El documento alerta de que, pese a los esfuerzos realizados en la última década para ampliar la matrícula escolar en todos los niveles, la realidad sigue siendo alarmante: cerca de la mitad de los 12,4 millones de menores refugiados en edad escolar permanecen fuera del sistema educativo, lo que equivale a unos 5,7 millones de niños y niñas sin acceso a este derecho básico.
“Se han hecho enormes esfuerzos para aumentar la matriculación en todos los niveles para las personas refugiadas, pero aún queda mucho por hacer”, subraya Filippo Grandi, Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, en el prólogo del informe.
El informe evidencia que las personas refugiadas afrontan mayores obstáculos de acceso a la educación en comparación con menores de comunidades de bajos ingresos en los países de acogida. Entre las principales barreras figuran limitaciones legales, currículos desconocidos, dificultades idiomáticas, falta de reconocimiento de estudios previos y restricciones económicas. Se trata de factores que perpetúan la exclusión y agravan la desigualdad.
La educación, recuerda ACNUR, no es un privilegio sino una herramienta esencial de protección y autonomía. Negarla supone vulnerar derechos fundamentales y comprometer el futuro de comunidades enteras.
Aunque se registran progresos en la matrícula de niñas refugiadas —con leves incrementos en primaria y pasos hacia la paridad en secundaria—, alcanzar la igualdad en el acceso educativo sigue siendo un reto pendiente. Las niñas, en particular, enfrentan una doble discriminación: por su condición de género y por su situación de desplazamiento forzoso.
Otro de los problemas señalados es la falta de información suficiente sobre los resultados de aprendizaje de los menores refugiados. Para cubrir esta laguna, ACNUR ha realizado evaluaciones recientes en Mauritania y México, cuyos resultados ponen de manifiesto la urgencia de reforzar el aprendizaje básico y diseñar intervenciones inclusivas y adaptadas a cada contexto.
El acceso a una educación de calidad es clave no solo para garantizar la dignidad y la autonomía de la infancia refugiada, sino también para favorecer sociedades más justas y sostenibles. Tal y como señala el informe, invertir en educación para refugiados significa dar herramientas para que millones de personas puedan construir su futuro y contribuir a las comunidades de acogida.
