La política energética internacional atraviesa una transformación acelerada. Así lo recoge el informe State of Energy Policy 2026, elaborado por la Agencia Internacional de la Energía, que analiza más de 6.500 medidas adoptadas en 84 países y documenta cambios en más de 200 ámbitos regulatorios vinculados a la energía.
Según este organismo, la sucesión de crisis recientes —desde la pandemia de la COVID-19 hasta la crisis energética de 2022 y los actuales conflictos geopolíticos— ha obligado a los gobiernos a reforzar sus estrategias para garantizar el suministro, contener precios y mejorar la resiliencia de sus sistemas energéticos.
Uno de los datos más relevantes del informe es el crecimiento del gasto público. Tal y como señala la Agencia Internacional de la Energía, la inversión gubernamental en energía se ha duplicado desde 2019, superando los 405.000 millones de dólares en 2025.
La mayor parte de estos recursos se ha destinado a infraestructuras energéticas, energías renovables, eficiencia energética, fabricación avanzada y medidas para favorecer el cambio hacia combustibles más sostenibles. Además, antes de la reciente escalada de tensiones en Oriente Medio, ya se preveía que este nivel de inversión se mantuviera estable hasta 2030.
El informe también revisa el impacto de la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania en 2022. En ese contexto, los gobiernos destinaron cerca de 220.000 millones de dólares a apoyar a consumidores. Sin embargo, según la Agencia Internacional de la Energía, solo una cuarta parte de estas ayudas se dirigió específicamente a los hogares más vulnerables, lo que aumentó la presión sobre las finanzas públicas.
Esta crisis impulsó además nuevas medidas de emergencia, especialmente en el ámbito del gas natural. Un total de 30 países —que representan más del 40% de las importaciones globales— reforzaron sus requisitos de almacenamiento estratégico para hacer frente a posibles interrupciones del suministro.
Otro de los focos clave del análisis es la creciente preocupación por la dependencia de minerales críticos y las cadenas de suministro de tecnologías energéticas. La Agencia Internacional de la Energía destaca que cerca de un tercio de las políticas relacionadas con estos recursos se han aprobado en los últimos cinco años, en respuesta al aumento de restricciones a la exportación de materiales esenciales para la transición energética.
En este contexto, Laura Cozzi, directora de Sostenibilidad, Tecnología y Perspectivas del organismo, advierte que “las decisiones actuales tendrán efectos duraderos en los sistemas energéticos”, subrayando la necesidad de equilibrar las respuestas a corto plazo con los objetivos climáticos a largo plazo.
A pesar de algunos avances —como el refuerzo de estándares de eficiencia en 15 países—, el informe detecta señales preocupantes. En particular, se han producido retrasos y retrocesos regulatorios, sobre todo en el transporte por carretera, que podrían frenar las mejoras previstas en eficiencia energética.
Estas decisiones, aunque buscan aliviar cargas a corto plazo, podrían aumentar la vulnerabilidad de hogares y empresas ante futuras subidas de precios de la energía, según advierte la Agencia Internacional de la Energía.
Finalmente, el informe apunta que la actual crisis vinculada al conflicto en Oriente Medio podría abrir una nueva fase de políticas energéticas, con paralelismos con las respuestas adoptadas tras las crisis del petróleo de los años 70. En un escenario cada vez más complejo, la Agencia Internacional de la Energía seguirá monitorizando la evolución de las políticas públicas a través de su plataforma global, con el objetivo de analizar cómo los gobiernos afrontan los desafíos energéticos de la próxima década.
