Según organismos internacionales como Naciones Unidas, el acceso a internet y a las competencias digitales básicas debe considerarse un derecho esencial para garantizar la inclusión en la sociedad actual. Sin embargo, en España aún persisten notables desigualdades: la conectividad rural sigue siendo limitada en determinadas áreas y muchas personas mayores carecen de formación suficiente para manejar herramientas digitales, lo que dificulta su acceso a servicios básicos y a beneficios de la transición verde, como la gestión de energías inteligentes o las ayudas para la rehabilitación energética de viviendas.
La exclusión digital no solo afecta al acceso a la información, sino también a la capacidad de participar en la toma de decisiones sobre políticas climáticas y ambientales. Organizaciones sociales advierten que, sin medidas específicas, la digitalización de la transición ecológica puede profundizar desigualdades ya existentes, en lugar de reducirlas.
Para reducir esta brecha, especialistas señalan la necesidad de formación digital adaptada a las personas mayores. Talleres presenciales en centros comunitarios, bibliotecas o asociaciones de barrio podrían convertirse en espacios donde aprender a manejar aplicaciones de energía inteligente o realizar trámites en línea de forma sencilla.
Otra clave es garantizar una infraestructura tecnológica adecuada en áreas rurales. La falta de cobertura de internet de calidad limita el acceso a servicios básicos y a programas de eficiencia energética, dejando a muchos hogares fuera de los beneficios de la transición verde. Ampliar la conectividad debería ser una prioridad en la agenda pública.
Asimismo, resulta fundamental que las administraciones públicas y las empresas ofrezcan canales alternativos para realizar gestiones, de modo que la digitalización no sea excluyente. Ventanillas presenciales, atención telefónica o aplicaciones con interfaces más accesibles son ejemplos de medidas que pueden marcar la diferencia. Finalmente, incluir la perspectiva de derechos humanos en la transición digital y verde implica reconocer que el acceso a la tecnología no es un lujo, sino un requisito para la igualdad. Asegurar la participación activa de todas las personas, sin importar su edad o lugar de residencia, es clave para que la transición ecológica sea también socialmente justa.
