Aprovechando el momento político en que los partidos andan enfrascados en la discusión de programas, creemos que puede ser un buen momento para presentar nuestras propias propuestas, elaboradas desde la RSC
Nuestro programa de gobierno

Por Ramiro Feijoo. Observatorio de RSC

Ofrecemos aquí un breve resumen a modo de guión o esquema del documento más elaborado, “ Propuestas públicas y RSC. Propuestas de políticas públicas para el fomento de la responsabilidad social ”,  que enviamos a la mayoría de los partidos el pasado mes de octubre y que nos sirvió de base para un animado debate dentro de nuestros ciclos “Diálogos para la Acción”. Hablamos de propuestas que en su mayor parte implican la introducción de nuevos reglamentos públicos (a menudo no precisarían ni siquiera ser elevadas a leyes) y de políticas de penalizaciones e incentivos en las empresas que supondrían en el corto plazo (¡antes del medio plazo!) un avance sustancial en el desarrollo sostenible, la cohesión social, la equidad y el cuidado del medioambiente, con además bajísimos requerimientos presupuestarios. Desde nuestro punto de vista, tanto en alcance como en coste, suponen una gran diferencia en relación a muchas de las propuestas que hoy en día protagonizan el debate político. Nuestra intención es, por tanto, que en poco tiempo puedan pasar a primera línea de la discusión partidista:

Partimos de la convicción de que la RSC no son sólo aquellas medidas que pueden tomar las empresas de manera voluntaria, sino que esta puede y debe ser promovida desde los poderes públicos. La RSC no es sólo la ética que se desarrolla más allá del cumplimento de las leyes, en la cual los gobiernos no alcanzan a tener un papel específico, sino que la RSC puede ser implementada mediante un conjunto de reglamentos, penalizaciones e incentivos que deben ser llevados a cabo, promovidos y vigilados por los poderes públicos. La concepción según la cual el comportamiento de la empresa es sólo un asunto interno nos parece trasnochada. Por el contrario, la RSC parte de la convicción de que el comportamiento de las empresas y sobre todo de las grandes corporaciones traspasa ampliamente las fronteras de lo privado para tener enormes repercusiones en la sociedad y el medioambiente. Por tanto hablamos de un asunto social, pero también medioambiental que requiere de soluciones globales y políticas de amplio espectro en el que los gobiernos a todos los niveles tienen que tener una voz y unas orientaciones específicas y decididas. Los poderes públicos no pueden en ningún caso sustraerse a su responsabilidad en el control y canalización positiva de los impactos de las empresas. 

Sentado el punto de partida, nuestras propuestas se resumen en los siguientes diez capítulos:

1. El Estado debe fijar un marco regulatorio que obligue a las empresas a presentar una información completa, contrastable, verificable y cuantificable de su actividad, pues la rendición de cuentas y la transparencia son dos de los cimientos fundamentales de la responsabilidad de la empresa hacia todos los grupos de interés.

  • Esta información debe ser obligatoria para todas las empresas de más de 250 trabajadores, no sólo para aquellas superiores a 500 como lo es hasta ahora, pero además debe fijar unos mínimos de obligado cumplimiento en los criterios de información para que esta sea realmente completa y un enfoque no solamente cualitativo sino también cuantitativo de la información a suministrar.

La información financiera debe incluir facturación, número de empleados y beneficios y desglosarse por país, así como operaciones intragrupales entre empresas participadas y entre empresas participadas y la matriz,  con el objetivo de reducir los espacios para la elusión fiscal que permite, entre otros factores, que a día de hoy las grandes empresas paguen un 7,3% sobre beneficios en concepto de impuesto de sociedades. * 

  • Se debe realizar un solo informe anual que incluya todos los aspectos de la gestión: económico-financiero, de gobierno corporativo y de sostenibilidad (o RSC). Ello romperá la inercia cultural dominante que presupone que esos aspectos representan unidades inconexas o, lo que es peor, prioricen la información financiera sobre el resto.
  • Exigencia de responsabilidades y penalizaciones por falseamiento u ocultación de información y un adecuado nivel de seguimiento y supervisión.

 

2. Dentro de los impactos externos de las empresas resalta el capítulo de la fiscalidad, tema candente tanto en términos sociales como económicos, pues los enormes volúmenes de elusión fiscal actual están suponiendo un gravísimo drenaje en los recursos públicos. La lucha contra el fraude debe suponer una absoluta prioridad de los gobiernos, de manera que han de ponerse todos los recursos posibles materiales y humanos para su drástica reducción. En este sentido:

 

  • Los poderes públicos deben de luchar en los foros internacionales por una política fiscal homogénea.
  • Los poderes públicos deben luchar por aclarar y definir la doble imposición. 

