Los efectos de los desastres naturales están siendo dramáticamente infravalorados. Así lo denuncia el Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres 2025 (GAR2025), presentado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR). Aunque los registros oficiales apuntan a pérdidas anuales cercanas a los 202.000 millones de dólares, el informe eleva la cifra real a más de 2,3 billones de dólares, teniendo en cuenta los daños indirectos y las consecuencias acumulativas sobre los ecosistemas, la salud, la educación y el empleo.
“Estamos crónicamente subestimando el impacto de los desastres en nuestros sistemas globales”, afirmó Jenty Kirsch-Wood, experta de la UNDRR. Según esta agencia de la ONU, los fenómenos extremos, cada vez más frecuentes y costosos, están erosionando los avances hacia un desarrollo sostenible y equitativo.
La vulnerabilidad no se reparte por igual. América del Norte, por ejemplo, perdió en 2023 más de 69.000 millones de dólares por desastres, pero eso apenas representó un 0,23% de su PIB. Micronesia, con pérdidas mucho menores (4.300 millones), sufrió un golpe devastador: un 46% de su PIB subregional. “Los más pobres son quienes pagan el precio más alto”, apunta el documento.
El informe, titulado “La resiliencia es rentable: Financiar e invertir para nuestro futuro”, sostiene que invertir en prevención y adaptación puede frenar esta tendencia destructiva. Cada euro invertido en resiliencia, sostiene la ONU, genera beneficios económicos y humanitarios a largo plazo.
Además de los costes visibles, los desastres provocan desplazamientos masivos: entre 2014 y 2023, casi 240 millones de personas se vieron forzadas a abandonar sus hogares por eventos climáticos extremos. China y Filipinas encabezan la lista, con más de 40 millones de desplazados cada una, seguidas por India, Pakistán y Bangladesh.
En América Latina y el Caribe, la situación es especialmente alarmante. A pesar de estar en el epicentro del riesgo climático, la región sigue sin asignar recursos suficientes para aumentar su resiliencia. En países como Colombia, pequeños desastres recurrentes —como inundaciones o deslizamientos de tierra— han provocado pérdidas por más de 1.000 millones de dólares desde el año 2000, según recoge la ONU. Estos eventos, aunque no suelen ser noticia, tienen un efecto acumulativo devastador para comunidades vulnerables.
El Caribe, por su parte, enfrenta nuevas amenazas como la proliferación del alga Sargassum, que está deteriorando los ecosistemas marinos y afectando seriamente al turismo y la pesca. Estas amenazas, al quedar fuera de los modelos globales de riesgo, quedan también fuera de la financiación internacional.
El informe insiste en que la solución pasa por “alinear la financiación pública y privada” con objetivos de resiliencia climática. La cooperación internacional, sin embargo, sigue siendo insuficiente: solo 17 países recibieron apoyo financiero específico para reducir el riesgo de desastres en 2023.
De cara a la próxima Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, la UNDRR lanza una advertencia clara: si no se invierte hoy en resiliencia, el coste humano, económico y ecológico será insostenible mañana. Como resume Kamal Kishore, responsable de la UNDRR: “Invertir en prevención no solo evita pérdidas. Abre la puerta a un desarrollo más justo, más sostenible y más seguro para todos”.
