La Comisión Europea ha lanzado una nueva ofensiva para reducir la carga burocrática que pesa sobre el campo europeo. El paquete de medidas, presentado este martes, busca simplificar la Política Agrícola Común (PAC) con una batería de cambios legislativos que impactan directamente en los controles, los pagos, la respuesta ante crisis y la digitalización del sector. Todo ello, con el objetivo de mejorar la competitividad, especialmente de los pequeños productores, y promover una gestión más ágil y sostenible de las explotaciones.
Según ha informado la propia Comisión, las reformas podrían suponer un ahorro de hasta 1.580 millones de euros al año para los agricultores y otros 210 millones para las administraciones nacionales. La iniciativa se enmarca dentro de la Brújula de Competitividad de la UE, y se alinea con el compromiso europeo de reducir al menos un 25 % las cargas administrativas, sin debilitar los objetivos ambientales ni sociales.
Menos papeleo para más sostenibilidad
Uno de los pilares del plan es la simplificación de los trámites. En la actualidad, los agricultores deben cumplir con una extensa normativa que, en muchas ocasiones, no refleja la diversidad de realidades sobre el terreno. Esto, además de restar tiempo y recursos, desincentiva la inversión y la innovación en el sector.
Para contrarrestarlo, la Comisión propone racionalizar los controles con el apoyo de nuevas tecnologías, como los sistemas de observación por satélite. También se plantea limitar a uno solo los controles presenciales anuales por explotación, una medida largamente reclamada por las organizaciones agrarias.
Apoyo específico a pequeños agricultores y explotaciones ecológicas
Una de las novedades más destacadas es el incremento del límite de los pagos a tanto alzado para pequeños agricultores, que pasará de 1.250 a 2.500 euros anuales. Esta ayuda simplificada no solo reduce la burocracia, sino que también reconoce el papel crucial de las pequeñas explotaciones en la vitalidad de las zonas rurales.
Además, las explotaciones con certificación ecológica serán reconocidas automáticamente como cumplidoras de ciertos requisitos medioambientales, evitando duplicidades y facilitando el acceso a fondos europeos destinados a prácticas sostenibles.
Más agilidad ante crisis y catástrofes
El paquete incluye también nuevas herramientas para reforzar la capacidad de respuesta ante fenómenos extremos, como sequías, inundaciones o brotes sanitarios. Los pagos de crisis y los mecanismos de gestión de riesgos se harán más flexibles y estarán integrados en los planes estratégicos nacionales de la PAC, lo que permitirá movilizar recursos con mayor rapidez. Los Estados miembros, por su parte, ganarán margen para modificar sus estrategias sin necesidad de solicitar la aprobación previa de Bruselas, siempre que no afecten a elementos clave del sistema.
La Comisión sigue apostando por la transformación digital como vía para reducir costes y mejorar la eficiencia. El principio de “informar una sola vez y reutilizar los datos” guiará el diseño de sistemas interoperables que eviten duplicidades y faciliten la gestión tanto para agricultores como para autoridades. También se prevé una nueva línea de financiación de hasta 50.000 euros para pequeñas explotaciones, pensada para modernizar sus infraestructuras y mejorar su competitividad sin recurrir a procedimientos complejos.
Lo que viene: más simplificación en el horizonte
Esta propuesta legislativa será ahora debatida en el Parlamento Europeo y el Consejo. Pero no se queda ahí: la Comisión ya ha anunciado que antes de que termine 2025 presentará un segundo paquete de simplificación, que afectará no solo a la agricultura, sino a otras políticas clave para el mundo rural y la transición ecológica.
El nuevo enfoque, tal y como lo presentó Bruselas en su Visión para la Agricultura y la Alimentación de febrero de este año, pretende adaptar las normativas europeas a las realidades del campo sin perder de vista los objetivos climáticos y sociales.
La clave, como reconocen desde la propia Comisión, está en lograr un equilibrio entre exigencia y viabilidad: garantizar una agricultura competitiva y resiliente, pero también justa y sostenible para quienes la hacen posible.
