La concienciación y el compromiso en materias ambientales y sociales es una demanda creciente que la ciudadanía pide a las empresas. Y es que la solidaridad respecto al resto del planeta y la preocupación por su futuro se ha postulado como una pieza clave del pensamiento y del modo de obrar en el siglo XXI. Las empresas saben que proyectar una imagen de responsabilidad aumenta la confianza de sus clientes, sus inversores y de todos sus públicos de interés. Pero sin unas bases preestablecidas y cimentadas de gobernanza, es imposible alcanzar los objetivos fijados en materia medioambiental y/o social.
El Buen Gobierno Corporativo es la tercera pata del ESG, (un acrónimo que resume lo descrito en el párrafo anterior por las siglas en inglés de Environmental, Social & Governance). Las prácticas del Buen Gobierno se refieren al conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una compañía. Actualmente, cuando se abordan estas cuestiones, se tiende a situar el foco sobre las sociedades cotizadas, por su necesidad de reforzar la confianza de sus estructuras y del funcionamiento de sus órganos de gobierno, para poder operar con garantías en los mercados de valores.
De esta manera, la implementación y aplicación de un código de Buen Gobierno es aval y garantía del crecimiento sostenible de una empresa. Si se establece de forma adecuada, fomenta la confianza de los inversores, facilita el acceso al crédito extranjero, atrae talento y supone una clara mejora en la imagen de marca. Es decir, es la fórmula adecuada para mejorar y transformar a las compañías en cuanto a negocio, sostenibilidad y competencia.
Son varios los factores que se han de cuidar para una gobernanza adecuada, entre ellos, la participación en la junta general de accionistas, la transparencia, la lucha contra la corrupción y el fraude, o la prevención y tratamiento de conflictos de intereses, etc. En definitiva, todos los aspectos que impactan en la cultura corporativa, así como en la imagen (que debe estar completamente alineada con la idiosincrasia) que perciben los stakeholders clave para las empresas: clientes, sociedad en general, empleados, proxys, inversores o el propio regulador.
Es evidente que muchos de estos factores se cuidan en las empresas sin la necesidad de una guía o una referencia al Buen Gobierno. Aun así, establecer una estrategia conjunta es, sin duda, un valor diferencial que facilita ese alineamiento entre lo que demanda y espera la sociedad por parte de las compañías. De hecho, la Ley de Sociedades de Capital impone una serie de obligaciones en esta materia; y, por otra parte, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha establecido una serie de recomendaciones en su Guía de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas, actualizada hace solo dos años.
En la actualidad y, dado el creciente valor que ha adquirido el Buen Gobierno en el ecosistema empresarial, ya existe una certificación de Buen Gobierno Corporativo en España, desarrollada por AENOR. Esta certificación se ha elaborado en base a la metodología del Índice de Buen Gobierno, creada por Villafañe & Asociados, basada en la normativa legal europea y en el código de la CNMV, y busca precisamente reconocer a las empresas que han implementado una buena praxis de la gobernanza.
La certificación es un índice sobre una base de 1.000 puntos que está integrada por un conjunto de indicadores que, a su vez, se integran en nueve variables. Estas abarcan cuestiones como la composición y el funcionamiento del Consejo de Administración, la Junta General de accionistas, medidas de anticorrupción y fraude, o sostenibilidad y gobernanza, entre otras. Cada indicador tiene unos criterios que le asignan distintas puntuaciones, ponderadas según la relevancia de las materias, lo que da una cifra final que califica la situación de la compañía.
Esta certificación se postula como la posibilidad de disponer de un sistema de evaluación objetivo, una calificación por un tercero independiente que acredite el nivel del Buen Gobierno Corporativo y una mejora de la información pública e identificación de las principales áreas de crecimiento. Del mismo modo, supone el inicio de un camino en el que las soluciones estén orientadas a potenciar el Buen Gobierno de las organizaciones, reflejando el nivel de compromiso de los órganos de gobierno con la estrategia, el aporte de valor y la sostenibilidad, tan necesarias en la sociedad actual.
