Contar con datos rigurosos y actualizados sobre el sector de la inversión resulta fundamental para aportar transparencia a la inversión de impacto, de manera que esta pueda ser relevante para impulsar de una economía de impacto a escala nacional y europea. Con el objetivo de arrojar luz sobre las prácticas de inversión de impacto y facilitar que el sector crezca con integridad, se ha presentado recientemente el estudio “La inversión de impacto en España en 2021” impulsado por SpainNAB y elaborado por el Esade Center for Social Impact.
La inversión de impacto busca generar un impacto social o medioambiental medible, además de un retorno financiero. Por segundo año, el informe busca dimensionar el tamaño del sector en España. La investigación analiza las principales características de los fondos de capital privado que hacen inversión de impacto en España, así como de las fundaciones y entidades de banca ética y social que proporcionan financiación para la economía de impacto, con el objetivo de proporcionar mayor transparencia y conocimiento sobre este sector.
Una de las principales conclusiones a las que arriba el estudio es que los fondos de impacto han sido clave en el crecimiento y reconocimiento de la inversión de impacto y han liderado prácticas como la medición del impacto y la utilización de dichas métricas para calcular los retornos financieros de los gestores del fondo. Estos fondos de capital privado de impacto suponen 436 millones de euros (el 18% del total) y, con la aparición de nuevos vehículos, sus activos bajo gestión han crecido un 33% respecto al año anterior.
La metodología del estudio, diseñada por el Esade Center for Social Impact, apuesta por la transparencia de los datos. En línea con el Global Steering Group for Impact Investing (GSG), y con la mayoría del sector a nivel global, el informe utiliza el marco del Impact Management Project (IMP) para definir y segmentar las distintas estrategias de inversión. Además, este año se ha realizado un esfuerzo de armonización con otros países a nivel europeo, coordinado por EVPA (European Venture Philanthropy Association), la principal asociación europea dedicada al impulsado de la inversión de impacto, que permitirá tener datos comparables y aprender unos de otros. A continuación, detallamos las principales conclusiones a las que arriba el estudio:
El estudio incluye diferentes tipos de actores, entre los que destacan los fondos de capital privado de impacto (incluyendo capital riesgo y otros), las entidades de banca ética y social, y las fundaciones y otros actores son las plataformas de crowdfunding o los fondos de titularidad pública. La banca ética y social, con 1.638 millones de euros (el 68% del total), sigue siendo el segmento con mayor volumen bajo gestión, aunque el crecimiento ha sido menor (de un 10%) al tratarse de un sector más maduro. Las fundaciones siguen desempeñando un rol destacado, con 230 millones de euros (el 10% del total).
De manera agregada, el tamaño de la inversión de impacto en España a diciembre de 2021 se consolida en torno a los 2.400 millones de euros, lo cual supone un 1% más con respecto a la cifra de 2020 (2.378 millones de euros) y un crecimiento del 12% (desde los 2.133 millones de euros) si se contabiliza directamente el aumento del capital gestionado por las organizaciones que han participado este año en el estudio. Estos números reflejan la buena salud del sector en nuestro país y su composición demuestra la diversidad de actores y de estrategias utilizadas.
La investigación también destaca la variedad de las contribuciones que efectúan los inversores, que el estudio analiza en el marco del Impact Management Project (IMP). Esta contribución, también denominada “adicionalidad del inversor”, puede adquirir varias formas. En el caso de España, por ejemplo, el 84% de los vehículos se dirigen a mercados de capital desatendidos y el 51% ofrecen condiciones mejores a las de los inversores comerciales. Además, la mayoría de los vehículos analizados se involucran activamente en las organizaciones en que invierten para ayudarles a mejorar su impacto. Cabe señalar que el concepto de adicionalidad, concretamente su papel en la definición y segmentación de la inversión de impacto, todavía es objeto de debate, como apuntamos en la sección sobre los activos cotizados.
Al analizar las fuentes de financiación de los fondos de capital privado, el estudio constata la relevancia de la financiación pública (20%) –eminentemente europea– y, sobre todo, de la financiación privada a través de los inversores institucionales (39%) y de los grandes patrimonios (31%). El rol de la inversión pública es importante porque puede ejercer de catalizadora de la inversión privada, ya sea porque indica la solidez del fondo de impacto y cubre una parte sustancial del capital que debe recaudarse, o incluso porque permite que los inversores privados tengan unas condiciones de riesgo o una rentabilidad potencial más favorables, en unas estructuras que se conocen como blended finance. En conjunto, y de manera similar a otros países, el 56% de los vehículos de inversión buscan rentabilidades en línea con la inversión tradicional, mientras que el 41% buscan rentabilidades inferiores –especialmente entre las fundaciones.
Más de tres cuartas partes (87%) de la inversión de impacto que se gestiona desde España se invierte en nuestro territorio, el 1,5% en otros países de Europa y el 11% en países en vías de desarrollo de América Latina, África y Asia. En el caso de los fondos de capital privado, el 36% se invierte en España y el 52% en países en vías de desarrollo. Las etapas de preincubación y de incubación son las que reciben menos inversión, y la mayoría de los fondos van a empresas en fase de validación (especialmente en el caso de las fundaciones), de crecimiento (en especial, los fondos de impacto) y de madurez (donde destaca la banca ética y social). Las entidades receptoras siempre tienen una misión social clara, pero varían en su estructura y en sus restricciones al pago de dividendos.
La investigación explica que la medición del impacto social y medioambiental es un elemento clave de la inversión de impacto, aunque es cierto que se lleva a cabo de maneras diversas y que los avances hacia una mayor sofisticación aparecen de manera paulatina. Un ejemplo positivo es el foco que se está poniendo en la medición de los outcomes (los cambios relevantes generados en los beneficiarios), sobre todo entre los fondos de impacto, en que el 90% los está trabajando. Las herramientas más utilizadas entre los participantes del estudio son la Teoría del Cambio y los ODS (dos tercios, respectivamente), aunque también destacan el Impact Management Project (IMP) (casi el 50%) y la utilización de métricas y de indicadores propios. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) más presentes son el 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) y el 10 (Reducción de las desigualdades), así como los sectores de la salud y la educación.
En el último apartado del estudio, se presentan las barreras –como la falta de estándares en medición del impacto o el peligro del impact washing– y las oportunidades que manifiestan los encuestados. La realización de este estudio y la comparación con estudios similares de otros países también llevan a los expertos a hacerse la pregunta sobre si la inversión de impacto está destinada a ser un nicho de mercado o bien pretende transformar el sector financiero de una manera más amplia. Este debate tiene importantes derivadas, especialmente en cuanto a los criterios utilizados para definir qué se entiende por inversión de impacto, que va más allá de la inversión sostenible y responsable, y cómo debe segmentarse el mercado. Uno de los puntos principales del debate es si se puede hacer inversión de impacto a través de la inversión en capital o deuda cotizados
Finalmente, durante la presentación del informe, José Luis Ruiz de Munain, director general de SpainNAB, destacó: “Desde SpainNAB estamos muy comprometidos con seguir impulsando la economía de impacto en nuestro país. El estudio revela cómo el rol de la inversión pública es clave para catalizar inversión privada. En este sentido, estamos trabajando para que España pueda contar con una estrategia nacional que contribuya a movilizar capital privado a gran escala hacia la inversión sostenible y de impacto como ya tienen otros países de nuestro entorno”.
