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Directrices para hacer inversiones que pongan a las personas y al planeta en el centro

En los últimos años las inversiones socialmente responsables y sostenibles han ido ganando terreno. Afortunadamente, cada vez es mayor la consciencia acerca de que el beneficio económico de las compañías debe ir, necesariamente, de la mano del respeto de las personas y el planeta. En este contexto, la ONG Alianza Por la Solidaridad ha desarrollado una “Guía de buenas prácticas de inversiones responsables en el Sur Global: Directrices para la protección de los derechos humanos y la sostenibilidad del planeta”. Esta busca orientar a las empresas sobre cómo lograr acciones sin daño, que protejan las vidas humanas y la naturaleza.

La guía ha sido desarrollada por agentes valencianas clave en la materia como Adoración Guamán, Directora general de Coordinación Institucional de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática y Pilar Mateo, científica reconocida internacionalmente, presidenta de la empresa Inesfly, de la Fundación Pilar Mateo y fundadora del Movimiento de Mujeres Indígenas del Mundo. El documento recoge las principales cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar inversiones en el exterior y los marcos de derechos humanos y normas, como los principios rectores, derecho a consulta, cuestiones de género e impacto ambiental que deben servir de base para cualquier inversión en el exterior.

La guía parte de la premisa acerca de que, actualmente, continúa siendo un reto global poder compatibilizar de facto la igualdad socio-económica de los países y el desarrollo sostenible y humano. En este escenario, cuyo telón de fondo es el sistema neoliberal capitalista actual, las empresas pueden – y deben- contribuir.  ¿Cómo? Mediante el respeto de los derechos humanos y el medioambiente en su accionar.  La investigación realizada por Alianza para la Solidaridad revela que unas de las consecuencias más graves del funcionamiento poco responsable de algunas empresas son los conflictos socio-ambientales ocasionados por compañías que violan toda norma de respeto a los Derechos Humanos, tales como el derecho a la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. 

Es por esto, que como objetivo principal esta guía se propone recoger de manera sencilla las directrices a considerar en inversiones en el Sur Global para que sean respetuosas con el Medioambiente, los Derechos Humanos y las comunidades que habitan en dicho territorio.Asimismo, parte de la idea a cerca de que existe una gran necesidad de que exista una mayor difusión, cumplimiento y rendición de cuentas acerca de los lineamientos normativos sobre Derechos Humanos y empresas por parte de los diferentes actores públicos y privados.

Así, las y los expertos de Alianza por la Solidaridad sostienen que las actuaciones empresariales deben dar un giro a sus principales intereses, reconociendo los Derechos Humanos para así garantizan prácticas respetuosas con la naturaleza y el desarrollo económico equitativo de las comunidades.  Ya se ha probado que las estrategias innovadoras basadas en el desarrollo sostenible son rentables al corto y largo plazo. Es por esto, que transformar las lógicas económicas tradicionales hacia unas que guardan un enfoque basado en Derechos Humanos deben dejar de ser una opción para convertirse en el nuevo paradigma del orden económico mundial.

A partir del análisis de la información recopilada a través de entrevistas a agentes valencianos responsables de inversiones en el exterior y una exhaustiva revisión bibliográfica, la guía, además de analizar en detalle el marco normativo internacional, nacional y autonómico, propone buenas prácticas a la hora de realizar inversiones en el Sur Global que beneficien a las poblaciones locales, y, sobre todo, reconozcan sus Derechos Humanos. Si bien la guía se enfoca en hacer recomendaciones a empresas valencianas, ciertamente, estas son trasladables a cualquier compañía que se asiente suelo español.  A continuación, se citan algunas de ellas:

  1. Que las empresas manifiesten un compromiso por los máximos órganos de dirección de la empresa de respeto de todos los derechos humanos y los bienes naturales, específicamente aquellos que estén más relacionados con las actividades habituales de la empresa. Este compromiso por la debida diligencia debe comprender toda la cadena de valor y de suministro de la empresa.
  2. Incorporar procedimientos (incluidos sistemas de monitoreo e información) para valorar el impacto de sus actividades empresariales sobre los derechos humanos (debida diligencia). Al respecto, se ha de incluir canales de denuncia sobre potenciales impactos negativos de la empresa (o de otros eslabones de sus cadenas de valor) sobre los derechos humanos, así como un compromiso de reparación de los efectos negativos de sus actividades que incluya mecanismos para dar acceso a remedio a las personas afectadas.
  3. Los derechos de uso de la tierra y de los recursos que se derivan del derecho consuetudinario, es decir de la costumbre, como por ejemplo la herencia de la tierra, deben ser respetados.
  4. Las empresas deben hacer cumplimiento de la legislación vigente en materia laboral, de seguridad social y fiscal, así como en materia de Prevención de Riesgos Laborales tanto de España como de los países en los que van a realizar actividades. El salario, la seguridad social, el horario laboral y demás derechos laborales deberán ir en coherencia a la legislación, permitiendo a la comunidad avanzar en el índice de desarrollo humano por medio de la aplicación y desarrollo de las capacidades, así como del aumento del empleo.
  5. Realizar un estudio de impacto social y ambiental de actividades que permita asegurar que los impactos positivos de su actividad superen los negativos y que, en su caso, se establezcan diferentes acciones para eliminar efectos perversos sobre la población y el medio ambiente.
  6. No realizar prácticas contrarias a los derechos protegidos por los 8 convenios de la OIT referidos a trabajo forzoso, trabajo infantil y al derecho de sindicación.
  7. Respetar el medio ambiente cumpliendo con la legislación vigente en su país de origen y manteniendo los mismos estándares exigidos en España.
  8. Las empresas tienen el deber de conocer y aplicar en cada una de sus actividades económicas el marco normativo sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como los pactos y tratados que les involucren. Es necesario que realicen las debidas capacitaciones internas sobre este contexto normativo y adecúen sus actividades, pues desconocer estos parámetros no los hace menos responsables de las graves violaciones de Derechos Humanos que se han ido cometiendo.
  9. Considerar la suspensión definitiva de los proyectos en los cuales existan evidencias de vulneración de derechos fundamentales, especialmente en aquellos casos documentados por parte de las comunidades y/u organizaciones de la sociedad civil.

La guía concluye que, desde una perspectiva transformadora, las empresas son parte fundamental de la sociedad y en este sentido tienen la gran capacidad de decidir emprender sus acciones a favor del cambio hacia una economía socialmente responsable y realmente sostenible, la cual priorice la necesidad de comprender la multiplicidad de contextos a nivel global y el derecho al desarrollo en relación a la autodeterminación de los pueblos y los Derechos Humanos.

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