3. El espíritu de las leyes de gobernanza debe pasar de estar basado en un modelo de empresa financiera o productiva a entenderse la corporación como un organismo con fuertes impactos en la sociedad y el medioambiente. En esta dirección proponemos:

 

  • Necesidad de regular especialmente el capítulo de las remuneraciones, ligándolas a la gestión y basándolas en un principio de sensata proporcionalidad entre todos los trabajadores, lo cual coadyuve a la cohesión social interna y externa.   
  • Regulación rigurosa y medios materiales y humanos para los mecanismos de supervisión, que mediante penalizaciones o incentivos puedan revertir la conversión en papel mojado de políticas como por ejemplo la equidad de género.
  • Regulación de las responsabilidades de los administradores o gestores de la empresa para que en caso de delitos económicos no se difuminen las responsabilidades y se puedan ejecutar sentencias firmes.  
  • Universalidad de la regulación, que no sólo afecte a las empresas cotizadas, sino a todas aquellas multinacionales que actúan en el país y escapan actualmente a la normativa. 

4. A día de hoy la contratación pública supone aproximadamente el 18,5% del PIB en España. El impacto económico, social y medioambiental que tiene esta es, por tanto, inmenso. Debidamente canalizado puede redundar muy favorablemente, directa e indirectamente, en la cohesión social, la sostenibilidad, la equidad y el desarrollo local. En esta línea proponemos:

 

  • Una “ley de contratación pública” en la que todas las contrataciones deban incluir criterios sociales y medioambientales además de económicos.
  • Un régimen de castigos en forma de disminución o apartamiento de la posibilidad de acceder a contratación pública de aquellas empresas que se hayan comportado irresponsablemente tanto en el exterior como en el interior del país.
  • Un régimen de premios o incentivos para aquellas empresas que se hayan comportado responsablemente mediante mayores posibilidades de acceder a la contratación pública.
  • Para evitar sospechas de trato de favor los instrumentos de calificación de las empresas deben evitar la subjetividad y ser transparentes, como por ejemplo los propuestos por la Economía del Bien Común. 

5. Fomento de la inversión socialmente responsable (ISR) de las entidades bancarias mediante la obligatoriedad de informar al cliente sobre la aplicación de criterios de RSC bonificaciones a los requerimientos de recursos propios  por parte del Banco de España o Banco Central Europeo en base a criterios de sostenibilidad del proyecto que la entidad bancaria financie a través del crédito u otro tipo de inversión.

6. El Estado debe actuar como activador del fomento de la RSC en nuestro país. Para ello proponemos las siguientes medidas:

  • Introducción de la RSC en la educación. En la enseñanza superior la asignatura de RSC es todavía minoritaria, aunque abogamos por la introducción de esta no como una asignatura separada sino como transversal a todas las materias económicas. En la enseñanza secundaria se podrían incluir también materias como el consumo responsable. 
  • Campañas de sensibilización y difusión.
  • Control de la publicidad irresponsable y engañosa.  
  • Asesoría técnica a las PYME para la implantación de la RSC en su empresa. 

7. Para la extensión de la RSC en la empresa española se condicionarán las ayudas o se premiará con exenciones fiscales a aquellas corporaciones que se hallan comportado responsablemente en el desempeño de su actividad.

 

  • Las ayudas en los diversos planes para la internacionalización de la empresa española (CESCE, ICEX, COFIDES, COMINVER, PROINVEX…) deben estar supeditados a la responsabilidad social de esta y a la implementación real de planes de diligencia debida y acceso a remedio.
  • La oferta de una mejor fiscalidad para aquellas empresas que se hallan comportado debidamente, y que lo acrediten previamente, será un instrumento, aliciente o incentivo importante para la extensión de la RSC en el empresariado español.

 

8. Facilitar el acceso a remedio a aquellos actores afectados por la actividad de una empresa española gracias a la asunción por derecho de la extraterritorialidad de los crímenes contra los Derechos Humanos y el Medioambiente. En este sentido, el Código Penal o Civil debe extender la responsabilidad jurídica de las empresas para que estas puedan ser declaradas responsables de delitos cometidos en otros países.  

9. En un contexto globalizado la RSC es también un empeño internacional.

 

  • El gobierno español debe abogar y luchar en los foros internacionales, especialmente el europeo, por la implantación de una mayor regulación de la RSC.
  • Apoyo a la legislación responsable en países en vías de desarrollo mediante ayudas económicas, técnicas o institucionales de los organismos españoles.

 

10. Desarrollo y promoción de los Territorios Socialmente Responsables. Según el Comité Económico y Social Europeo, los TSR son aquellos territorios que orientan su desarrollo hacia la sostenibilidad, integrando desarrollo económico, social y medioambiental. Se trata de crear ciudades o regiones comprometidas con la competitividad, el desarrollo sostenible, la responsabilidad social, la democracia de proximidad, la multilateralidad y/o el policentrismo.

Estas son nuestras propuestas lanzadas desde el Observatorio de RSC, para que sean tenidas en consideración por el nuevo gobierno y que se pueden consultar en su forma más elaborada en el citado documento

[1] http://economia.elpais.com/economia/2015/11/05/actualidad/1446736411_365173.html

 

 

 

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