La trata de personas continúa siendo una de las violaciones más extendidas y menos denunciadas de los derechos humanos en el mundo. Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), entre 2020 y 2023 se detectaron más de 200.000 víctimas en todo el planeta, aunque se presume que la cifra real es considerablemente superior. Las emergencias humanitarias no solo provocan desplazamientos masivos y rupturas familiares, sino que también dejan a millones de personas expuestas a redes criminales que se aprovechan de la desesperación.
El próximo 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, una fecha que busca visibilizar este delito y concienciar sobre la urgencia de proteger a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. La trata implica todo tipo de explotación —sexual, laboral, matrimonio forzado o reclutamiento de menores— que una persona no puede rechazar o abandonar debido a amenazas, violencia, engaños o abuso de poder.
La UNODC alerta de que el 61% de las víctimas identificadas en 2022 eran mujeres o niñas. El 60% de las menores detectadas fueron explotadas sexualmente, mientras que el 45% de los niños fueron forzados a trabajar y el resto, utilizados para actividades delictivas o mendicidad. Una de cada cinco víctimas de trata es menor de edad.
La ruptura de redes comunitarias, la pérdida de medios de vida y la ausencia de sistemas de protección agravan el riesgo en contextos de guerra, catástrofes naturales o crisis económicas. Por ello, el trabajo de organizaciones humanitarias resulta clave. Desde el Comité de Emergencia Español, varias ONG impulsan iniciativas de prevención, acompañamiento y protección:
Una historia que ilustra el impacto de este trabajo es la de Mala, una joven nepalí que fue traficada a los 16 años a la India y explotada en un burdel durante dos años. De vuelta en su país y tras superar múltiples obstáculos, recibió el apoyo del proyecto ProTEcT para reconstruir su vida: hoy dirige su propia granja, ha obtenido la ciudadanía y cuenta con una fuente de ingresos estable.
En Ucrania, tras más de tres años de conflicto, World Vision y sus socios han habilitado más de 150 de estos espacios en Ucrania, Moldavia, Georgia y Rumanía. Allí, niños y niñas acceden a apoyo psicosocial, educación no formal y herramientas para mantenerse a salvo. “Estos espacios son mucho más que refugios: son lugares donde los menores, en medio del caos, pueden simplemente volver a ser niños”, explica Eloisa Molina, directora de Comunicación de la organización.
La lucha contra la trata de personas exige respuestas estructurales, pero también cercanas y humanas. Garantizar protección, acceso a servicios básicos, apoyo emocional y oportunidades reales es el primer paso para evitar que más vidas queden atrapadas en el silencio de este delito invisible.
