La cooperación global será la única vacuna efectiva

Hace pocos días se cumplió un año desde la inesperada llega del coronavirus a nuestras vidas. Parece irreal lo que hemos vivido hasta hoy, pero aún más increíble resulta la falta de empatía y solidaridad que reina entre los estados. Cuando fue declarado que nos encontrábamos frente a una pandemia, el consenso mundial en torno a la necesidad urgente de colaboración internacional para acelerar el desarrollo, aumentar la fabricación y ampliar el suministro de productos de salud efectivos contra la COVID-19 y garantizar la protección de todas las personas en todo el mundo fue contundente. Sin embargo, lejos quedaron los días en los que la cooperación era un horizonte común.

La Asamblea General de la ONU ha subrayado en varias ocasiones la necesidad de que se intensifiquen la cooperación internacional y los esfuerzos multilaterales para contener, mitigar y derrotar la pandemia, al mismo tiempo que se respetan plenamente los derechos humanos. Esta cooperación no sólo es económica, sino que también incluye el intercambio de información, conocimientos científicos y mejores prácticas, y la ampliación de la capacidad de fabricación para satisfacer las necesidades crecientes de suministros médicos y garantizar que estos tengan amplia difusión a un precio asequible en condiciones equitativas donde sean más necesarios y con la máxima rapidez posible.

Lamentablemente, poco de todo esto está pasando realmente. Las empresas farmacéuticas y los Estados más ricos están poniendo vidas en peligro mientras aumenta la desigualdad en el acceso a las vacunas. Amnistía Internacional advierte que los países ricos que representan sólo el 16% de la población mundial, han comprado más de la mitad del suministro de vacunas del mundo mientras millones de personas no tienen la esperanza de poder sobrevivir. Ante esto, la organización defensora de Derechos Humanos ha lanzado una campaña global para pedir el acceso universal a las vacunas contra la COVID-19.

Las enfermeras y enfermeros que estuvieron poniendo su cuerpo y su corazón en primera línea durante los días más trágicos de la pandemia serán recordados en la historia como aquellos héroes anónimos. Pero también serán recordadas como la vergüenza universal las grandes empresas farmacéuticas transnacionales que por ambición económica mezquinaron el conocimiento que pudo haber salvado miles de vidas. La memoria se ocupará.

Debido a la actuación de las empresas farmacéuticas y los países más ricos del mundo, es probable que miles de millones de personas que corren el riesgo de contraer la COVID-19 no reciban este año ni una sola dosis de las vacunas de las que puede depender su vida, ha afirmado Amnistía Internacional, coincidiendo con el lanzamiento de una nueva campaña global para reclamar el acceso universal a las vacunas. Ante esto, la campaña: “Un pinchazo justo: Acceso universal a las vacunas contra la COVID-19” reclama a las empresas farmacéuticas que compartan sus conocimientos y tecnología para elevar al máximo el número de dosis de vacunas disponibles en todo el planeta. Asimismo, pide a los Estados que dejen de practicar el “nacionalismo de las vacunas” y trabajen conjuntamente para garantizar el acceso inmediato de las personas más expuestas a contagiarse de COVID-19 en todos los países a unas vacunas de las que puede depender su vida.

No debemos olvidar que los Estados tienen la obligación respecto de los derechos humanos de proporcionar ayuda económica y técnica para hacer cumplir el derecho a la salud, sobre todo ante la propagación internacional de la enfermedad. Esto puede incluir compartir investigaciones, conocimientos, y equipos y suministros médicos. Además, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha interpretado del siguiente modo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: “Los Estados Partes deben velar por que en los acuerdos internacionales se preste la debida atención al derecho a la salud, y, con tal fin, deben considerar la posibilidad de elaborar nuevos instrumentos legales. En relación con la concertación de otros acuerdos internacionales, los Estados Partes deben adoptar medidas para cerciorarse de que esos instrumentos no afectan adversamente al derecho a la salud”.

Sin embargo, los tratados internacionales y los compromisos de derechos humanos parecen estar olvidados estos días. Los países ricos han comprado más de la mitad del suministro de vacunas del mundo y han administrado hasta ahora más del 60% de las dosis del mundo, mientras que más de 100 países no han vacunado todavía a ni a una sola persona. Amnistía Internacional afirma que se ha gastado el dinero de miles de millones de contribuyentes en ayudas a empresas como AstraZeneca, Moderna y Pfizer BioNTech para que desarrollen y produzcan vacunas, pero estas empresas se niegan a compartir sus investigaciones, conocimientos y tecnologías. Esto significa que otras empresas farmacéuticas ni Estados no pueden hacer uso de estos avances científicos para aumentar su propia producción de vacunas, lo cual incrementaría a su vez el suministro y las haría accesibles a países con menos presupuesto.

Se trata de una falta de solidaridad y empatía sin precedentes. El mundo ha decidido mirar hacia otro lado y la carrera por salvarse se ha tornado en la ley del más fuerte.En mayo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció el Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP) para que las empresas pudieran compartir datos y conocimientos, y después acordar licencias de producción y transferencias de tecnología a otros potenciales productores, con objeto de asegurar el acceso más rápido de la población a vacunas en cualquier lugar. Pero, hasta ahora, ni una sola empresa farmacéutica se ha adherido al C-TAP.

Mientras algunos Estados se niegan a hacer rendir cuentas a los productores de vacunas por su responsabilidad de derechos humanos de extender el acceso a la vacuna contra la COVID-19 al máximo número de personas, profundas fisuras y desigualdades entre países y comunidades salen a la luz con más fuerza. Se trata de personas cuyas vidas corren riesgo a causa de la falta de solidaridad y ambición económica de las grandes empresas. Tamaryn Nelson, asesora de Salud de Amnistía Internacional, expresó que: “Cuando conmemoramos el primer aniversario de la declaración de la pandemia de COVID-19, no podemos permanecer de brazos cruzados ante esta tragedia cuando tenemos soluciones sobre la mesa”.

La Asamblea Mundial de la Salud ha reconocido el papel de la inmunización a gran escala contra la COVID-19 como bien público mundial para la salud en la prevención, contención y freno de la transmisión a fin de poner fin a la pandemia, cuando se disponga de vacunas seguras, de calidad, eficaces, efectivas, accesibles y asequibles. A pesar de estas necesidades urgentes y del consenso en torno a la necesidad de la cooperación internacional para garantizar el acceso equitativo, sigue habiendo escasez de suministro.

No podemos seguir esperando y en el camino se pierdan vidas inocentes. Es hora de que las empresas farmacéuticas y los Estados cumplan con sus responsabilidades y obligaciones en materia de derechos humanos. Las administraciones deben también jugar su parte, ejerciendo presión sobre las empresas para que cumplan con lo que les corresponde y trabajen colectivamente para garantizar que las personas más expuestas en todo el planeta reciben la vacuna lo antes posible. Nadie debe ver negado su acceso a la atención de la salud por el lugar en el que vive, por su identidad o por el nivel de sus ingresos. Lo importante no es llegar rápido y primero, sino juntos y a tiempo. Nadie estará seguro hasta que todo el mundo lo esté.

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