La defensa y promoción de los Derechos Humanos es una responsabilidad de todos los sectores y las empresas no son la excepción claramente. Estas tienen un impacto mayúsculo sobre la vida de las personas y comunidades en las que operan. Pero este impacto puede ser positivo o negativo en función del accionar de la compañía. Es por ello por lo que cada vez se hace más necesario reivindicar la importancia de la gestión responsable de las empresas en esta materia, incluyendo tanto su impacto directo como el de sus cadenas de suministro. Con motivo del Día de los Derechos Humanos, celebrado el pasado 10 de diciembre, el Pacto Mundial de la ONU España ha querido visibilizar el trabajo de las empresas españolas en esta área en base a una consulta a 2.500 empresas de nuestro país.
Respecto de las medidas específicas que llevan a cabo las empresas españolas para respetar derechos humanos concretos, dentro del informe se destaca:
En palabras de Cristina Sánchez, directora ejecutiva del Pacto Mundial de la ONU España: “estas medidas ponen de relieve el impacto de las acciones de las empresas en materia de derechos humanos. Algunas de ellas son bastante alentadoras, pero animamos a las empresas a que formen parte de un plan estructurado en la materia para poder hacer frente a todos y cada uno de los impactos de su actividad”.
Sin embargo, según sus resultados publicados, aún queda un largo camino por recorrer. Concretamente, sólo el 26% de las empresas españolas dispone de una política de derechos humanos, un documento que sirve como base para incorporar la responsabilidad de respetar los DD.HH. en todas las funciones empresariales, así como detectar áreas de riesgo o necesidades de formación. La consulta pone de manifiesto que solo una de cada 10 empresas realiza la evaluación de impacto de la organización en estos derechos.
En relación a las evaluaciones a proveedores en la materia, el número es algo mayor: las empresas que lo llevan a cabo representan un 21%. Si bien es cierto que este último porcentaje aumenta hasta el 40% en el caso de las grandes empresas y en sectores concretos con un impacto destacado en este ámbito, como el de utilidades y energía (46%) y el de servicios financieros de banca y seguros (34%). Finalmente, en referencia a los instrumentos con los que cuentan los grupos de interés para reportar infracciones en esta materia, cerca de un 40% de las empresas cuenta con un canal de denuncias accesible.
*Puedes consultar el informe completo aquí.
