La crisis humanitaria global se agrava mientras disminuye la financiación internacional. Según ha denunciado la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la reducción drástica de los fondos destinados a la ayuda humanitaria ha obligado a cerrar o suspender programas por valor de 1.400 millones de dólares, afectando directamente a millones de personas refugiadas y desplazadas.
Las consecuencias de esta situación son alarmantes. Servicios esenciales como el registro de personas, la protección de la infancia, la atención a mujeres víctimas de violencia de género y el asesoramiento legal han sido gravemente impactados. En Sudán del Sur, por ejemplo, el 75% de los espacios seguros para mujeres y niñas apoyados por ACNUR han tenido que cerrar, dejando sin asistencia a unas 80.000 personas. Esto incluye a muchas supervivientes de violencia sexual, que han perdido el acceso a atención médica, apoyo psicosocial, asistencia jurídica y actividades de sustento.
Dominique Hyde, directora de Relaciones Externas de ACNUR, subrayó durante una conferencia de prensa en Ginebra que hasta 11,6 millones de personas corren el riesgo de quedarse sin acceso a asistencia humanitaria directa este año. Esta cifra representa aproximadamente un tercio de quienes fueron atendidos en 2024. “Hay vidas reales en juego”, advirtió.
Uno de los casos más críticos es el de Sudán, donde la violencia ha desplazado a miles de personas, muchas de las cuales han cruzado la frontera hacia Chad o se encuentran atrapadas en zonas remotas de Sudán del Sur sin posibilidad de recibir ayuda. ACNUR lamenta no poder ofrecer refugio básico al 60% de quienes huyen del conflicto en Darfur, mientras que miles permanecen varados en condiciones precarias.
A esta situación se suma un aumento preocupante en los movimientos migratorios hacia Europa. Desde principios de año, la llegada de refugiados sudaneses al continente ha crecido un 170% respecto al primer semestre de 2024, según informó la portavoz de ACNUR en Ginebra, Olga Sarrado. Muchas personas han optado por trasladarse a Libia y cruzar el Mediterráneo en embarcaciones sobrecargadas, poniendo sus vidas en manos de traficantes ante la falta de alternativas seguras.
Los recortes provienen en gran medida de la reducción de la ayuda internacional por parte de países donantes clave como Suecia, Francia, Japón y Estados Unidos. Esta caída en la financiación también afecta los esfuerzos por fortalecer los sistemas de asilo y regularización, especialmente en América Latina. En países como Colombia, Ecuador, Costa Rica y México, la ausencia de estatus legal deja a muchas personas refugiadas en situación de pobreza, exclusión laboral y mayor exposición a la explotación.
Hyde detalló que una de cada tres oficinas de ACNUR en el mundo se ha visto afectada por los recortes. “No podemos hacer una planificación de contingencia completa, solo priorizar lo más urgente, y eso conlleva decisiones drásticas”, explicó.
Para 2025, ACNUR necesita un presupuesto de 10.600 millones de dólares, pero hasta la fecha solo ha recibido el 23% de esa cifra. La agencia insiste en que dispone de los mecanismos y alianzas necesarios para reactivar rápidamente los programas si se obtienen los fondos necesarios. Mientras tanto, advierte que la combinación del aumento del desplazamiento forzado y la disminución de la ayuda humanitaria constituye un “coctel letal” que pone en peligro la vida de millones de personas.
