Una gran cisterna de agua señala el lugar del sistema de agua en el municipio de Tacuba, en El Salvador. Allí están Miriam Delmi y Carmen Rojas. Dos mujeres, de unos 50 años, campesinas, dos de las #DesTieRRRadas de la ONG Alianza por la Solidaridad. “El agua es nuestra vida y nos la quieren quitar. Pero nos hemos armado de valor para defender lo que es nuestro derecho humano al agua. No somos cobardes, sólo pobres. Ayúdennos como mujeres porque no nos dejaremos quitar la nuestro y necesitamos apoyo”. Con esta frase Miriam da la bienvenida a su cantón, en un espacio rodeado de maizales secos y algunas matas de café.
Grifos que manan agua y derechos en El Salvador

No deja de ser irónico que en un país tradicionalmente lluvioso, la escasez de agua sea hoy uno de los grandes problemas nacionales. El cambio climático, que bajará hasta un 40% su producción agrícola para 2050, según auguran, da idea del desastre que tienen encima. Hace apenas unos días hubo muertos por inundaciones, mientras las sequías se ceban cada año en algunas regiones. Si se suma que el 96% de sus aguas superficiales están contaminadas y que la explotación de acuíferos por grandes empresas tiene escaso control (es un gran exportador de caña de azúcar, que en parte nos endulza el café en la UE), extraña menos que este recurso sea hoy uno de los ejes del conflicto social salvadoreño.

Tacuba, declarado “territorio de comunidades indígenas” en la Asamblea Legislativa en 2018, es el hogar de Miriam y Carmen, pero también un caso paradigmático de estas batallas. Hace ya 12 años que comenzó el conflicto por este recurso en siete de sus pequeñas comunidades campesinas. Mucho antes, en 1995, sus líderes campesinos, como los ‘siete enanitos’ del cuento, habían trabajado duro para conseguir fondos internacionales con el fin de crear un sistema de agua que permitiera tener suministro en sus hogares. Ningún gobierno se había acordado de ellos, a las puertas del siglo XXI. Ya era hora de saber lo que era un grifo.

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Bajo un emparrado, Miriam y Carmen va desgranando recuerdos. “Todos trabajamos duro para tener el agua, dejábamos las ‘milpas’ (parcelas de maíz) para caminar muchas horas hasta llegar al manantial y trabajar, hombres y mujeres. Los hijos pasaban hambre, pero queríamos tener agua en casa. Luego, las comunidades creamos un consejo para el manejo del sistema. Pero en 2007, el alcalde de Tacuba decidió apropiárselo y ponernos contadores en las casas. Todos nos movilizamos y salimos a cerrar la carretera y defender lo nuestro”, relata Miriam. “Es una situación que se ha repetido en varios lugares. El Estado no cubre un servicio básico y cuando la gente lo consigue, quieren quitárselo. Las comunidades lo entienden como un robo porque es suyo”, explica Karen Ramírez, del Foro del Agua de El Salvador, que acompaña en esta visita y ha sido uno de los acompañantes en este conflicto.

Para evitar su desalojo, mientras los miembros de la junta de agua se escondían, las mujeres montaron un punto de resistencia en las instalaciones del sistema de agua. Cientos de agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), un cuerpo de antidisturbios de la policía salvadoeña, trató de expulsarlas, sin conseguirlo. Al final, frenaron su desalojo.

Aquello no rindió al alcalde, que les denunció por aquella gestión comunitaria del agua, iniciando una batalla judicial que mantuvo ‘empantanado’ el conflicto hasta 2016, cuando el político logró que la Corte Suprema autorizara la detención de seis los líderes. Fueron encarcelados durante siete días, lo que generó nuevas protestas. “Eran gente mayor, a los que sacaron de casa en pijama; de aquello, mi marido enfermó y sufrió un derrame cerebral. Desde entonces me tengo que ocupar sola de sacar adelante la familia”, apunta Carmen. 

Ahora, el caso está pendiente de resolución y de que la Fiscalía General del Estado renuncie a seguir con el proceso. “Fuimos muchas mujeres las que salimos en la defensa del agua. Nosotras nos encargamos del sistema cuando ellos no estaban y la defenderemos hasta la muerte porque detrás de nosotras tenemos hijos y nietos y bisnietos. Yo he tenido 10 hijos. Y lo más importante: es una lucha que nos ha unido en una misma red de apoyo cuando nunca antes habíamos sabido de nuestros derechos”, apunta Carmen. A sus 55 años, nunca pensó que llegaría a ser acusada de ‘mala mujer’: “Nos decían que dormíamos en las instalaciones del sistema de agua porque íbamos a buscar hombres, que nos tentaba el diablo y éramos mujeres callejeras”.

Nada las detuvo. En el caso de Carmen, aquella red de apoyo surgida en torno al agua que mana de los grifos, comenzó a manar también otros derechos, a conocer una realidad que le era ajena, a sentirse menos sola: “Mi marido, que es uno de los líderes hoy pendientes de juicio, no me había hecho tampoco fácil la vida. En el pasado ‘le he sufrido un sin fin de pegarme’. Pero ahora aprendí sobre mis derechos y ya no se atreve a humillarme. Ahora le respondo. Perdí el miedo que tenía desde que me casé con 14 años, sobre todo tras ir a unas charlas sobre nuestros derechos como mujeres. Con el tema del agua ‘agarramos’ valor, abrimos los ojos a otras realidades”.

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