El principal reto para las empresas hoy en día es determinar hasta dónde deben llegar sus esfuerzos de debida diligencia en materia de derechos humanos y cómo establecer responsabilidades compartidas con sus proveedores a lo largo de sus cadenas de valor. La nueva Directiva de la Unión Europea sobre Diligencia Debida en Sostenibilidad Empresarial, aprobada en 2024, busca aclarar estos conceptos y establecer un marco regulatorio claro en un contexto que ha pasado de ser voluntario a uno obligatorio.
Antes de adentrarnos en la relación entre empresas y derechos humanos, es crucial entender qué implican estos derechos. Según el informe, "los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, independientemente de su raza, sexo, nacionalidad, edad, etnia, idioma, religión, orientación sexual o cualquier otra condición". Entre estos derechos se incluyen el derecho a la vida, la libertad de opinión y expresión, el derecho al trabajo, la educación, la vivienda, la participación política y el acceso a la información.
El informe explica que durante años, se pensó que los Estados eran los únicos responsables de proteger los derechos humanos. Este sistema se basaba en la obligación estatal de protegerlos a través de diversos pactos y convenciones internacionales y regionales. Sin embargo, la aplicación de estas normas dentro de los sistemas legales nacionales ha implicado a las empresas, las cuales ahora deben vigilar y respetar los derechos humanos.
Todas las empresas, sin importar su tamaño, sector, ubicación o estructura, tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. Esto requiere que las compañías demuestren en la práctica la existencia de sistemas de gestión que identifiquen potenciales impactos y que cuenten con mecanismos para prevenir y mitigar dichos impactos.
Más Allá de los Derechos Laborales
Históricamente, las empresas se han centrado en los derechos laborales de sus empleados. No obstante, se reconoce cada vez más que las empresas pueden influir en todo el espectro de los derechos humanos, afectando a todos sus grupos de interés, incluyendo empleados, clientes, comunidades locales, proveedores y socios comerciales. En la práctica, esto significa que diferentes departamentos de una empresa pueden enfrentar riesgos específicos relacionados con los derechos humanos.
Por su parte, la relación entre el medio ambiente y los derechos humanos se ha vuelto cada vez más evidente. Estudios recientes demuestran que el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad afectan directamente el disfrute de derechos fundamentales como la alimentación, la vivienda, el acceso al agua y la salud.
El trabajo forzoso y la esclavitud moderna siguen siendo una realidad impactante en el mundo actual. Según el informe, casi 50 millones de personas están atrapadas en estas condiciones, tratando de superar la pobreza o la inseguridad alimentaria. La esclavitud moderna abarca diversas formas de servidumbre, donde individuos son explotados para beneficio personal o comercial, perdiendo su libertad por engaño, coacción o fuerza. Las víctimas suelen ser personas vulnerables, como migrantes, que son engañadas con falsas ofertas de trabajo y retenidas contra su voluntad mediante la retirada de pasaportes o deudas abusivas.
Un Panorama Regulatorio en Transformación
El entorno regulatorio está cambiando rápidamente a nivel internacional, especialmente en la Unión Europea, con la aprobación de diversas legislaciones sobre debida diligencia. En los últimos años, se ha pasado de un sistema voluntario gestionado por las propias empresas (soft law) a normas de obligado cumplimiento (hard law). La Directiva de la Unión Europea sobre Diligencia Debida en Sostenibilidad Empresarial, aprobada en 2024, es un claro ejemplo de esta evolución.
Desde 2017, las regulaciones nacionales en varios países europeos han preparado el terreno para una regulación a nivel europeo. Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo, junto con la sociedad civil y las empresas, han solicitado repetidamente medidas para homogeneizar la regulación en los distintos estados miembros.
En conclusión, la Directiva de la Unión Europea sobre Diligencia Debida en Sostenibilidad Empresarial representa un paso crucial hacia una mayor responsabilidad empresarial en la protección de los derechos humanos. Las empresas deben adaptarse a este nuevo marco regulatorio, asegurando que sus operaciones y cadenas de valor respeten y promuevan estos derechos fundamentales.
