En un contexto internacional de creciente alarma climática, con temperaturas sin precedentes y una sucesión de sequías, incendios e inundaciones tanto en España como en el resto del mundo, el Observatorio de Sostenibilidad acaba de hacer balance del grado de implementación de las medidas impulsadas por la primera Asamblea Ciudadana para el Clima celebrada en el país en 2022. Tal y como recuerda la entidad —según informa el propio OS— la Asamblea se convocó 20 meses después de que el Gobierno declarara la emergencia climática en 2020, y reunió a 100 personas seleccionadas por criterios sociodemográficos para debatir durante seis sesiones.
Pese a los problemas de diseño, organización y seguimiento señalados por el Observatorio, aquel proceso ciudadano elaboró 172 recomendaciones dirigidas al Ejecutivo. Tres años después, el análisis publicado ahora permite trazar un mapa claro de su evolución: el 10% de las propuestas muestra un retroceso evidente, un 42% permanece en avance nulo, otro 42% presenta progresos puntuales, un 4% refleja avances relevantes y únicamente un 1% puede considerarse en fase de cumplimiento.
Entre las medidas que retroceden figuran cuestiones clave como la movilidad compartida, la reutilización del agua en edificios, la regulación de las emisiones electromagnéticas, la creación de bancos de tiempo, las políticas de decrecimiento, la transición hacia una agricultura agroecológica, la reducción de fertilizantes químicos, el límite al desarrollo de campos de golf o la protección del medio rural frente a actividades contaminantes. También se identifican retrocesos en la evaluación ambiental rigurosa de los proyectos renovables y en la definición de una zonificación que proteja ecosistemas de alto valor.
Por el contrario, los avances —aunque insuficientes— se concentran en dos ámbitos: la mejora de la calidad del aire en las ciudades y el impulso a exigir criterios ambientales a productos importados equivalentes a los aplicados en la Unión Europea. Una recomendación concreta, la nº 88, relativa a un pacto de Estado por el clima, ha recibido la valoración de “avances puntuales” al haberse retomado recientemente el debate político en torno a ella.
El OS detalla además que los mayores retrocesos se concentran en áreas como alimentación, consumo y ecosistemas, mientras que los avances más significativos se observan en propuestas relacionadas con el trabajo y los modelos de consumo. La valoración ha sido realizada por el equipo investigador del Observatorio.
Desde la entidad se advierte que la intensificación de la crisis climática exige reforzar la participación ciudadana y convertirla en un pilar central de la toma de decisiones. En palabras de Carlos Alfonso, coordinador de programas y contenidos del OS y autor principal del informe, “hubiera sido necesario constituir un comité de seguimiento y asignar presupuestos específicos para implementar cada recomendación”. A ello se suma la reflexión de Fernando Prieto, también miembro del Observatorio, para quien resulta “imprescindible convocar una nueva asamblea ciudadana, más representativa y transparente, cuyas propuestas se traduzcan en políticas públicas con financiación y mecanismos claros de rendición de cuentas”.
La conclusión del informe es contundente: las recomendaciones de la Asamblea Ciudadana para el Clima no han sido integradas de forma efectiva en las políticas públicas. Por ello, el Observatorio de Sostenibilidad defiende la necesidad de instaurar asambleas permanentes y con mayor capacidad de incidencia institucional, especialmente en un momento en el que la adaptación y la reducción de emisiones requieren respuestas urgentes.
Entre las propuestas finales, el OS plantea diez pasos para mejorar futuras asambleas:
El OS insiste en que reforzar la participación ciudadana no es solo una cuestión democrática: es una herramienta imprescindible para responder con eficacia a la emergencia climática.
