Las empresas juegan un papel decisivo en la protección de los derechos humanos, desde garantizar condiciones laborales dignas hasta erradicar el trabajo infantil en sus cadenas de suministro. Este impacto directo en la vida de millones de personas refuerza la exigencia de la sociedad y los reguladores hacia una mayor responsabilidad corporativa. Sin embargo, lejos de ser solo un desafío, esta transformación se presenta como una oportunidad para convertir el impacto social en una ventaja competitiva, según el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
El avance de las políticas empresariales en derechos humanos
En su reciente informe, el Pacto Mundial destaca cómo la regulación y la Agenda 2030 han impulsado a las empresas españolas a asumir mayores compromisos en derechos humanos. Según el estudio Implantación de la Agenda 2030 en las empresas españolas 2024, un 48% de las empresas considera que esta área requiere mayor regulación. Además, el 29% ya ha implementado políticas específicas de derechos humanos, un incremento respecto al 25% en 2020.
Este progreso es especialmente significativo en grandes corporaciones, donde el 85,7% de las empresas del IBEX 35 cuenta con políticas concretas en derechos humanos. Por sectores, destacan utilidades, gestión del agua y agricultura como líderes en esta implementación. La sostenibilidad empresarial en España avanza también en áreas como la ética y la igualdad. Tres de cada cuatro empresas han adoptado códigos éticos o de conducta, mientras que el 71% cuenta con políticas de igualdad de género, y un 42% aplica medidas de salud y bienestar para sus trabajadores. No obstante, aunque las grandes empresas lideran estas iniciativas, persisten desafíos importantes para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que enfrentan barreras de recursos y conocimiento.
Pese a los avances, los expertos del Pacto Mundial subrayan un desequilibrio entre las declaraciones y las acciones concretas. Por ejemplo, solo el 16,4% de las empresas tiene procesos efectivos de diligencia debida, y apenas el 15,5% incluye cláusulas de sostenibilidad en sus contratos con proveedores. La formación en derechos humanos es otro punto débil: únicamente el 9% de las empresas capacita a sus proveedores en esta materia. Asimismo, medidas específicas como la reparación de impactos negativos (5,4%) o evaluaciones dirigidas a infancia y juventud (4,3%) son todavía escasas, especialmente entre las microempresas y pymes.
La normativa como motor de cambio
La próxima Ley de Información sobre Sostenibilidad (LIES), junto con la Directiva Europea CSRD y la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad (CSDDD), promete transformar el panorama empresarial en España. Estas normativas obligarán a las empresas a reportar sus impactos en derechos humanos y a implementar mecanismos de reparación, fomentando estándares más elevados en diligencia debida, transparencia e integración del enfoque de género.
Estas leyes no solo aumentarán la coherencia entre las políticas y acciones empresariales, sino que también asegurarán mayor justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Para que las pymes puedan cumplir con estas normativas emergentes, será clave proporcionarles formación y apoyo. En este contexto, las empresas tienen ante sí la oportunidad de liderar el cambio y consolidarse como agentes esenciales de buen gobierno, demostrando que el respeto por los derechos humanos no es solo una obligación, sino una estrategia clave para la sostenibilidad y el éxito a largo plazo.
