accesible no solo es más justa, es más rica en perspectivas, más humana en su cultura, más innovadora en sus soluciones.
De hecho, desde Fundación Randstad, creemos que la accesibilidad debe ser estructural, no puntual. No basta con adaptar una sala o un salón de actos o una entrada si el resto del edificio sigue siendo una barrera. No sirve de nada tener una rampa si el baño no es accesible. La inclusión empieza en el diseño, en la planificación, en la escucha activa de quienes viven estas barreras cada día y en nuestra cultura empresarial
Los datos nos indican que, aunque ya hay mucho construido todavía nos queda camino por recorrer para conseguir la inclusión real de las personas con discapacidad en el entorno laboral.
La buena noticia es que cambiar esta realidad es posible. Requiere voluntad, y, sobre todo, empatía. Escuchar, entender, actuar. Porque cada paso que damos hacia la accesibilidad es un paso hacia una empresa más diversa, más justa y preparada para el futuro.
