Las empresas tienen una responsabilidad social y ética de respetar los derechos humanos. Esto significa que deben garantizar que sus prácticas comerciales no afecten negativamente los derechos humanos de las personas, incluyendo a sus empleados, clientes, proveedores y también niños y niñas en las comunidades donde operan.
UNICEF España y el Pacto Mundial de la ONU España elaboraron, hace ya una década, los Derechos de la Infancia y Principios Empresariales, que identificaban las acciones que las empresas deben llevar a cabo para prevenir los impactos negativos sobre los niños y niñas y las medidas voluntarias para promover los derechos de la infancia en el lugar de trabajo, en el mercado y en la comunidad en la que operan. Ambas organizaciones han trazado, además, una hoja de ruta para que el sector privado, en el marco de su modelo de negocio, acelere la protección de los niños, niñas y adolescentes en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.
Ahora, diez años después, el informe Trazando el camino: Integración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la conducta empresarial responsable elaborado por UNICEF y el Pacto Mundial de la ONU en colaboración con Save The Children señala que, aunque el 62% de las empresas lleva a cabo evaluaciones de riesgo o de materialidad, sólo el 23% incluye en los mismos el trabajo infantil y otras cuestiones relacionadas con la infancia.
En primer lugar, el informe cuestiona la suposición común de que el trabajo infantil es el único o incluso el principal impacto adverso de las empresas sobre los niños, niñas y adolescentes. Al respecto, los expertos explican que las actividades y relaciones empresariales pueden tener múltiples impactos adversos sobre ellas y ellos. Por ejemplo, a través de la crisis climática y la contaminación, los estereotipos raciales y de género, la explotación y los abusos sexuales, el impacto de productos insalubres, las prácticas o los modelos de negocio online.
En esta línea, el documento incide en que las empresas, como agentes del cambio, pueden y deben integrar los derechos de la infancia en sus estrategias y políticas corporativas, así como a lo largo de su cadena de valor. Porque prácticamente todos los niños, niñas y adolescentes se ven afectados de una forma u otra por la actividad empresarial: como consumidores de productos y servicios, a través de la exposición al marketing y la publicidad, como trabajadores jóvenes o niños trabajadores, como los hijos de los trabajadores, como usuarios de plataformas digitales o a través de los entornos donde viven y juegan.
En nuestro país, UNICEF España y el Pacto Mundial de la ONU España han presentado las conclusiones de dicho informe en un encuentro con empresas en el que se han intercambiado ideas sobre los desafíos en este ámbito y ahondado en el marco normativo nacional e internacional, además de identificar y compartir casos de buenas prácticas.
El documento destaca que, aunque las contribuciones de las empresas en ámbitos variados como la salud, la educación y la prosperidad económica han producido avances en el bienestar y la supervivencia de la infancia, es una realidad que la conducta empresarial puede tener un impacto adverso trascendente en los niños, niñas y adolescentes. A nivel global, en los últimos 10 años se ha observado un incremento considerable en la integración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la conducta empresarial responsable. Según la evaluación del Global Child Forum (GCF), en 2014 el 24% de las empresas examinadas tenía una política amplia sobre protección infantil. Cinco años después, en 2019, el panorama mejoraba, situándose en el 38%.
Concretamente, en 2021, el porcentaje de empresas que afirmaba tener una política de protección infantil había crecido significativamente hasta el 84%. Sin embargo, se constataba la existencia de una brecha entre el compromiso y la acción, ya que sólo el 58% llevaba a cabo la trasposición de la política en acciones y únicamente un 20% informaba sobre ella.
Finalmente, ambas organizaciones inciden igualmente que ante el entorno económico y empresarial actual puede existir cierta tentación de abandonar la regulación o las políticas y prácticas económicas y empresariales enmarcadas en una conducta responsable –al menos temporalmente– en nombre de la reducción de costes, la recuperación económica después de la pandemia y los retos económicos derivados de los conflictos. Pero hay muchas evidencias de que la conducta empresarial responsable es buena para el desempeño de las empresas. Y lo que es aún más importante, los retos a los que se enfrenta el mundo ponen de relieve la necesidad de compromiso, colaboración, alianzas público-privadas y emprender una acción transformadora mucho mayor para promover la sostenibilidad.
En palabras de Cristina Sánchez, directora general del Pacto Mundial de la ONU España, “este informe pone de relieve la necesidad de acelerar los compromisos empresariales para fomentar los derechos de la infancia en las organizaciones empresariales. Para ello es vital que las empresas sean conscientes de su impacto en la infancia y que actúen en consecuencia asumiendo los Derechos de la Infancia y Principios Empresariales. En este aspecto, recomendamos animamos a que el sector empresarial implemente las recomendaciones realizadas, entre las que se encuentra realizar procesos de debida diligencia para prevenir o mitigar los riesgos e impactos en la infancia”.
